Conducta de la industria

Cuatro empresas que acordaron pagar un total de US$26.000 millones para resolver reclamos sobre sus roles en la crisis de opioides planean deducir algunos de esos costos de sus impuestos y recuperar alrededor de US$1.000 millones cada una.

En los últimos meses, mientras se elaboraban los detalles del acuerdo, Johnson & Johnson y los “tres grandes” distribuidores de medicamentos: McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, actualizaron sus proyecciones financieras para incluir grandes beneficios fiscales derivados del esperado acuerdo, según un análisis que ha hecho el Washington Post de los documentos que tienen que presentar al gobierno.

Cardinal Health, con sede en Dublín, Ohio, dijo a principios de este mes que planeaba cobrar un reembolso en efectivo de US$974 millones porque reclamó los costos legales relacionados con los opioides como “arrastre de pérdidas operativas netas”, una disposición tributaria que el Congreso incluyó en el paquete de rescate por el coronavirus del año pasado para ayudar a las empresas durante la pandemia.

Las desgrabaciones pueden profundizar la ira del público hacia las empresas que, según los fiscales, desempeñaron un papel clave en la destructiva crisis de salud pública que mata anualmente a decenas de miles de estadounidenses. En las demandas que han presentado docenas de estados y jurisdicciones locales, los funcionarios públicos han argumentado que las empresas, entre otros acusados corporativos, inundaron el país con miles de millones de píldoras altamente adictivas e ignoraron la evidencia de que estaban siendo utilizadas por personas que abusaron de ellas.

Según los términos del acuerdo propuesto, que se está finalizando y en última instancia estará sujeto a la aprobación de un tribunal federal, las cuatro empresas pagarían entre US$5.000 millones y US$8.000 millones cada una, para reembolsar los costos de la crisis de salud a las comunidades. Los demandantes que apoyan la propuesta dicen que resolverá un litigio muy complejo y aportará fondos a las comunidades y personas que luchan contra la adicción.

Otros, incluyendo Greg McNeil, cuyo hijo se volvió adicto a los opioides y murió de una sobredosis, han dicho que US$26.000 millones es solo una pequeña fracción del costo financiero de la epidemia y argumentan que la propuesta no incluye lo que más quieren muchos familiares de víctimas de opioides: una admisión de culpabilidad.

Las cuatro firmas rechazan cualquier irregularidad o responsabilidad legal. Las empresas han dicho que produjeron píldoras de venta con receta que había aprobado el gobierno, las distribuyeron a farmacias registradas y tomaron medidas para tratar de prevenir su uso indebido.

Las leyes fiscales de EE UU no suelen permitir que las empresas deduzcan el costo de los acuerdos legales de sus impuestos, con una excepción importante: los daños pagados a las víctimas como restitución por delitos. Aun así, durante los últimos años, el Congreso ha impuesto límites más estrictos a tales deducciones, y algunos expertos en impuestos dicen que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría cuestionar los intentos de las empresas de deducir los costos del acuerdo por opioides.

Harry Cullen, un activista con sede en Brooklyn que ha luchado por responsabilizar a las compañías farmacéuticas de la epidemia, dijo “es increíblemente insultante” que las compañías intenten desgrabar los pagos del acuerdo. “Como si se lo estuvieran donando a estas personas a las que perjudicaron en primer lugar”.

Erich Timmerman, portavoz de Cardinal Health, dijo en un comunicado que la ley federal permite las desgrabaciones fiscales de la empresa. También señaló una declaración hecha por el director ejecutivo Mike Kaufmann en noviembre, cuando dijo que Cardinal se toma en serio su papel en la cadena de suministro de medicamentos y sigue “comprometido con ser parte de la solución a esta epidemia”.

AmerisourceBergen se negó a comentar sobre sus impuestos, pero dijo en un comunicado que la compañía toma medidas para mitigar el desvío de los medicamentos de venta con receta, incluso niega el servicio a los clientes que considera riesgosos y envia informes diarios a los funcionarios federales responsables de los medicamentos.

Johnson & Johnson se negó a comentar sobre el acuerdo de opioides y desgrabaciones fiscales, solo comparte lo que dicen los documentos que tienen que entregar al gobierno [2]. Una portavoz de McKesson no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

El uso que Cardinal Health ha hecho de la exención fiscal de “devolución (carryback)” llama la atención sobre lo que algunos consideran que es una deficiencia de la ley de rescate por el coronavirus de US$2 billones conocida como la Ley Cares. En su prisa por canalizar los beneficios en efectivo a las empresas que enfrentan un desastre económico, los legisladores pusieron a disposición de cualquier empresa miles de millones de dólares en exenciones fiscales, independientemente de si sufrieron o no durante la pandemia.

