Según las nuevas regulaciones federales anunciadas el 16 de septiembre, los investigadores tendrán que dar a conocer los resultados de muchos más ensayos clínicos con medicamentos y dispositivos médicos que no llegan a comercializarse [1].

La regulación federal, que también requiere informes más completos sobre las muertes, aclara y fortalece una ley de 2007 que exige que los investigadores informen sobre los resultados de muchos estudios de tratamientos experimentales que se llevan a cabo en humanos para enfermedades tales como la diabetes, el cáncer y los problemas cardiovasculares.

El año pasado, una investigación de STAT [2], documentó un incumplimiento generalizado de la obligación de informar, tanto por parte de las compañías farmacéuticas como por las instituciones académicas -incluidas las universidades que más fondos reciben del gobierno para investigar – y de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud. En la gran mayoría de casos, los resultados de los estudios o no se dieron a conocer o se dieron a conocer mucho tiempo después de los plazos reglamentarios.

Sin embargo, no se ha multado ni penalizado a ningún investigador o patrocinador de un ensayo, informó STAT, a pesar de que la FDA tenía, desde que la ley entró en vigor en 2008, autoridad para sancionar a los infractores con multas de más de US$25.000 millones.

Funcionarios del gobierno dijeron que las nuevas regulaciones tienen por objetivo mejorar el cumplimiento de los requisitos para el registro público de los ensayos y la publicación de los datos en la página web ClinicalTrials.gov [3]. Pero los que defienden la transparencia de la investigación clínica advirtieron que el éxito de las nuevas normas, que entrarán en vigor el 18 de enero de 2017, dependerá de la fuerza con que el gobierno la haga cumplir.

Los datos ayudan a los médicos y a los pacientes a evaluar la seguridad y los beneficios de los tratamientos, y a los investigadores a hacer un análisis informado sobre futuras investigaciones.

En junio, el vicepresidente Joe Biden, citando la investigación de STAT, hizo un llamado para que se retiraran las subvenciones federales a quienes que no cumplen la ley [4]. El 16 de septiembre, mientras anunciaba mejoras paralelas a la página web de ensayos clínicos del Instituto Nacional del Cáncer, dijo que aquellos cambios y las nuevas reglas de ClinicalTrials.gov “mejorarán la seguridad, la accesibilidad y el impacto de nuestro sistema de investigación clínica”. “Ayudará a los pacientes de hoy y a los investigadores de todo el mundo en su misión de buscar nuevas terapias. Y llegan en un momento clave de nuestra lucha contra el cáncer”.

El año pasado, funcionarios federales dijeron que no penalizarían a los delincuentes hasta aclarar las reglamento sobre la diseminación de información. El comisionado de la FDA, Robert Califf, dijo a los periodistas durante una conferencia telefónica que ahora que está sucediendo: “Espero que se registren una avalancha de ensayos clínicos… Sería muy difícil ocultar que una persona está haciendo un ensayo clínico u ocultar los resultados. … En esto, soy muy optimista.”

En las nuevas normas se han dejado muchas excepciones para la notificación de resultados de estudios financiados con fondos privados, incluidos pequeños ensayos que sólo examinan la seguridad de un nuevo fármaco, pequeños estudios de viabilidad de dispositivos médicos y estudios de intervención conductual. Una política del NIH obliga a reportar los resultados de este tipo de estudios cuando han sido financiados por los NIH.

La mayoría de los ensayos listados que se registraron en ClinicalTrials.gov antes de 2008 también están exentos. Las exclusiones son tan amplias que sólo una fracción de todos los ensayos ha estado sujeta a toda la normativa. Cuando STAT examinó los datos el año pasado, sólo 9.000 ensayos, entre casi 200.000, estaban sujetos a la obligación de dar a conocer los resultados. Según la nueva normativa, el porcentaje de ensayos que deben informar los resultados ira gradualmente aumentando.

Los investigadores también tendrán que presentar, si se recoge esta información, el origen étnico de los voluntarios de los ensayos y dar más detalles sobre los eventos adversos – posibles efectos secundarios de un tratamiento – que ocurran en más del 5% de los pacientes.

Las nuevas reglas también requieren que los patrocinadores actualicen anualmente la página web para reportar el estatus de los ensayos en curso. En la actualidad, algunos registros languidecen durante años sin actualizarse, por lo que el público y a otros investigadores no saben si el ensayo todavía está implementándose.

