Gremio mundial pidió al Gobierno revocar declaración de interés público. Minsalud calificó carta de laboratorios como una amenaza.

En una carta enviada al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con copia al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, PhRMA (Investigadores y Productores Farmacéuticos de América) pidió revocar la Resolución 5246 y el inicio de esta acción administrativa para evaluar si se requiere una Declaración de Interés Público (DIP) para garantizar el acceso a los antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C.

PhRMA, que representa a las empresas de investigación biofarmacéutica líderes a nivel mundial como Bayer, Sanofi, Pfizer, Novartis y Merck, entre otras, sostuvo que “la Resolución 5246 es deficiente, tanto desde el punto de vista legal como procedimental, y parece no ser coherente con las obligaciones y aspiraciones internacionales de Colombia”.

La asociación enfatiza que una “DIP en una amplia categoría de medicamentos, concretamente, antivirales para el tratamiento de la hepatitis C, carecería de fundamento por varias razones, entre las que se incluyen: a) la propia solicitud identifica una clase completa de medicamentos, lo que demuestra que la competencia ya existe en este segmento comercial; b) recientemente, los fármacos contra la hepatitis C fueron objeto de importantes reducciones de precios en Colombia y el propio Ministerio ha afirmado en los medios de comunicación, en el transcurso de los meses, que la reducción de precios fue entre 80% y 90%; y c) no hay indicios de que exista una emergencia relacionada con la salud con respecto a la hepatitis C en Colombia; por el contrario, como se analiza más detalladamente a continuación, la incidencia de la Hepatitis C, enfermedad que ha aquejado a las personas durante siglos, es bastante baja en Colombia”.

Por otro lado, la misiva argumentó que “la Resolución 5246 se basa en una petición que no identificó las patentes para las cuales se solicita la DIP, incumpliendo claramente la norma establecida en el Decreto 1074 de 2015. No hay ninguna disposición en el Decreto que permita a Minsalud corregir unilateralmente las omisiones en la petición. Por el contrario, el Artículo 2.2.2.24.4 del Decreto asigna expresamente al solicitante la carga de la prueba para identificar las tecnologías patentadas que supuestamente afectan el interés público”.

Carl Meacham, vicepresidente de PhRMA para Latinoamérica, le dijo a este diario que “aceptar una petición sin suficiente evidencia para justificar una acción tan extraordinaria como una Declaración de Interés Público no parece ser consistente con el deseo de Colombia de entrar a la OCDE, una organización comprometida con la promoción del comercio internacional y la innovación. Como se sabe, dependerá de los países miembros de ese organismo decidir cómo esta declaración afectará el proceso de acceso y el precedente que se creará frente a las aspiraciones de admisión que tienen otras naciones en la región”.

Meacham complementó que esperan seguir trabajando con el Gobierno para resolver las serias preocupaciones que expusieron. “Creemos que un análisis balanceado de los hechos llevará al Gobierno a revocar el decreto”, puntualizó.

Respuesta de Minsalud
Por su parte, en un texto que le envió por escrito a Portafolio, el ministro Alejandro Gaviria confirmó el recibo de la carta y que “de hecho, le piden al Gobierno colombiano revocar la resolución que dio inicio al estudio de la declaratoria de interés público para los tratamientos contra la hepatitis C, y sugieren, de una manera poco sutil, que no hacerlo podría amenazar todo el proceso que el país adelanta para el ingreso a la Ocde”.

Gaviria añadió: “Tengo que ser prudente. Sin embargo, este tipo de amenazas son inquietantes. ¿Debería Chile ser expulsado de Ocde por hacer algo similar? ¿Las flexibilidades del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual (ADPIC) no forman parte de varios acuerdos internacionales? ¿Habla PhRMA en nombre de algunos países específicos? ¿Es consciente la industria farmacéutica de que la presión indebida ejercida sobre los gobiernos por ejercer las flexibilidades va en contra de la declaración de Doha?”.

Igualmente, este diario contactó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se abstuvo de responder al tema. Entre febrero y marzo será la reunión con el comité de Comercio de la Ocde, el cual le hizo varias peticiones a Colombia.

No es la primera vez que PhRMA ejerce presión sobre el Gobierno. En marzo del año pasado, señaló a Colombia por supuesta debilidad a la hora de defender las patentes de los medicamentos y el uso de la figura de declaración de interés público para forzar un descuento de precios, lo que, en su concepto, podría ser incompatible con los compromisos del país en materia de acceso a los mercados en el marco del TLC con EE UU.

En ese momento el informe de la industria farmacéutica, enviado directamente a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), expresó que “las empresas miembros de PhRMA se enfrentan a varios problemas de propiedad intelectual y barreras de acceso a los mercados en Colombia”.