EE UU y Canadá

El 21 de febrero de 2022, New York Magazine publicó un artículo sobre las artimañas que utiliza la industria para seguir haciendo lo que quiere en EE UU [1]. El artículo está bien documentado, utiliza un lenguaje didáctico y, aunque se refiera a EE UU, la situación podría ser muy parecida en otros países de la región. Resumimos los puntos más importantes.

El 19 de septiembre de 2019, se introdujo en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Elijah Cummings Lower Drug Costs Now (Bajar los precios de los medicamentos, ahora) o H.R. 3. Era un golpe frontal a la industria farmacéutica, que estaba acostumbrada a la docilidad y deferencia del Congreso. De convertirse en ley, la H.R. 3 permitiría al gobierno federal negociar los precios de “al menos” 50 de los 250 medicamentos más caros de Medicare, y establecería límites estrictos a los precios de la insulina. El proyecto de ley contaba con un apoyo que oscilaba entre el 80 y el 90% de la población estadounidense.

En 2022, los beneficios de las farmacéuticas se están disparando, pero a la vez una cuarta parte de los estadounidenses tiene dificultades para pagar sus medicamentos de venta con receta; y uno de cada tres los raciona.

El Senado no prestó atención al proyecto de Ley H.R. 3, y dos años más tarde, cuando la administración Biden propuso el enorme proyecto de ley de gasto social y cambio climático Build Back Better o Reconstruir Mejor, las reformas que había introducido la H.R 3 se habían diluido enormemente. Esto generó una reacción por parte de los grupos más progresistas “La gente no puede entender por qué no hemos sacado adelante una legislación importante que apoya el 80% del pueblo estadounidense”, señaló entonces Bernie Sanders.

La administración Biden respondió añadiendo algunas reformas a los precios de los medicamentos, pero mucho más débiles que las de H.R. 3. Limitaba la negociación de precios por parte del gobierno a “diez medicamentos” a partir de 2025, ampliándose a un máximo de 20 para 2028. Solo se podrían negociar los precios de los fármacos que ya habían disfrutado de nueve a doce años de exclusividad en el mercado, y que de todos modos estaban en vías de enfrentarse a la competencia de los genéricos. A diferencia de la H.R. 3 original, la nueva versión no obligaba a que los precios negociados estuvieran disponibles en el mercado comercial para beneficio de quienes no tuvieran seguro gubernamental (la única excepción era el tope de US$35 para la insulina). En su lugar, proponía un impuesto corporativo para limitar las subidas de precios comerciales a la tasa de inflación.

En total, estas reformas reducirían el gasto público en medicamentos en unos US$80.000 millones a lo largo de una década. Mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la H.R. 3 original habría reducido el gasto gubernamental en medicamentos en US$500.000 millones de dólares, suficiente para pagar la ampliación de la cobertura dental, auditiva y visual para más de 60 millones de personas en Medicare.

¿Cómo hace la industria para impedir que proyectos de ley que cuentan con el apoyo mayoritario de la población estadounidense fracasen? Quizás es que los políticos ya no representan a los votantes, pero la industria también utiliza estrategias que acaban paralizando o al menos diluyendo las decisiones que no les interesan.

La industria farmacéutica vive en un estado de alarma permanente. Ninguna victoria es segura, y ningún cambio político es demasiado pequeño para no ser considerado como una amenaza existencial. En noviembre de 2019, Stephen Ubl, director general de PhRma, dijo en una rueda de prensa que la H.R. 3 hundiría la ciencia médica, y no habría innovación.

A pesar de que las bases de la innovación se siguen produciendo con financiamiento público, la industria se sigue presentando como la gran innovadora. Tras la comercialización de las primeras vacunas covid, la industria lanzó una campaña, “No nos den por muertos”, argumentando que la reforma de precios y patentes dejaría a la humanidad indefensa ante futuras pandemias. En marzo de 2020, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes trató de imponer condiciones al primer tramo de US$8.000 millones de subvenciones para investigar el coronavirus. Uble dijo que “La industria no participaría en la investigación de emergencia sobre la pandemia…si la colaboración con el gobierno se traducía en una pérdida de propiedad intelectual o en que el gobierno fije los precios”.

Aunque las vacunas covid son fruto de décadas de investigación realizada en laboratorios académicos, con fondos públicos, no impidió que las industrias las reclamaran como propias. Un funcionario estadounidense involucrado en el programa de vacunas Warp Speed dijo que permitir que las corporaciones se adueñaran de las vacunas de ARNm es “el mayor golpe de marketing en la historia de las farmacéuticas estadounidenses”.