Algunos expertos dijeron que si bien las nuevas normas deberían ayudar, todavía quedan interrogantes acerca de si las estrategias para hacerlas cumplir serán suficientes para subsanar las omisiones de las compañías o universidades.

“No basta con decir que se podrán imponer ciertas sanciones”, dijo Ben Goldacre, miembro de la Universidad de Oxford y cofundador del proyecto COMPare y Alltrials.net, que abogan por la divulgación completa de los resultados de la investigación clínica. Dado que los estudios han demostrado que sólo una pequeña fracción de los ensayos cumplen con la ley, Goldacre dijo: “Eso me parece que es como una emergencia”.

Goldacre también dijo que se podría pensar que el gobierno se va tomar en serio el cumplimiento de las nuevas normas si la FDA y los NIH aumentan el número de técnicos dedicados a esta función. Pero, según Califf, comisionado de la FDA responsable de verificar que el sector privado reporta los resultados, no va reclutar personal adicional para ese trabajo, y lo mismo respondió Francis Collins, director de los NIH, que son responsable de vigilar que se den a conocer los resultados de los ensayos subsidiados por los NIH y los ejecutados por personal el NIH.

Eso es “un gran problema”, dijo Goldacre.

Califf dijo que el cumplimiento de la nueva normativa se incluirá en el programa existente de monitoreo de la bioinvestigación, que recopila información sobre los ensayos clínicos durante las inspecciones a las compañías.

La ley permite que la FDA multe a las empresas por incumplimiento hasta con US$10,000 diarios y permite que el NIH retenga los fondos de aquellos que violen la ley.

“Normalmente, cuando la FDA cree que puede haber una violación de la ley, envía una carta de advertencia” para que se haga voluntariamente la corrección, dijo Califf. Califf espera que este método resuelva la mayoría de los problemas, y prometió que el público conocerá con total transparencia como se está cumpliendo la nueva normativa.

Collins dijo en la rueda de prensa: “No creo que nadie quiera quedar expuesto en el paredón de la vergüenza” – un aviso en ClinicalTrials.gov que dé a conocer que un ensayo está violando la ley. No vamos a tener un gran ejército para hacer cumplir las normas, pero de verdad no creo que (vaya a ser) necesario”.

Ambas agencias automatizarán la verificación del cumplimiento para asegurar que los ensayos estén debidamente registrados y se informe sobre sus resultados, y cuando sea necesario se pongan en contacto con las instituciones para que entreguen todos los datos requeridos por la ley. Collins dijo: “Esto nos lo estamos tomando muy en serio”, y si es necesario retendremos los fondos. Y añadió: “Es difícil arrear gatos, pero puedes mover su comida o quitarles la comida”.

La legislación que creó ClinicalTrials.gov surgió al constatar que muchos fabricantes de fármacos retenían los resultados negativos de los ensayos, con el objetivo de que los fármacos parecieran más eficaces y con menos riesgos. Hace más de una década, el esfuerzo por comercializar el antidepresivo Paxil para los adolescentes fue responsable de que se exigiera mayor información sobre los resultados de los ensayos. Un análisis reciente [5] publicado en el BMJ encontró que en el 2001 GlaxoSmithKline, fabricante de Paxil, retuvo información demostrando que el fármaco no era más eficaz que un placebo, y aumentaba los intentos de suicidio entre los adolescentes.

“Esperaba que se aclararan algunas de las áreas de las legislación y de las políticas que estaban realmente confusas”, dijo Jennifer Miller, un médico y eticista de la Universidad de Nueva York que es experta en informes de ensayos, pero después de leer los resúmenes proporcionados por el NIH. “No creo que lo que se ha hecho sea suficiente”.

Miller dijo que las nuevas reglas siguen siendo ambiguas sobre si los requisitos de informar sobre los nuevos medicamentos se aplican también a medicamentos antiguos que se están estudiando para nuevos usos.

También pidió que hubiera mayor discusión sobre si los requisitos de informar se aplican a los ensayos iniciales de seguridad que se realizan en humanos, que pueden ser más vulnerables que los voluntarios sanos que participan en estudios de seguridad. Esto requeriría un cambio en la ley o en la FDA que alentara la notificación voluntaria de estos ensayos.

Collins dijo que el gobierno se ha comprometido en arreglar el sistema de registro. “Se trata de mantener la confianza que tenemos con los participantes en los ensayos clínicos”, dijo. “Si no cumplimos con esa expectativa, estamos ante un fracaso ético”.