Antes de tener una vacuna para combatir la pandemia por coronavirus, la administración de Trump ya ha dado marcha atrás a su promesa inicial de que cualquier remedio sería asequible para el público en general. “No podemos controlar el precio porque necesitamos que el sector privado invierta”, dijo al Congreso Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos y ex ejecutivo de la industria farmacéutica.

Después de este extraordinario revés, la administración insistió en que, al final, cualquier tratamiento sería asequible. El presidente Donald Trump tuiteó el lunes por la mañana que se reuniría “en la Casa Blanca con las principales compañías farmacéuticas para hablar de los avances de una vacuna y tratamientos”. ¡Se están haciendo progresos! Sin embargo, el gobierno federal, bajo la administración de Clinton, cambió una de las herramientas clave que se podría haber utilizado para cumplir la promesa de asequibilidad.

Gilead Sciences, un fabricante de medicamentos conocido por manipular los precios ha estado trabajando con las autoridades sanitarias chinas para ver si, remdesivir, el fármaco experimental puede tratar los síntomas del coronavirus. Funcionarios de la OMS dicen que “en este momento es el único medicamento que creemos que puede tener una eficacia real”. Pero remdesivir, que se probó previamente para tratar el virus del Ébola, se desarrolló a través de una investigación realizada en la Universidad de Alabama en Birmingham, con fondos del gobierno federal.

Así se financia la investigación y el desarrollo de la industria farmacéutica. El público pone el dinero y las empresas privadas se adueñan de cualquier beneficio que puedan obtener. Pero no siempre fue así. Antes de 1995, las compañías farmacéuticas debían vender medicamentos financiados con dinero público a un precio razonable. Con la administración Clinton, eso cambió.

A mediados de 1994, la Revolución Republicana, construida en gran medida como reacción al intento de reformar el sistema de salud de Bill Clinton, barrió a los demócratas del Congreso. Casi inmediatamente, en abril de 1995, la administración Clinton se rindió ante la presión de la industria farmacéutica y rescindió la antigua norma de los “precios razonables”.

En 1995, al anunciar el cambio, los Institutos Nacionales de Salud dijeron en un comunicado “Una revisión extensa sobre este asunto realizada el año pasado indicó que la cláusula de fijación de precios ha hecho que la industria sea renuente a establecer colaboraciones científicas con [el Servicio de Salud Pública] sin ofrecer un beneficio adicional al público. Eliminar la cláusula promoverá la investigación capaz de mejorar la salud del pueblo estadounidense”.

La medida fue controvertida, y un miembro de la Cámara de Vermont, el independiente Bernie Sanders, ofreció una enmienda para restablecer la regla. Fracasó en una votación mayoritariamente partidista, 242-180.

Más adelante, en 2000, Sanders fue autor y logró que se aprobara una enmienda bipartidista en la Cámara para reimponer la regla de “precios razonables”. En el Senado, el difunto Paul Wellstone de Minnesota impulsó una medida similar.

“A muchos en el Congreso les resulta difícil contradecir el argumento de Sanders de que” los estadounidenses deben pagar dos veces por los medicamentos que salvan vidas, primero como contribuyentes para desarrollar el medicamento y luego como consumidores para aumentar las ganancias farmacéuticas”, escribió la revista Nature en ese momento.

El entonces-senador por Delaware, Joe Biden, votó para posponer la enmienda de Wellstone, y fue derrotada 56-39.

“Nuestra enmienda exige que los NIH cumplan con la ley vigente y se aseguren de que una compañía que recibe resultados de investigación o un medicamento que es propiedad federal proporcione ese producto al público estadounidense en términos razonables”, dijo Sanders en un discurso. “Este no es un problema nuevo. Durante la administración Bush, los NIH insistieron que los acuerdos cooperativos de investigación contienen, ‘una cláusula de precios razonables que protegería a los consumidores de los exorbitantes precios de los productos desarrollados a partir de investigaciones financiadas por el gobierno federal’”.

Otro esfuerzo relacionado del Senador Ron Wyden, D-Oregon, llegó a discutirse como proyecto de ley en el Senado, se diluyó para decir que el director de los NIH debería ofrecer “una propuesta que exigiera una tasa de rendimiento razonable, tanto para la investigación intramural como la extramural, antes del 31 de marzo de 2001”.

Las dos medidas se discutieron en un comité para resolver las diferencias entre el Cámara y el Senado (conference committee), y el lenguaje más duro de la Cámara, el de Sanders, fue eliminado. El informe de la conferencia incluyó este lenguaje: “Los participantes son conscientes del interés público en asegurar un retorno apropiado a la inversión de los NIH en investigación básica. Los conferenciantes también son conscientes de la creciente preocupación por el costo de las terapias para los pacientes. En julio de 2001, la lista de medicamentos aprobados por la FDA, ha alcanzado ventas anuales de US$500 millones en EE UU, y han recibido fondos de los NIH, los NIH prepararán un plan para garantizar que los intereses de los contribuyentes estén protegidos”.

Ese plan nunca se ha implementado, y el gobierno federal ha seguido financiando investigaciones que redundan en ganancias privadas. El Centro de Descubrimiento y Desarrollo de Medicamentos Antivirales de la Universidad de Alabama recibió en 2019 una beca de cinco años por US$37,5 millones del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, uno de los 27 institutos que conforman los NIH.

Los candidatos presidenciales demócratas se han comprometido a usar el poder que, según dicen, es inherente a una ley federal que ya está en los libros, conocida como Bayh-Dole, para forzar precios razonables, y se han prometido ir aún más lejos con nueva legislación. Pero el público podría no tener que esperar al día de las elecciones. Estando el Congreso listo para contemplar una ronda de financiación para mitigar la pandemia, la enmienda Sanders-Wellstone podría reaparecer.