Políticas Internacionales

“Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”, “no dejar a nadie atrás” son mantras que los líderes estatales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han repetido con frecuencia desde que surgió la pandemia de coronavirus en la primavera de 2020. Pero, la realidad es diferente: los estados más ricos tienen acuerdos de acceso preferencial y ya están implementando sus campañas de vacunación, mientras que la mayoría de los países de ingresos medios y bajos tendrán que esperar meses, o quizás años, para lograr la inmunidad colectiva, porque algunos países han acaparado los limitados suministros de vacunas COVID-19.

Este acceso desigual e inequitativo no es el resultado del destino o de desafíos logísticos insuperables, sino de la decisión política oportunista de los países de altos ingresos para proteger el modelo de negocio actual, basado en el monopolio de sus empresas farmacéuticas. Este modelo restringe las opciones de los estados para salvaguardar la salud pública y proteger el derecho humano a la salud. También tiene consecuencias económicas y sociales devastadoras para las personas y las comunidades. Estos impactos, si bien son más devastadores en los países de ingresos bajos y medios, también se sentirán en los países de altos ingresos si la pandemia no se controla a nivel mundial. Al principio de la pandemia, existía alguna esperanza de que el repentino inicio de esta crisis de salud global y la magnitud de la demanda de productos médicos para combatir el coronavirus desafiarían políticamente el modelo de negocio impulsado por el monopolio, que es esencialmente un modelo de ‘precio alto y volumen bajo’.

Países de altos ingresos como hicieron algo inusual, aprobaron leyes para acelerar los procedimientos para emitir licencias obligatorias, incluso Israel emitió una por primera vez. Los líderes mundiales pidieron que las futuras vacunas se consideraran “bienes públicos mundiales”. Los gobiernos adoptaron resoluciones multilaterales para el acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías de salud COVID-19, comprometiendo montos colosales de financiamiento público para acelerar su desarrollo y ampliar la producción. Incluso las empresas farmacéuticas emitieron declaraciones tranquilizadoras en las que prometían una colaboración sin precedentes y se comprometían a no beneficiarse de esta pandemia.

Ha prevalecido el modelo de siempre
Este informe muestra que la mayoría de estas promesas se han quedado en pura retórica. Big Pharma (ver Caja 1) ha logrado preservar sus sacrosantos derechos de propiedad intelectual. Estos derechos les permiten bloquear el conocimiento (incluso cuando ha sido financiado por generosos contribuyentes), decidir cuál va a ser la escala de producción (aunque desde la primavera de 2020, ha sido obvio que la demanda superaría a la oferta) y establecer sus propios precios (a pesar de que los fondos públicos redujeron significativamente el riesgo de todo el esfuerzo de investigación). Y lo han hecho con la complicidad total de países que albergan grandes empresas farmacéuticas.

Hoy en día, muchos actores hablan sobre la lentitud de las campañas de vacunación en países europeos. Pero este es el resultado de la decisión política de no meterse con los monopolios corporativos. Los gobiernos de los países de altos ingresos han elegido la escasez sobre la oferta suficiente. Han entregado las llaves, sin condiciones, a grandes empresas farmacéuticas con un largo historial de priorizar las ganancias por encima de las personas y la salud pública. Las patentes, los secretos comerciales y otros derechos exclusivos limitan decisivamente las posibilidades de fabricación a gran escala y permiten precios excesivos. Los gobiernos de los países de altos ingresos han cedido ante la combinación tóxica de presión empresarial y pública, y han repetido los errores del pasado, por ejemplo, los cometidos durante la pandemia de influenza H1N1 de 2009 (gripe porcina). El nacionalismo, no la solidaridad, ha prevalecido y ha provocado el acaparamiento de vacunas y tratamientos. Al negarse a compartir sus derechos y conocimientos exclusivos, las empresas farmacéuticas han alimentado el nacionalismo de las vacunas e instigado una atmósfera de escasez.

Este estudio se basa en la experiencia de muchos años de Public Eye en el sector farmacéutico, así como en la evidencia publicada que hemos recopilado a partir de una amplia y rigurosa selección de artículos científicos, blogs, informes en los medios de comunicación, cartas abiertas y comunicados de prensa de muchos actores diferentes publicados a partir de 2020: en total unas 2.700 publicaciones. También estamos agradecidos por los debates y por la información que se ha compartido entre las organizaciones internacionales de la sociedad civil que abogan por el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud.

Conclusiones
La pandemia actual es una crisis de salud mundial, tiene una escala sin precedentes su impacto económico y social en las personas ha sido devastador. Esto se siente en todas partes, pero en ningún lugar con más fuerza que en los países de ingresos bajos y medios. Una pandemia, por definición, no se puede controlar a nivel nacional; requiere un esfuerzo internacional sostenido, coherente y coordinado. En cambio, lo que estamos presenciando es un acceso cada vez más desigual e inequitativo a las tecnologías de COVID-19 (pruebas diagnósticas, vacunas, tratamientos), que es probable que acabe golpeando a los países de altos ingresos en forma de múltiples variantes de coronavirus más contagiosas.

El acceso a medicamentos esenciales y que salvan vidas siempre ha sido un problema para los países de ingresos bajos y medios. Se está convirtiendo en un problema cada vez más acuciante par los países de altos ingresos, cuyos sistemas de seguridad social no pueden permitirse los precios basados en monopolios que imponen las compañías farmacéuticas, provocando un aumento vertiginoso en los gastos en salud y obligando a racionar el acceso. Estos problemas son la consecuencia directa de la codicia de las grandes farmacéuticas por obtener ganancias.

