Es una realidad mundial que los medicamentos tienen un costo tan alto que están poniendo en crisis los sistemas de salud. La cobertura de medicamentos de alto costo genera mayor inequidad en salud, pues muy pocos en Argentina tienen acceso ya que carecen de cobertura.

Que hacen otro países del mundo: en general sobre todo en Europa, también Uruguay la salud es igualitaria para todos sus habitantes, en estos países los nuevos fármacos ingresan PRIMERO, si efectivamente son mejoras terapéuticas reales y superan los protocolos de las drogas anteriores, SEGUNDO: existen marcos regulatorios de precios que tienen que ver con análisis de costo, efectividad, volumen, precios comparativos) TERCERO: se asegura que el Estado podrá cubrir a todos sus habitantes con esa nueva droga y no a una minoría, y hasta que no se garantiza el financiamiento no se aprueba.

Un claro ejemplo de esto es una insulina de laboratorio Novo Nordik, empresa farmacéutica dinamarquesa que no logró aprobar el fármaco en su país de origen por los altos costos. En Argentina se paga hasta cuatro veces más caro que en el Reino Unido y España el mismo tratamiento con la misma droga, según detectó un estudio comparativo de la Asociación de Agentes Propaganda Médica (AAPM).

Ante la evidencia del abuso de mercado existente en nuestro país, reiteramos que es acuciante adoptar una política de Estado que frene el asfixiante gasto en medicamentos de alto costo que afrontan el PAMI y las obras sociales. Los abusos de precios con sus injustificables diferencias fueron detectados en Erbitux de Merck Serono y en Aubagio de Genzyme/ Sanofi, pero se supone que son apenas la punta del iceberg. Por eso reclamamos del Ministerio de Salud y de la autoridad regulatoria ANMAT que encare seriamente un estudio comparativo para evitar estos desfasajes que pagamos todos los argentinos a través de la seguridad social.

El medicamento Erbitux (cetuximab) para el cáncer de colon de Merck Serono, se comercializa en Argentina a un precio de 42.035,62 pesos en su presentación de 5mg x 100 ml, mientras que Reino Unido su precio es de 890 libras (11.575,85 pesos) por 5mg x100ml. De acuerdo a la posología del Erbitux indicada por Merck Serono durante la primera etapa del tratamiento se quiere suministrar al paciente 1.150 ml.

En Reino Unidos implica un costo aproximado de 2.300 libras (30 mil pesos). En argentina el mismo tratamiento cuesta alrededor de 95 mil pesos. Además, Merck Serono aceptó en Reino Unido incluir su medicamento en el sistema de “contrato de riesgo compartido” por el cual el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, en inglés National Health Service), abona los medicamentos oncológicos una vez que demuestren su efectividad. El medicamento Aubagio (terifunomida) de Genzyme (subsidiaria de Sanofi) está aprobado en Argentina desde abril de 2013 para el tratamiento de la esclerosis múltiple y su costo es de 60.939,409 pesos, aunque las obras sociales acceden a un descuento que implica un desembolso de “apenas” 48.142 pesos en su presentación de 14 mg por 28 comprimidos. En España desde fines de enero se ofrece el mismo medicamento a un costo de 1053.18 euros en la presentación de 14 mg x 28 comprimidos. O sea, el equivalente a alrededor de 11.583 pesos, según el cambio oficial.

Un tratamiento anual en Argentina con Aubagio tiene un costo estimado de 577 mil pesos mientras que en España el tratamiento anual oscila en 8000 euros (88 mil pesos) según calculó la doctora Amaia Forner, responsable médico para Esclerosis Múltiple en Genzyme, cuando presentaron el medicamento el 30 de enero en Madrid. España tampoco ha autorizado después de dos años de su aprobación en Europa el ingreso a su mercado de la insulina Tresiba de Novo Nordisk y en diciembre pasado el laboratorio intentó sutilmente incentivar a una “asociación de pacientes” para que reclame al gobierno.

