Como exponente de una bioética basada en los derechos humanos, el Capítulo Argentino de la Red Latinoamericana y del Caribe UNESCO (RedBioética), se ve en la necesidad de objetar una medida del gobierno que considera riesgosa para los derechos de los participantes en investigaciones para la salud y el derecho a la salud. En el caso que nos ocupa, objetamos el acuerdo marco de cooperación que firmaron el Ministerio de Salud de la Nación y la farmacéutica norteamericana Janssen, publicado el viernes 8 de septiembre de 2017 en el Portal del Ministerio.

Dicho acuerdo marco ratifica la política de desprotección y sometimiento de los derechos y bienestar de los pacientes a los intereses de la industria farmacéutica internacional, tal cual lo manifestáramos recientemente en este mismo sitio, en relación a la modificación de regulaciones de investigaciones clínicas por Disposiciones ANMAT 4008/2017 y 4009/2017, publicadas con fecha 4 de mayo del presente año.

Conforme a las propias declaraciones del ministro Lemus: “Esta inversión privada da cuenta de los resultados de los cambios que emprendió ANMAT en el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica destinada a adoptar mecanismos para perfeccionar el desarrollo de las investigaciones clínicas en la Argentina en un marco ético, equitativo, eficiente y de transparencia”. Es evidente, sin embargo, que el propósito del acuerdo no es promover la salud de los argentinos y hacer que los medicamentos esenciales sean accesibles a la población, sino “atraer inversiones al país” y “generar nuevos puestos de trabajo”.

El contexto real de este marco supuestamente “ético, equitativo, eficiente y de transparencia” en el que se plantea “perfeccionar” las investigaciones clínicas, es otro. Efectivamente, está relacionado con políticas de salud del gobierno regresivas que han generado un deterioro de las prestaciones sanitarias por ausencia de planificación, precarización del trabajo médico, desfinanciación del sector público, inequidad en la distribución del presupuesto, deterioro de la relación médico-paciente, e insuficiente capacitación de pre y postgrado en investigación clínica.

El Capítulo Argentino de la Redbioética predice que las supuestas inversiones no originarán mejoras en equipamiento sanitario ni en puestos de trabajo, en entrenamiento y remuneración de los profesionales, o mejoras en el tratamiento de los pacientes. Nuestra predicción negativa está fundada en la experiencia de que la práctica de la industria farmacéutica en nuestro país ha tenido siempre por objetivo maximizar las ganancias de sus inversores y no el beneficio de la salud de la población. Además, esta industria ha consolidado una deformación en la profesionalización de los investigadores clínicos en la que, lejos de ser propender al progreso científico, son funcionales a los intereses económicos de la industria y se han distanciado de los pacientes. Los investigadores se están convirtiendo en meros reclutadores de pacientes para protocolos de investigación en los que no participan del diseño ni de los resultados. Los protocolos se importan desde países desarrollados y se desarrollan preferentemente utilizando pacientes, profesionales e infraestructura de instituciones públicas, sin cuestionamiento y con escaso control de la autoridad reguladora (ANMAT).

Desde la creación de la Redbioética en 2003 venimos advirtiendo que las investigaciones a cargo de la industria privada no respetan un estándar ético universal y que los fines y los métodos de la investigación clínica entran en conflicto con los objetivos terapéuticos locales de la medicina asistencial, ante el inexplicable y preocupante silencio de entidades científicas, académicas y médicas, que vulneran principios éticos y derechos humanos de los participantes en las investigaciones.

El argumento utilizado para firmar este acuerdo es que la inversión del laboratorio Janssen supuestamente contribuirá a aumentar la producción de medicamentos utilizando mano de obra argentina: “la compañía anunció que, a partir de la normativa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) destinada a agilizar los tiempos de respuesta de las solicitudes de autorización de ensayos clínicos y perfeccionar el mecanismo, planea ampliar su inversión a 78 millones de dólares en estudios de farmacología clínica en el país durante el período 2017-2020.”

Es más probable, sin embargo, que el verdadero motivo de esta inversión de Janssen sea ocupar un nicho de mercado en el negocio millonario de las investigaciones farmacéuticas en nuestro país, cuyos únicos beneficiados son los inversores del Norte. Esto no es un buen augurio para los derechos de los pacientes, sobre todo a la luz del hecho desconcertante que este laboratorio, que ahora desembarca en nuestro país, en el año 2013 se vio obligado a saldar un juicio en Estados Unidos, iniciado por la FDA, con el pago de US$2.200 millones por la promoción de un medicamento con usos no aprobados, lo que fue seguido por una avalancha de juicios privados (Janssen accussed of withholding data on Risperdal side effecst in autism, Jessica Wright, MedPageToday, 28 de agosto de 2015).

Como integrantes de la Redbioética expresamos nuestra gran preocupación por estas medidas que profundizan la entrega y capitulación ante los intereses de la industria farmacéutica internacional. La investigación farmacológica debe ser una tarea científica con el objetivo de mejorar la vida y la salud de las poblaciones y no puede estar guiada por la producción de puestos de trabajo ni la obtención de ganancias comerciales.

El medicamento no es un producto negociable sino un bien social al que tienen derecho todos aquellos que lo necesitan, y un primer paso en su efectivización es proteger los derechos y el bienestar de las personas que participan en los procesos de investigación.

Así como en mayo de 2017, este Capítulo Argentino rechazó las disposiciones de la ANMAT 4007 y 4008 por violatorias de derechos de sujetos de la investigación farmacológica, hoy rechaza este acuerdo celebrado gracias a la vigencia de dichas disposiciones, entendiendo que responden a intereses que nada tienen que ver con la búsqueda de respuestas éticas adecuadas a los macro-problemas y conflictos colectivos de salud que afectan a nuestro pueblo.