América Latina

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Estos entramados son los que actualmente se reproducen y gobiernan el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 conocido como el mecanismo COVAX de la OMS junto a la alianza GAVI y CEPI representan una trama donde se garantizan los derechos de “patentes” de las vacunas bajo la lógica de mercado y sólo se comprometen a donar una porción “ínfima” que supone más un sentido de “beneficencia y caridad global” con el Sur que en un derecho colectivo ante la necesidad de inmunización de 7000 millones de personas. Es decir, poner en el gobierno de las vacunas a los intereses de las farmacéuticas y actores del Norte global.

Por eso no es casual que más del 90% de las vacunas disponibles fueron ya absorbidas por EE UU, Europa Occidental, Japón y Australia. Incluso en estas regiones, se deja fuera a las comunidades inmigrantes y otras poblaciones.

De esta dinámica sólo podemos exceptuar en parte a la Federación Rusa, China y Cuba. Sin embargo, algunas de las vacunas de estos países también se encuentran mercantilizadas y asociados a laboratorios privados nacionales de India, Brasil, Argentina, entre otros.

Este contexto de adversidades geopolíticas, mercantilización y dependencia sanitaria de nuestras sociedades del Sur evidencia que el desarrollo de una vacuna es un problema científico-sanitario, pero el acceso y la distribución es un problema político sanitario (nacional, regional y global).

Bajo esta premisa, el Grupo de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria considera que:

1. Declarar a las vacunas como un bien público global y cuestión de soberanía sanitaria regional. Igualmente considerando que solo las vacunas son una respuesta limitada e insuficiente a la crisis multidimensional del SARS-CoV-2. Enfrentar esta situación implica una integralidad de respuestas, donde la vacuna es una de ellas.
2. Una salida obvia y relativamente rápida debería ser liberar las patentes y permitir consorcios de países del Sur como India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México y entre otros, para producir masivamente equivalentes de las vacunas para las regiones del capitalismo mundialmente periférico. Las grandes farmacéuticas se opusieron y se oponen enérgicamente a lo que perciben como una violación de sus «derechos de propiedad» de patentes, contando con el apoyo de EE UU y la Unión Europea, y siguiendo las «reglas» impuestas al comercio mundial incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. De hecho, por eso fue rechazada la iniciativa de India y Sudáfrica y más de 90 países en este sentido en el propio seno de la OMS. Resguardar el acuerdo COVAX de la OMS implica una vez más la colonización y gobierno del acceso a las vacunas por el GAVI y la CEPI. Es decir, por los mismos Estados donantes del Norte global y las corporaciones del complejo médico farmacéutico.

   También existe la posibilidad de utilizar las flexibilidades de la ADPIC para declarar licencias obligatorias ante una emergencia sanitaria siendo una salida coyuntural, que pudieran tomar como alternativa y conjuntamente múltiples países de América Latina y el Caribe junto al Sur global.

3. Es necesario volver a colocar en el centro de la agenda latinoamericana y caribeña la reconstrucción de una integración regional en salud basada en tejidos públicos de autonomía, soberanía sanitaria y principios de salud internacional Sur Sur. Esto no sólo concierne y depende exclusivamente de las relaciones intergubernamentales de “Estados y Gobiernos”, sino que la soberanía sanitaria regional es un proceso estratégico que se anida en los entramados de territorios, territorialidades y actores en la construcción de una Salud desde el Sur.

   Sin duda, reconstruir los entramados de integración regional en salud es uno de los desafíos de la post-pandemia: implicará revisar los aprendizajes del caso de la ex UNASUR Salud, el ALBA Salud o la propia COMISCA-SICA, ORAS-CONHU y CARPHA-Caricom. La producción de soberanía sanitaria como estrategia de autonomía regional tiene en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC) un potencial enorme, sabiendo que este proceso pudiera partir de interacciones estratégicas entre las sociedades y los Estados para la condensación de nuevas tramas institucionales regionales de salud internacional Sur Sur en clave latinoamericana y caribeña.

   En este sentido, proponemos en medio de la coyuntura actual que, con el liderazgo de México en la CELAC, se configure rápidamente un Foro regional de Soberanía Sanitaria y como primera prioridad se aborde el “Acceso Universal y Público a la Vacuna de SARS-CoV-2” articulando los esfuerzos de los Estados con las universidades, redes académicas, movimientos y organizaciones sociales latinoamericanas y caribeñas.

4. Bajo este contexto, nuevamente América Latina y el Caribe quedó ubicada como un espacio geopolítico sanitario gobernado por las directrices de la salud global liberal y del panamericanismo sanitario regional que con sus diplomacias siempre sostienen como única opción seguir los mandatos de los mecanismos globales. Esto quiere decir, entre otras cosas, seguir atrapados en una matriz de dependencia periférica y de captura de financiamientos para sostener diplomacias y tecnocracias sanitarias liberales que siguen siendo formadas y preparadas para reproducir una constante colonialidad del poder y conocimiento sanitario en asimetrías Norte-Sur o Centro-Periferia.

   Lo anterior queda claramente reflejado en el documento de la OPS (2021)¹ en la que señala explícitamente:

   “La Organización Panamericana de la Salud ha acompañado y brindado el apoyo técnico necesario a los Estados Miembros para respaldarlos en cada fase de su participación en el mecanismo COVAX, además de la preparación de los planes nacionales de vacunación para la Covid-19”.