La medida se presenta por la obligación que tienen los colegios municipales de implementar el procedimiento médico en comparación a los privados, y por la falta de información que existe sobre los efectos adversos que podrían existir para las niñas de enseñanza básica que lo reciban.

Con el objetivo de suspender indefinidamente la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en menores, más de 30 apoderados de niñas que cursan entre 4° y 8° año de enseñanza básica presentan un recurso de protección en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo.

La medida interpuesta por los padres en el Palacio de Tribunales de Justicia, es respaldada por la diputada del Partido por la Democracia (PPD), Cristina Girardi, quien aseguró a La Tercera que “si bien el Código Sanitario establece, con la modificación que se hizo en 2010, la obligatoriedad de las vacunas, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente tiene un rango superior, que establece que las personas no pueden ser obligadas a recibir ningún tipo de procedimiento médico”, salvo en casos en que la vida del paciente esté en riesgo.

Una de las principales críticas que se le hace a la medida, que inició una nueva versión de su campaña este 31 de agosto, es la imposición que aseguran que existe para los colegios municipales a la hora de administrar la vacuna. Caso que no se repetiría en centros académicos de carácter privado.

En el caso de este último tipo de colegios, Girardi señala que “todos le preguntan a los padres si autorizan o rechazan la vacuna. Les dan la opción y además le ponen ahí cuáles son las razones, les detallan una serie de alternativas de por qué rechazar la vacuna”, asimismo les darían la opción de “no querer manifestar las razones de su rechazo” al tratamiento.

Por otra parte, la parlamentaria indica que “la ley también obliga a que la autoridad sanitaria informe adecuadamente a las personas que se van a someter a cualquier tipo de tratamiento o procedimiento médico”, hecho que no ocurriría en el caso de las circulares que entrega el Minsal.

“Aquí no hay ningún tipo de información”, asegura Girardi, quien agrega que “los efectos adversos súmamente graves” no aparecen en el documento entregado por la entidad gubernamental, a pesar de que sí se expongan en el prospecto elaborado por los laboratorios.

“Nos parece que el Ministerio está claramente vulnerando el derecho de las personas a recibir información”, enfatiza la militante del PPD.

Gestión que también fallaría en la administración de la vacuna, la cual el fabricante indica que “debe ser puesta en tres dosis, que tienen que ser idealmente durante un sólo año, separando la primera de la segunda, con un lapso no mayor a los dos meses, y la segunda de la tercera, en un lapso no superior de seis meses”, explica Girardi.

Por último, la diputada plantea la duda que existe sobre la adquisición de las dosis contra el VPH, ya que “no habiendo una situación de urgencia, el Ministerio está comprando esta vacuna vía trato directo” cuando tendría que ser “obligatoriamente por licitación pública”.

En enero de este año, la Contraloría General de la República objetó este procedimiento médico contra el papiloma, debido a que los antecedentes reunidos por el Instituto de Salud Pública (ISP) para implementarlo no contarían con elementos suficientes para comprobar la seguridad y efectividad de la vacuna.