La Casa Blanca de Biden está repleta de amigos y ex alumnos de las grandes farmacéuticas y de sus empresas de cabildeo. En el Congreso, la oposición republicana unificada y los escasos márgenes demócratas dieron un enorme poder a los representantes demócratas aliados con la industria. Cuando Biden presentó su diluido plan en noviembre pasado, Pharma volvió al ataque, y está trabajando para evitar que se impongan límites a los copagos por la insulina y se limite la subida de precios a la tasa de inflación.

La industria ha contratado a buenas empresas de marketing para bombardear al público con mensajes alarmistas contra los demócratas más vulnerables y que podrían no ser reelegidos en noviembre.

El dinero de las farmacéuticas sigue fluyendo en todos los niveles de gobierno. En 2021, la industria informó haber gastado US$124 millones en 846 cabilderos, aproximadamente dos por cada miembro del Congreso. El 65% eran antiguos empleados del gobierno.

La industria farmacéutica también actúa a través de coaliciones más amplias que incluyen a las empresas de seguros, dispositivos médicos y hospitales. Uno de los foros es el Healthcare Leaderhisp Council, que contrata a docenas de empresas de cabildeo, organiza talleres y grupos fachada que promueven las posturas de la industria al mismo tiempo que les otorgan una imagen de credibilidad. A través de esta estrategia, resulta difícil saber que detrás de los mensajes de empresas pequeñas está el Healthcare Leadership Council o la industria farmacéutica.

Estos grupos fachada se generan y desaparecen según convenga; y algunos trabajan en los estados, para evitar reformas a ese nivel.

A veces, estas industrias pueden aparentar que no todas comparten la misma agenda, pero en realidad es un juego que utilizan desde hace muchos años para desviar la atención y confundir al público y a los responsables de definir políticas. Por otra, parte, dentro de estas coaliciones, son las farmacéuticas las que gozan de mayor poder, pues son las que más se benefician de las políticas actuales y las que más tienen que perder.

El poder de las farmacéuticas es increíble y gastan todo lo necesario para mantenerlo. Pueden invertir en un legislador y aunque los decepcione, seguirán tratándolo bien porque eventualmente se pondrá de su lado. Es una estrategia a largo plazo que la mayoría de las industrias no pueden emular.

La industria suele tratar de cooptar a los congresistas nuevos, porque suelen saber poco sobre políticas farmacéuticas y no tienen posturas tomadas. Es el mejor momento para tratar de disuadirlos de hacer algún cambio en la política farmacéutica. “Si un demócrata de primer año firma una carta relacionada con los precios de los medicamentos, el grupo de presión le bombardea con llamadas telefónicas y solicitudes de reunión, bloqueando completamente el calendario”, dice Alex Lawson, director ejecutivo de Social Security Works, una organización sin ánimo de lucro de Washington DC. “Las llamadas proceden de exfuncionarios y empleados demócratas, por lo que tienen que acudir a las citas. Son implacables, y acaban convenciendo a la víctima de que no vale la pena enfrentarse a Pharma”.

Todos los congresistas pueden esperar visitas de asociaciones de pacientes y de pacientes afectos por alguna enfermedad, la mayor parte de ellas organizadas y financiadas por la industria farmacéutica; y con frecuencia estas personas irán acompañadas de alguien de la industria, para evitar que se discutan temas que no son de su interés. Algunos de estos grupos son fáciles de identificar, pero otras veces los vínculos no son tan claros, por ejemplo, detrás del Arthritis Foundation está Merck, Roche apoya a Cancer United y Eli Lilly a la Asociación Americana de Diabetes. El 83% de las asociaciones de pacientes estadounidenses reciben financiación de la industria farmacéutica [2]. La mayor parte de las veces ni las asociaciones ni los pacientes se percatan de que están siendo utilizados por la industria.

La industria farmacéutica está siempre al acecho y tiene vigías en el Congreso que los informa de cualquier movimiento que pueda perjudicar sus intereses. Un ejemplo bien conocido ocurrió en septiembre de 2016, cuando el representante demócrata Mark Pocan de Wisconsin envió un correo electrónico a los demócratas para que firmaran una carta a Barack Obama solicitando que apoyara la reforma de los precios de los medicamentos. El correo electrónico se titulaba “Estimado colega”, un protocolo que significa correspondencia oficial reservada para miembros, comités y funcionarios de la Cámara de Representantes. A los pocos minutos, Mike McKay, del Empire Group, una empresa de cabildeo que trabaja para la industria farmacéutica envió una respuesta a la lista de destinatarios con el asunto “Petición urgente: Por favor, no firme la carta del representante Pocan al presidente Obama”.

