Ética, Derecho y Ensayos Clínicos

Litigación y multas

Uruguay. Cadena de farmacias suspende inversiones
El País, 10 de octubre de 2015
http://www.elpais.com.uy/informacion/cadena-farmacias-suspende-inversiones.html

Después que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) suspendiera solo una ínfima parte del decreto que estableció una nueva regulación para las farmacias, la cadena Farmashop dice que tienen sus inversiones programadas en suspenso, que el decreto imposibilita su funcionamiento y que evalúa presentar la demanda internacional ante el centro de arbitraje del Banco Mundial. Fuentes de la cadena de farmacias dijeron a El País que recibieron la resolución con “disgusto”.

Farmashop, que tiene 92 sucursales en todo el país, había presentado una acción de nulidad pidiendo a la Justicia que revoque el decreto del expresidente José Mujica que limita a 15 las farmacias que puede tener una cadena. La acción de Farmashop ante el TCA sostenía que “el decreto viola la Constitución de la República, las leyes vigentes sobre el sector farmacéutico y sobre competencia de mercado, así como también lo acordado por Uruguay en tratados de protección de inversión con España, Holanda y Canadá”.

En su momento el argumento del gobierno para el decreto fue que “por gozar de posición dominante pueden alterar las variables que rigen la disposición de medicamentos, priorizando elementos ajenos al fin primordial”.

La disposición además prohibió a las farmacias tener centros de distribución, call centers para recibir y organizar pedidos y vender productos online o por medios electrónicos.

Porque todos esos aspectos “son claves” para Farmashop, la cadena presentó el recurso de nulidad ante el TCA para que se suspenda la aplicación de la totalidad del decreto.

Sin embargo, solo se suspendió la parte que refiere a que Farmashop tiene un plazo de 180 días para cerrar su centro de distribución.

Según había publicado El Observador, el ministro del TCA, Juan Pedro Tobía, no implica un pronunciamiento de fondo sobre la norma, y se espera que “el fallo definitivo sobre el decreto se conozca en pocos meses”.

Para la cadena, el fallo mantiene vigente la prohibición misma de tener un centro de distribución, simplemente se suspende el plazo para cerrarlo cuando ya se tenga uno funcionando, y eso es un “impedimento para el funcionamiento”.

“Esto para nosotros significa en los hechos la imposibilidad de funcionar, porque impediría el normal abastecimiento de las farmacias”, aseguraron a El País fuentes de la empresa.

Dicen que la norma además le imposibilita a la cadena “vender su negocio salvo que lo desmiembre, con las pérdidas que eso genera”. “Ya hemos tenido una pérdida de valor considerable”, afirman.

Además del recurso ante el TCA, Farmashop estaba preparando la presentación de una demanda internacional ante el centro de arbitraje del Banco Mundial, que dejó en suspenso ante el cambio de gobierno. Sin embargo, con el fallo sobre la mesa la presentación vuelve a ser una opción ahora para la firma.

“Si bien no ha presentado por esta razón la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) esta alternativa no ha sido descartada. El CIADI es un centro del Banco Mundial que “presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones”, dijo la fuente.

Revuelo.
Cuando el gobierno sorprendió con el decreto a los comercios del ramo, Farmashop y otros grupos de empresarios del sector, presentaron recursos administrativos ante el Poder Ejecutivo porque entendieron que era violatorio del marco jurídico vigente, al establecer una limitación de derechos que solo una ley puede legislar.

Las farmacias más chicas también presentaron quejas por entender que el decreto perpetúa a las más grandes como líderes del mercado, pues el decreto no establece que quienes hoy tengan más de 15 locales deban deshacerse de ellos. Hoy en día hay unas 1.000 farmacias en Uruguay.

Vencido el plazo legal de 180 días para que el Ejecutivo contestara, se elevaron los planteos al TCA para pedir la suspensión y declaración de inconstitucionalidad.