Tratados de Libre Comercio, Propiedad Intelectual y Patentes

A comienzos de febrero pasado Ilari Kaila y Joona-Hermanni Mäkinen escribieron un interesante artículo titulado “Hace nueve meses Finlandia tenía una vacuna COVID-19 sin patente, pero aun así apoyó a las grandes farmacéuticas” en Jacobin [1]. Compartimos nuestro resumen a continuación.

En mayo 2020, un equipo de investigadores finlandeses de amplia trayectoria tenía una candidata a vacuna Covid libre de patente, a la que denominaron “la vacuna Linux”. Desarrollaron esta vacuna a partir de datos de investigación disponibles públicamente y lo hicieron con el objetivo de compartir todos los hallazgos nuevos en revistas revisadas por pares.

Si bien el equipo científico estaba listo para vacunar a toda la población de Finlandia, para lo cual requería el apoyo del gobierno, este último optó por seguir con la política de apoyar a Big Pharma, como lo han hecho la gran mayoría de países.

Como ejemplos de cómo el mercado incentiva y acelera la innovación se suele presentar a las vacunas contra el Covid-19 de primera generación, como las de Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Pero la realidad es otra, que el afán de lucro haya modelado como se realiza la investigación farmacéutica ha sido devastador, especialmente en una pandemia mundial. La vacuna finlandesa es un estudio de caso que demuestra como el sistema de patentes ha enlentecido el desarrollo de la vacuna y como impide que se realicen campañas masivas de vacunación.

Propiedad Intelectual privada
Tener que proteger la propiedad intelectual de los nuevos descubrimientos, tiene efectos dañinos para la investigación: promueve que las compañías impidan que sus competidores y la comunidad científica en general se entere de sus descubrimientos, incluso cuando el precio a pagar es la salud de las personas. El modelo de investigación abierta, sin protecciones de propiedad intelectual, pretende revertir estos comportamientos y lograr que la investigación sea un esfuerzo multilateral colaborativo.

En el caso concreto de Covid-19, el impacto del modelo actual de desarrollo de medicamentos se sintió más en las etapas tardías de la investigación (lograr el permiso de comercialización y distribuirlos), porque gracias a la información recopilada durante los brotes de SARS -1 y MERS, las bases científicas para desarrollar la vacuna se pudieron establecer muy rápidamente, en una tarde, no fue un gran éxito de la ciencia. Los mecanismos de acción ya se conocían antes de que intervinieran las empresas. La pregunta es, la estrategia de desarrollo basada en patentes ¿se escogió por ser más eficiente o porque protege la propiedad intelectual?

Lo que han hecho las empresas ha sido incorporar la proteína de espiga en algún tipo de vehículo, generalmente ARNm o un adenovirus, pero esa elección se basa en la propiedad intelectual que poseen, no en cual es el mejor mecanismo.

La vacuna finlandesa utiliza un adenovirus para transportar las instrucciones para sintetizar la proteína de espiga, puede ser almacenada en un refrigerador común, se propuso para ser administrada como aerosol nasal y los ensayos preliminares indican que produce inmunidad esterilizante, es decir, es probable que esta vacuna ofrezca ventajas sobre las existentes. Sin embargo, encontró un obstáculo: hay pocos mecanismos para asegurar la financiación que se requiere para hacer los ensayos clínicos de gran tamaño y asegurar los permisos de comercialización, los únicos que pueden hacerlo son las grandes industrias farmacéuticas y el capital de riesgo, quiénes esperan tener derecho a explotar las patentes. Los productos con licencia abierta, sin protección de la propiedad intelectual tienen que superar este problema.

Un ensayo clínico de fase III requiere miles de participantes y se estima que podría costar US$50 millones. No obstante, esta cifra es una gota en el océano si se compara con los US$21.000 millones que Finlandia, por ejemplo, tuvo que pedir prestados para superar la crisis planteada por la pandemia. Si se compara con los costos en vidas humanas y daños económicos a nivel global, US$50 millones se convierten en una cantidad irrisoria.

El estado facilita el lucro privado
Esta situación es particularmente absurda si se considera que lo que se denomina investigación farmacéutica privada está primordialmente financiada con recursos públicos: tanto por el dinero que los gobiernos han entregado directamente a las compañías como por el capital que los Estados entregan anualmente a las universidades, instituciones científicas, para la educación y la investigación básica, lo cual constituye la esencia del conocimiento y la ciencia que está detrás de la innovación.

De aquí que los ciudadanos estén pagando por las vacunas contra Covid-19 hasta tres veces: para su desarrollo, cuando las compran y cuando los gobiernos asumen la responsabilidad por sus potenciales efectos secundarios. Esta es una dinámica típica entre las grandes corporaciones y los estados: los lucros se privatizan y los riesgos se comparten.

Cuando se habla de utilizar recursos públicos para impulsar el desarrollo de una vacuna, el argumento es que hay que conseguir que una entidad económicamente fuerte asuma el riesgo. Esto es absurdo, si tenemos en cuenta lo que el sector público ha entregado al sector privado durante la pandemia.

El actual modelo, basado en los monopolios que se derivan de la protección de la propiedad intelectual es relativamente reciente y no es un efecto secundario inevitable del capitalismo. Hasta finales de la década de 1940, los gobiernos financiaban la investigación médica, y las empresas farmacéuticas se dedicaban principalmente a la fabricación y venta de medicamentos. Hoy en día, los gobiernos apoyan a las empresas a través de diversos subsidios y privilegios de monopolio.

Los efectos negativos de este modelo incluyen el desabastecimiento y los altos precios, pero también el desinterés por curar – porque los pacientes que se curan dejan de consumir el medicamento. Esto es lo que ha impedido que se desarrollen vacunas preventivas, como la comunidad de salud pública ha estado solicitando durante los últimos 20 años y que se invierta en investigación predictiva. Según los expertos, si hubiéramos tenido mayor capacidad para predecir el curso de la pandemia, la hubiéramos podido acotar mucho antes.

Desafortunadamente, y a pesar de la escasez de vacunas, no parece que los líderes políticos estén dispuestos a considerar otros modeles de desarrollo. El sistema prevalente no permite buscar soluciones que no se basen en maximizar los beneficios económicos. Como las vacunas solo se pueden producir en los laboratorios de las empresas que son titulares de las patentes o que ellas han autorizado, no se producen todas las vacunas que se necesitan.

Los países ricos que albergan a las grandes industrias farmacéuticas se han opuesto a renunciar a las patentes para los productos Covid mientras dura la pandemia, y las vacunas disponibles se han distribuido inequitativamente. Esta situación no beneficia a la mayoría de la población mundial y hay que ponderar si es sabio dejar que las decisiones que afectan la salud de todos se decidan en base a las leyes del mercado.