Europa

Statnews [1] describe un caso reciente en el que las autoridades europeas han examinado a la industria farmacéutica por prácticas anticompetitivas, lo resumimos a continuación. Tras una investigación de tres años, Merck llegó a un acuerdo con los reguladores austriacos para poner fin a una estrategia de precios “depredadores” para Temodal, un tratamiento para el cáncer de cerebro más frecuente en adultos (glioblastoma).

Aproximadamente 350 personas desarrollan anualmente esta enfermedad en Austria, y la Autoridad Federal de Competencia determinó que la compañía estaba dificultando la llegada al mercado de versiones genéricas más baratas.

Así funcionó la estrategia: Merck aceptó pérdidas por vender sus medicamentos a los hospitales por debajo de su costo. Cuando se dio de alta a los pacientes, los médicos siguieron prescribiendo el medicamento en sus consultorios. Los pacientes tuvieron que comprarlo en las farmacias, a un precio que compensaba las pérdidas de Merck en las dosis que se administraron en los hospitales.

A la vez, para impedir que los fabricantes de genéricos accedieran a los hospitales después de que expirara la protección de la patente de Temodal, Merck fijó su precio por debajo del costo. La empresa también distribuyó muestras gratuitas y, en algunos casos solo entregaron muestras gratuitas a los hospitales para la dispensación inicial. Consecuentemente, los hospitales no tenían ningún incentivo para cambiar a genéricos más baratos.

Para resolver las acusaciones, Merck acordó durante al menos 10 años no fijar precios para Temodal por debajo de los costos variables promedio para los hospitales, según la oferta o el pedido, y capacitar a los empleados en la necesidad de apegarse a las regulaciones. La compañía también acordó enviar un cálculo confidencial de los costos variables promedio a los reguladores antimonopolio durante los dos meses posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. Cualquier incumplimiento podría acarrear una multa.

La investigación, que surgió de una redada en las oficinas de Merck en 2016, refleja como los gobiernos europeos están intensificando sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra el posible comportamiento antimonopolio de los fabricantes de medicamentos.

En un informe de 2019, la Comisión Europea señaló que, entre 2009 y 2017, la Comunidad Europea y las autoridades nacionales investigaron más de 100 casos de presunta conducta antimonopolio. Hubo 29 decisiones contra los fabricantes de medicamentos que resultaron en sanciones por más de US$1.000 millones. Entre estos casos hubo empresas que aumentaron los precios o suministraron cantidades insuficientes después de una fusión, retrasaron la competencia genérica, se pusieron de acuerdo con otras empresas para fijar los precios y pusieron precios muy altos.

Esto explica que EE UU y Europa hayan formado un grupo de trabajo para comprender mejor el impacto que tienen las fusiones en la competencia y los precios de los medicamentos de venta con receta. El grupo incluye a la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia y las autoridades gubernamentales de Canadá, la Comunidad Europea y el Reino Unido.

El mes pasado, la Comunidad Europea abrió una investigación formal a Teva Pharmaceuticals para ver si ha estado impidiendo ilegalmente la competencia para su producto de grandes ventas contra la esclerosis múltiple.

El año pasado, las autoridades antimonopolio de Rumania multaron a Roche con US$14 millones por utilizar diferentes tácticas para impedir la competencia para un par de sus medicamentos contra el cáncer. Y un asesor legal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea sugirió que GlaxoSmithKline (GSK) pudo haber restringido la competencia cuando llegó a acuerdos de patentes con varias compañías genéricas que buscaban comercializar una versión del antidepresivo Paxil.

Por otra parte, el regulador antimonopolio de España acusó a Merck de trabajar con otras empresas para obstaculizar la entrada de versiones genéricas de un anticonceptivo hormonal. La Comisión Suiza de Competencia identificó a Boehringer Ingelheim y a otras 10 empresas o subsidiarias que se creía que habían establecido un precio mínimo para un ingrediente farmacéutico. Y en 2017, los reguladores ucranianos multaron a Sanofi con aproximadamente US$2,6 millones por supuestamente trabajar con dos distribuidores para restringir la competencia de docenas de medicamentos.