Tresiba se comercializa en Argentina desde el 30 de diciembre de 2013 a un precio de 2.739,30 pesos en su presentación de cinco unidades. En Inglaterra este producto cuesta 72 libras esterlinas (972 pesos argentinos), casi un tercio del valor que pagamos todos los argentinos. En España el producto aún no se comercializa pues no acordaron el precio con el laboratorio. Argentina aprueba sin ninguna regulación todos los precios, se fijan al libre albedrío y el marketing de los laboratorios es el que dispone los precios al máximo valor tolerable por el mercado. Hay medicamentos cuyo costo ha generado una rebelión en los gobiernos europeos y en las aseguradoras de salud de EEUU. Por ejemplo, un fármaco de laboratorio Gilead para la hepatitis, SOVALDI, cuyo costo para un tratamiento normal es de 41.000 euros. En Argentina los medicamentos de alto costo son financiados por la seguridad social a través del PAMI, las obras sociales sindicales y provinciales, y eventualmente por los ministerios de Salud, cuando son forzados mediante la “judicialización” de las prestaciones, en la que los laboratorios suelen estar detrás de los demandantes.

Tampoco figuran en la Guía Kairos, referente de precios para el mercado, ya que son vendidos directamente a las obras sociales y el PAMI. Pero no existe ningún sistema de evaluación, ni previo o posterior, sobre la eficacia de esos medicamentos que en muchas ocasiones no aportan ninguna ventaja terapéutica, pero que asociaciones de pacientes financiadas por los laboratorios le reclaman al Estado. Un medicamento de alto costo en Argentina no requiere demostrar su “eficacia” mediante exámenes o evaluaciones. Alcanza con una aprobación precedente de alguna agencia reguladora de Estados Unidos o Europa como “certificado de calidad”.

En Reino Unido se ha comenzado a aplicar el sistema de “contrato de riesgo compartido” por el cual se paga el medicamento de acuerdo a la efectividad, y sistemas similares ya existen en Catalunya e Italia. Argentina paga tres veces más caro el mismo tratamiento oncológico que en Reino Unido. Debería ser a la inversa en todo caso ya que el salario mínimo en el Reino Unido es de 1.301,31 euros (Eurostat/julio 2014) equivalente a 13.338,42 pesos (cotización oficial Banco Nación).

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la empresa químico-farmacéutica alemana Merck Serono ya habían firmado un acuerdo de “riesgo compartido” para los tratamientos de pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRM) con su anticuerpo monoclonal cetuximab, en febrero de 2014. Los contratos de riesgo compartidos deberían aplicarse “especialmente para aquellos medicamentos cuya eficacia presenta una mayor incertidumbre”, apuntó Jaume Puig-Junoy, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, el NHS británico excluyó a 25 oncológicos que eran financiados a través del Cancer Drugs Fund (Fondo para Medicamentos contra el cáncer), debido a sus precios excesivos con relación a su efectividad.

El Fondo para Medicamentos contra el cáncer de Reino Unido entró en vigor en 2011 como una fuente de financiación adicional a los aproximadamente 1.600 millones de euros que el NHS gasta anualmente en la provisión de fármacos oncológicos. El Fondo aportó alrededor de 261 millones de euros anuales desde 2011 y ese presupuesto se incrementó a 443,6 millones de euros para el ejercicio 2015/16. Un panel nacional compuesto por oncólogos, farmacéuticos y representantes de los pacientes es el encargado de revisar las indicaciones de los fármacos que se financian con el presupuesto del Fondo.

El panel realiza una evaluación detallada de la evidencia disponible, examina el beneficio clínico, tasas de supervivencia, calidad de vida, toxicidad, seguridad y costo promedio por paciente. En aquellos casos en que el alto costo del medicamento justifica su exclusión del listado, el NHS le concede a los laboratorios la “oportunidad” de reducir sus precios. La multinacional Roche no quiso reducir el costo de su oncológico Kadcyla para el cáncer de mama, que tiene un costo de 90 mil libras por paciente y fue excluido del Fondo. Lo mismo ocurrió con la japonesa Eisai que tampoco quiso negociar el precio de su medicamento Halaven, también para el cáncer de mama. Roche ya había atravesado por una situación similar en Brasil cuando en 2001 el gobierno de Fernando Cardoso anunció que suspendía la patente del Nelfinavir contra el sida debido a su preciso excesivo.