Cardinal, una empresa con una capitalización en el mercado de US$15.000 millones y US$4.000 millones disponibles en efectivo, en su período de ganancias más reciente superó las expectativas de Wall Street. La semana pasada, Kaufmann, su director ejecutivo dijo a los inversores que un repunte en los tratamientos y procedimientos médicos había reactivado la demanda de dispositivos y medicamentos para la salud de Cardinal. Dijo que la compañía estaba aumentando su inversión en tecnología sofisticada de cadena de suministro.

El mismo día, Cardinal dijo que estaba solicitando una exención de impuestos utilizando la disposición de la Ley Cares y esperaba un reembolso en efectivo de casi US$1.000 millones de la oficina de impuestos en los próximos 12 meses. La compañía planea pagar US$6.600 millones por el acuerdo por los opioides.

Francine J. Lipman, profesora de impuestos de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), dijo que Cardinal Health parece estar “obteniendo beneficios con las leyes que el Congreso pretendía que ayudaran a las empresas que están sufriendo por la pandemia”.

La exención fiscal de “devolución” permite a cualquier empresa que perdió dinero en 2018, 2019 o 2020 aplicar esas pérdidas a años anteriores más rentables. Durante más de un siglo, el código tributario de EE UU ha permitido alguna forma de esta disposición, para ayudar a que las empresas que enfrentan altibajos nivelen sus impuestos.

La Ley Cares elevó el límite de la cantidad de pérdidas que las empresas pueden utilizar para contrarrestar los impuestos y les permitió aplicar esas pérdidas a períodos anteriores. Debido a que la tasa impositiva corporativa era más alta antes de 2018, las empresas con pérdidas recientes pueden aumentar los reembolsos de los impuestos que recibieron antes de ese año hasta en un 67%.

En agosto, Cardinal estimó que podría deducir US$488 millones del anticipado acuerdo legal por los opioides. Pero en su presentación del 5 de febrero [3], la compañía dijo que la cantidad probablemente sería mayor, en parte porque la Ley Cares le permite trasladar las pérdidas relacionadas con el litigio de opioides a años anteriores, cuando la tasa impositiva era más alta.

Un grupo de 120 demócratas del Congreso ha presionado para que se limite la capacidad de las empresas de trasladar las pérdidas a años anteriores con una tasa impositiva más alta, indicando que las empresas que han experimentado poco o ningún impacto negativo del coronavirus han abusado de esta provisión. En una declaración conjunta al Washington Post, el representante Lloyd Doggett (demócrata por Texas) y el senador Sheldon Whitehouse (demócrata de Rhode Island) dijeron que las medidas que han propuesto para futuros proyectos de ley para la ayuda pandémica impedirían que compañías como Cardinal Health reclamaran reembolsos de impuestos tan elevados.

“A muchos de los mismos estadounidenses que fueron víctimas de los vendedores de opioides ahora se les pide, como contribuyentes, que financien casi mil millones de dólares del acuerdo tardío de Cardinal Health a través de una disposición fiscal de interés especial enterrada en la legislación de ayuda pandémica”, dijeron Doggett y Whitehouse en la declaración. “Nuestra ley de derogación les negaría al menos la mitad de esta injusta ganancia inesperada, que no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia”.

Lipman de UNLV dijo que la decisión de Cardinal de solicitar un reembolso de impuestos antes de haber finalizado cualquier acuerdo legal podría llevar a la IRS a examinar la declaración de impuestos de la empresa. Las desgrabaciones se deben hacer contra los gastos comerciales que tienen un “efecto económico”, dijo, lo que puede excluir las desgrabaciones contra futuros acuerdos legales impagos.

Timmerman, el portavoz de Cardinal dijo que la compañía ya registró una pérdida relacionada con el litigio de opioides porque Cardinal se autoasegura a través de su propia subsidiaria de seguros. Añadió que el juicio de opioides causó una pérdida de las reservas de la compañía de seguros, y esa es la pérdida que Cardinal está desgrabando.

“Las normas fiscales y contables aplicables a las compañías de seguros, incluyendo las de las compañías de autoseguro, requieren el reconocimiento de la pérdida cuando se establece una reserva de seguro, lo que tiene un efecto económico, incluso si la liquidación subyacente no es definitiva”, dijo Timmerman.