Las señales de alarma han estado sonando durante décadas y, sin embargo, a pesar de que se han vuelto ensordecedoras durante esta pandemia de COVID-19, solo han servido para magnificar un modelo de negocio injusto e insostenible, las grandes empresas farmacéuticas siguen haciendo lo mismo. Este informe muestra que los gobiernos de los países de altos ingresos que albergan a las compañías farmacéuticas han cedido frente a la combinación tóxica del poder corporativo, la presión pública y los temores por la escasez que han instigado las empresas farmacéuticas. No han logrado enfrentarse a un sistema perverso y no han apoyado los esfuerzos internacionales de colaboración y potencialmente revolucionarios como C-TAP. Al recurrir al nacionalismo de las vacunas, tienen que enfrentarse a la escasez, que es el subproducto lógico del mismo sistema de monopolio basado en patentes que habilitan y protegen políticamente.

Compromisos hipócritas por todas partes
Este informe desenmascara como hipócritas las promesas de los gobiernos y las empresas farmacéuticas de colaborar, ser transparentes y fomentar la accesibilidad: en definitiva, su promesa de comportarse de manera diferente. Demuestra cómo Big Pharma, para sacar provecho durante la pandemia de COVID-19, ha implementado una vez más sus 10 estrategias clave que Public Eye y otras organizaciones de la sociedad civil llevan exponiendo desde hace mucho tiempo.

Sin duda, la industria farmacéutica merece elogios por desarrollar varias vacunas COVID-19 en un tiempo récord, aunque esto a menudo ha sido el resultado de aprovechar el conocimiento y las patentes de empresas más pequeñas o de institutos públicos. Estas vacunas deberían ser bienes públicos porque han recibido enormes subsidios públicos. En cambio, se manejan como artículos de lujo privados, con la bendición de los países de altos ingresos. No fueron los derechos de propiedad intelectual los que permitieron la plétora de investigación internacional sin precedentes, sino la gran cantidad de financiación pública. El sistema actual de propiedad privada promueve competir en secreto por encima de la ciencia abierta, prioriza los juegos de poder sobre el impacto global en la salud pública y erige barreras a la distribución eficiente y el acceso equitativo. El resultado es que miles de millones de personas en los países de ingresos bajos y medios tendrán que esperar mucho para recibir su vacuna, lo que aumentará drásticamente los riesgos para la salud, la economía y la sociedad, también para los países de altos ingresos. Irónicamente y de manera perversa, la industria farmacéutica ha sido capaz de utilizar la crisis actual para redimir su mala reputación mientras se aprovecha de la miseria y el miedo.

Las grandes empresas farmacéuticas no deberían estar liderando el proceso, decidiendo unilateralmente quién tiene acceso a los productos médicos que salvan vidas y bajo qué condiciones. La pandemia de COVID-19 ha demostrado con absoluta claridad cómo las compañías farmacéuticas están jugando con un sistema desequilibrado, con efectos devastadores, y cómo los gobiernos de los países de altos ingresos las protegen, y por lo tanto son cómplices. Al permitir que las empresas farmacéuticas utilicen un sistema de patentes protegido por el gobierno para acumular conocimientos y evitar que se aumente la producción para satisfacer la demanda global, los países de altos ingresos que alojan a la industria farmacéutica han demostrado su falta de interés en aprender de los errores del pasado.

La salud es un derecho humano y los medicamentos salvan vidas. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud. Para cumplir con esta responsabilidad, deben garantizar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de los tratamientos y vacunas que salvan vidas. Los gobiernos tienen que regular activamente a la industria farmacéutica, porque la industria utiliza grandes cantidades de fondos públicos para producir y beneficiarse de la venta de sus medicamentos. Los gobiernos deben implementar medidas y mecanismos que restablezcan su control y les permitan cumplir con su deber de proteger el derecho a la salud.

Los expertos y la sociedad civil han debatido durante años visiones y propuestas de cambio: arreglar el sistema quebrado de patentes, garantizar que las empresas farmacéuticas no puedan explotar los incentivos que se les otorgan, imponer condiciones a los monopolios protegidos por patentes y a las inversiones de dinero público. La decisión sobre la implementación democrática de estas y otras medidas se debería haber tomado hace mucho tiempo, y es simplemente una cuestión de voluntad política.

Los acontecimientos que se relatan en este informe representan una oportunidad histórica que, hasta ahora, se ha desperdiciado de mala manera. La situación es urgente porque la pandemia y sus efectos en la salud, las vidas y la vida social de las personas están lejos de desaparecer. Y mientras duren, las empresas pueden seguir explotando y perpetuando la crisis para defender sus fines de lucro. COVID-19 parece ser “simplemente un nuevo capítulo en la misma crisis de acceso, provocada por los mismos factores estructurales que hemos estado viendo una y otra vez”. Si no se toma la decisión política de provocar un cambio en la industria mediante la imposición de condiciones para el goce de los privilegios otorgados, los gobiernos de los países de altos ingresos como Suiza, están perpetuando un devastador sistema global de privilegios y poder corporativo, fallando a sus propios ciudadanos y agravando la desigualdad global y el derecho universal a la salud.