Después de una pulseada de hierro que duró varios meses, la multinacional suiza aceptó rebajar 40 por ciento el precio de su fármaco. En cambio, MSD de Estados Unidos no aceptó negociar el precio de Efavirenz también contra el sida, y en 2007 el presidente Inacio Lula Da Silva le quitó la patente. Roche consideró que la decisión del servicio público de salud del Reino Unido de no financiar su fármaco “es una injusticia increíble”.

Pero no fue el único ya que otros 16 medicamentos fueron excluidos de la financiación, al demostrarse que la ecuación costo/beneficio no compensaba que fueran pagados por el Fondo. “Había medicamentos que no ofrecían beneficios clínicos suficientes así que simplemente no podíamos seguir financiándolos”, afirmó el presidente del Fondo, Peter Clark. El Reino Unido debió adoptar medidas de ajuste en su sistema de salud porque la Universidad de Oxford calculó que el gasto en oncológicos creció a 5,6 mil millones de libras durante la última década y que se disparará otro 50 por ciento durante la próxima década.

Las consultoras internacionales y un estudio del Institute of Medicine (IOM Home) de Estados Unidos han calculado que los nuevos oncológicos aumentaron cuatro veces por encima de la inflación con una media de 5 mil dólares mensuales. A nivel mundial el gasto en medicamentos contra el cáncer ha aumentado 160 por ciento desde 2003, casi el doble del incremento sufrido por el mercado total de medicamentos, llegando a 91 mil millones de dólares, señaló el informe de IOM Home. El informe “Value in Pharmaceutical Pricing” de la OCDE, organización de países desarrollados, propuso en 2008 que los países debían pagar por los medicamentos en relación al “valor” que aportan a los sistema de salud y a la sociedad.

Además de Reino Unido, Australia, Canadá, Corea, Países Bajos, Noruega, Suecia, Francia y Alemania fueron adoptando en los últimos años el concepto de “valor”, aunque no todos los aplican de la misma manera. En Alemania no se autoriza un precio superior para un nuevo medicamento con relación a otro similar ya existente en el mercado, si no demuestra su “beneficio incremental”, explicó Andreas Gerber, director de Economía para la Salud del Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en la Atención a la Salud (IQWIG).

Dinamarca, Corea, Noruega y Suecia han adoptado un modelo de “perspectiva social” para evaluar las tecnológicas de la salud, pero pocos países aplican ese “perspectiva social” en la evaluación económica. Italia como consecuencia de la crisis también ha comenzado a aplicar un sistema alternativo de “riesgo compartido”, en que los laboratorios pagan el primer ciclo del tratamiento y de demostrar su efectividad, en una segunda etapa se hace cargo el Estado “solo en los pacientes que hayan respondido al tratamiento”.

De una manera u otra, la mayoría de los países europeos aplican regulaciones que no existen en Argentina, donde un medicamento de alto costo sale al mercado con la financiación virtualmente asegurada del PAMI y las obras sociales y sin correr ningún riesgo de exámenes de eficacia. En vez de pagar por medicamentos de alto costo, las autoridades sanitarias de Argentina deben garantizar el acceso universal a los medicamentos, exigir que todos los laboratorios realicen estudios de costo/beneficio en el país y que la promoción de los fármacos no se reduzca a las zonas con poder adquisitivo donde pueden pagar tratamientos astronómicos o a través de obras sociales cautivas.

El medicamento es un bien social y si alguien requiere de un tratamiento de alto costo, no deben existir diferencias entre el norte argentino o Formosa, y las clínicas y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires donde se garantiza “el mejor tratamiento” financiado por el Estado, directa o indirectamente.

Por eso desde la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) proponemos a los legisladores, autoridades sanitarias, prestadores de salud, colegios profesionales y académicos, la discusión pública de un modelo que resuma las experiencias de Reino Unido y otros países desarrollados para evitar el desguace de la seguridad social y el sistema público de salud.