Las otras tres compañías involucradas en el acuerdo de US$26.000 millones han estimado los beneficios fiscales del acuerdo, pero no han solicitado reembolsos de impuestos. Todos dijeron que los beneficios fiscales podrían ser menores si los tribunales o los reguladores determinan que algunos o todos los pagos no son desgrabables de impuestos.

McKesson, que espera pagar US$8.100 millones por el acuerdo, en el documento que presentó el 2 de febrero dijo que el costo real del acuerdo sería de US$6.700 millones después de impuestos [4], lo que supone un beneficio fiscal de US$1.400 millones. La compañía también dijo que los US$497 millones en beneficios fiscales no eran “seguros” por la “incerteza de poder desgrabar los litigios y las demandas relacionados con los opioides”.

AmerisourceBergen, que anticipa tener que pagar US$6.600 millones, dijo en noviembre que espera un beneficio fiscal de US$1.100 millones [5]. La compañía dijo que un beneficio fiscal adicional de US$371,5 millones era posible, pero “incierto”.

“No se ha llegado a un acuerdo y, por lo tanto, utilizamos nuestros criterios para estimar el monto final del acuerdo por el litigio de opioides que sería desgrabable”, dijo la compañía.

Matthew Gardner, investigador principal del Instituto de Impuestos y Política Económica (Institute of Taxation and Economic Policy), una organización sin fines de lucro, dijo que estos descargos de responsabilidad sugieren que las empresas están haciendo estimaciones conservadoras. “Esa es una forma de decir que es probable que reclamen beneficios fiscales aún mayores de lo que muestran en sus estados financieros en sus declaraciones de impuestos”, dijo.

Que los pagos sean desgrabables puede depender de la elección de palabras específicas en los términos finales del acuerdo. Gardner explicó que aunque los cambios recientes en el código tributario han intentado cerrar las lagunas que permiten a las empresas desgrabar impuestos cuando han cometido un delito, muchas empresas están presionando para asegurarse de que sus acuerdos incluyan un pago de “restitución” para las víctimas, que es la “palabra mágica” que a menudo les permite desgrabar.

USA Today informó en 2019 quen en acuerdos anteriores relacionados con opioides, incluyendo los de McKesson, Purdue Pharma y Teva Pharmaceuticals con los gobiernos locales, las compañías no admitieron culpa y acordaron pagos de restitución que parecían calificar para desgravaciones fiscales [6].

Johnson & Johnson ha dicho que espera poder dsgrabar hasta un 21,4% de los US$5.000 millones del acuerdo, lo que significaría un beneficio fiscal de aproximadamente US$1.100 millones. Sin embargo, la compañía dijo el verano pasado que la cantidad desgravable puede ser menor si entra en vigor una regulación que propuso el IRS el año pasado.

La regulación, que entró en vigor el 20 de enero, requiere que las empresas cumplan con una larga lista de criterios específicos para que los acuerdos del gobierno permitan hacer desgrabaciones fiscales.

En 2019, El Whasington Post analizó una base de datos de la Agencia de Control de Drogas (DEA) que rastrea el itinerario de cada pastilla para el dolor que se vende en EE UU [7]. La base de datos muestra que las compañías farmacéuticas más grandes de EE UU distribuyeron 76.000 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona en el país entre 2006 y 2012, cuando la epidemia de drogas más letal del país se salió de control.

McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen distribuyeron el 44% de las píldoras de oxicodona e hidrocodona que se consumieron en el país, los dos medicamentos opioides de venta con receta que más se abusaron durante ese tiempo.

Una investigación realizada por El Whasington Post el año pasado [8] encontró que cerca de llegar al momento de mayor producción de opioides en EE UU, una subsidiaria de Johnson & Johnson estaba fabricando suficiente oxicodona e hidrocodona para captar la mitad o más del mercado de EE UU. La compañía también presionó durante años para ayudar a persuadir a los reguladores a que flexibilizaran una norma de importación de narcóticos, lo que permitió a la subsidiaria estadounidense de Johnson & Johnson producir cantidades crecientes de opioides a partir de potentes amapolas cosechadas por su subsidiaria de Tasmania, encontró The Post.

Los abogados de Johnson & Johnson han dicho que sus subsidiarias productoras de opioides no causaron la crisis de adicción en EE UU, que las empresas estaban fuertemente reguladas y que esas empresas solo juegan un “papel periférico en el mercado multimillonario de opioides de venta con receta”.