Resumen
Durante el siglo pasado, una serie de leyes, organizaciones y procesos políticos provocaron un aumento de las transferencias de fondos públicos a la industria farmacéutica privada, afectando los presupuestos y permitiendo que los ingresos de las industrias superaran lo que los mercados normalmente pueden sostener. Los beneficios fiscales y las exenciones de tarifas subsidian la investigación de la industria, mientras las instituciones públicas y las organizaciones filantrópicas ayudan a financiar el descubrimiento de nuevos productos y pagan de nuevo por su uso cuando son aprobados. Los nuevos mecanismos para mantener la exclusividad en el mercado retrasan la competencia y aumentan los precios, y las estrategias de pago de los programas como la Parte D de Medicare contribuyen a garantizar que se pagara el precio que sea, sin importar el monto. Consecuentemente, la población paga por los productos farmacéuticos de diversas formas, algunas de las cuales no siempre reconoce.
Este artículo propone un marco de análisis más completo, que los legisladores y académicos pueden utilizar para evaluar todos los costos sociales de los medicamentos. Se requiere mayor transparencia para conocer los costos de cada medicamento, facilitar la asignación adecuada de recursos y garantizar que la cantidad de fondos públicos esté justificada por el valor de los medicamentos. El Congreso debe ordenar a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (Government Accountability Office) que estudie las contribuciones públicas a los medicamentos de mayor costo, y debe exigir que los fabricantes de medicamentos informen periódicamente el monto de fondos públicos, directos e indirectos, que reciben.