La respuesta del cabildero llamó la atención por su rapidez: McKay se dirigió a los destinatarios con el mismo “Queridos colegas” utilizado por Pocan. Era una forma de indicar que Pharma recibe inmediatamente los mensajes internos, y se sienten con el derecho de responder como si estuvieran en igualdad de condiciones con los miembros del Congreso”. Es un ejemplo claro de como Pharma domina al gobierno.

En un nuevo libro, Sickening: How Big Pharma Broke American Health Care and How We Can Repair It, John Abramson demuestra que si un hipotético proyecto de ley transfiriera un billón de dólares en ingresos por medicamentos a las arcas del gobierno durante una década, la industria farmacéutica seguiría estando entre las que más beneficios devengan; y su impacto en la innovación terapéutica sería mínimo. En realidad, “El número de nuevos fármacos que aportasen beneficios verdaderamente nuevos en 30 años es de entre dos y tres, y son los que se sacrificarían por las negociaciones de precios”, escribe Abramson.

Por qué la industria produce tantos medicamentos sin nuevos beneficios terapéuticos es el tema de un nuevo informe del Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes [3]. El informe explora hasta qué punto la “innovación” es un factor que influye en los precios, las patentes y las prioridades de gasto de Pharma, en contraposición a la remuneración de los ejecutivos, la recompra de acciones y los gastos de marketing. La respuesta es “no mucho”. Entre 2012 y 2017, las empresas que fabrican los 20 medicamentos de marca que más utilizan los beneficiarios de la Parte D de Medicare aumentaron sus precios a un ritmo aproximadamente diez veces superior al de la inflación. Luego recompensaron a los accionistas y a los ejecutivos, cuyos bonos dependen de las ganancias que generan.

Por ejemplo, Mark Alles, exdirector general de Celgene, recibió un bono de US$500.000 al decidir aumentar el precio de su medicamento contra el cáncer, Revlimid, que es poco más que una modificación de la talidomida. En una presentación interna, los ejecutivos de Celgene atribuyen el éxito en el mercado del Revlimid a la incapacidad del gobierno estadounidense para negociar los precios.

Los documentos internos captan una honestidad similar entre los gerentes de Pfizer. En una presentación de 2016, los ejecutivos asignan la rentabilidad histórica de la compañía no a la brillantez de sus científicos o su compromiso con la innovación, sino a su libertad para imponer “aumentos de precios en el mercado estadounidense”.

“Los precios excesivos y las prácticas anticompetitivas de la industria no responden a la necesidad de innovar”, concluye el informe condenatorio. “Se han utilizado para enriquecer a los ejecutivos y accionistas de las empresas”.

Aún peor, un gran número de medicamentos con precios escandalosos no son tratamientos nuevos, sino productos que ya no gozan de exclusividad en el mercado, que han sido modificados ligeramente y a los que se ha puesto otro nombre de marca con el fin de asegurar los monopolios de segunda y tercera generación. Es lo que se conoce como perennización o evergreening.

“El 78% de los medicamentos patentados son antiguos”, afirma Robin Feldman, director del Centro de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings y autor de Drugs, Money, & Secret Handshakes: The Unstoppable Growth of Prescription Drug Prices. “Los juegos de evergreening vienen en diferentes cestas, pero todos utilizan el poder de la patente para hacer retoques a los productos existentes y ampliar los monopolios”.

Feldman publicó un estudio [4] demostrando que los 12 fármacos de prescripción más vendidos gozaban, como media, de 38 años de protección de patente, es decir, casi el doble del plazo de 20 años estipulado por la ley de patentes estadounidense. (Algunos de estos medicamentos, como Revlimid, nunca fueron lo suficientemente novedosos como para justificar una patente y la exclusividad en el mercado). Un estudio publicado en Nature [5] explica como las empresas amplían los monopolios de medicamentos contra el cáncer mediante el cambio de marca y la reorganización de los mismos como “nuevas terapias combinadas”. Todo esto socava las políticas para reducir el gasto en medicamentos y desvirtúa el acuerdo social por el que se justificaron las patentes.

El artículo termina diciendo que hay razones para pensar que el poder de la industria farmacéutica se ha ido erosionando, y la amenaza de que sin la industria no hay innovación ha perdido algo de valor porque los medicamentos innovadores son tan caros que la mayoría no los puede comprar.