De los 1.635 medicamentos registrados por los laboratorios farmacéuticos ante el Instituto de Salud Pública que había en 2013 -cuando estaba en su última etapa la discusión de la Ley de Fármacos y paralelamente se le daba impulso a la política de bioequivalencia entre los medicamentos-, hoy solo quedan 1.341. Ello, según datos de la Asociación de Industriales Farmacéuticos, que agrupa a los laboratorios nacionales, expuestos ante la comisión de Salud del Senado.

La diferencia entre ambos números -de 294 medicamentos-, corresponde a fármacos cuyos laboratorios productores han solicitado durante los últimos tres años la “suspensión voluntaria” de sus registros sanitarios. Es decir, han salido del mercado.

Estos medicamentos corresponden a 133 que se vendían directamente, a 150 que tenían como condición de venta la receta retenida y otro 11 que requerían de una receta-cheque.

Según la presentación hecha por Elmer Torres, presidente de Asilfa, ante la comisión, estas cifras muestran que la Ley de Fármacos “provocó una reducción de la oferta de medicamentos, además de un alza de precios, tal como lo anticipó nuestro gremio en 2013”.

El ex ministro Jaime Mañalich coincide con Torres en los efectos provocados, pero los atribuye a causas completamente distintas. A juicio de Mañalich, el retiro de estos medicamentos “es una decisión netamente comercial, muchos de estos medicamentos fueron sometidos a bioequivalencia. El ISP demostró que eran de calidad, pero el laboratorio que los producía no los comercializa, simplemente porque la utilidad que produce una marca propia es del orden de 70%, y la de un genérico es de 12%”.

Para el Ministerio de Salud, en tanto, la explicación tiene otros componentes. Primero, “creo que la cifra (de medicamentos retirados del mercado) es todavía mayor a la planteada por Asilfa”, dice el jefe de la división de políticas públicas de Salud, Tito Pizarro, quien agrega que los primeros decretos que obligaron a certificar la bioequivalencia entregaron plazos acotados, que finalmente hicieron que los laboratorios no pudieran certificar todos los productos, debiendo retirarlos del mercado. “Eso lo hemos corregido postergando algunos plazos”, explica Pizarro.

El médico plantea que esto no significa retrasar el proceso de bioequivalencia, sino reordenarlo, debido a que hay un conjunto de medicamentos que llevan décadas en el mercado sin generar problemas, por lo que son susceptibles de esperar para ser certificados.