La reglamentación de los precios de medicamentos en el país ha oscilado de un extremo a otro, en tres etapas que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La última medida reduce hasta en un 90 % el precio de los fármacos a los usuarios. El problema sigue siendo que la salud se convirtió en una mercancía.

Las consecuencias de la regulación de precios para las finanzas del sector salud son un “ahorro” en la adquisición de medicamentos que, según el Ministerio de Salud, ha sido de Pco4,5 billones (1 US$=Pco3.029,4) entre 2014 y 2018.

La regulación del precio de los medicamentos es un síntoma de las consecuencias económicas (sostenibilidad del sistema) y sociales (acceso a quien lo requiera) que este insumo terapéutico trae para las sociedades modernas. En el caso de Colombia se pueden identificar tres etapas claramente definidas que demuestran las posturas del Estado frente a los precios del medicamento:

Inicio de la regulación. El ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, ocasiona un incremento del precio de muchas mercancías, entre ellas los medicamentos. Entonces en Colombia se promulga la primera ley para congelar el precio de estos y se crea el Departamento de Control de Mercados y Precios.

Una desregulación total. Cinco años después de que se implementara la Ley 100 de 1993, se expide la circular 30 de 1998, que aprueba el régimen de libertad de precios. Esta medida trae como consecuencia la corrupción, que se manifiesta en demandas judiciales interpuestas con el fin de obtener recobros millonarios, y la falta de conciencia por parte de pacientes y médicos frente al precio de los medicamentos, ya que ellos no asumen los costos, sino que el Estado responde a través del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud de Colombia (Fosyga). Este desmesurado gasto pone en riesgo financiero el sistema de salud, y en 2009 se declara el “estado de emergencia social”, que un año después fue declarado inconstitucional.

Una reestructuración del sistema de precios. Esta comienza en 2012 con la expedición del documento Conpes Social 155 de 2012 de la Política Farmacéutica Nacional, que permitió un año después regular el precio de 35 medicamentos (189 presentaciones comerciales). Después de 2013 se inició un periodo que ha traído buenos resultados en términos económicos y que se espera no termine con el nuevo Gobierno. Se expidió la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), cuyos artículos 71 (negociación centralizada de medicamentos) y 72 (asignación del precio con base en su utilidad terapéutica) contribuyeron a un uso racional de los medicamentos comercializados en Colombia.

Al principio se regularon los precios de aquellos fármacos que tienen mayor impacto en las finanzas del sistema de salud, o de alto costo. Sin embargo, este año el Ministerio de Salud expidió la circular 07 de 2018, que incluye 1.645 presentaciones comerciales de medicamentos adquiridos por los usuarios en droguerías pero que no son de venta libre. Entre ellos se encuentran anticonceptivos y medicamentos para el tratamiento de la tensión alta.

El problema es que a partir de los años ochenta en Colombia la salud se convirtió en una mercancía más, con lo cual los proveedores de insumos (industria farmacéutica) y servicios (clínicas y hospitales) pasaron a ser empresas con ánimo de lucro que promueven la enfermedad con el fin de que las personas consuman recursos.

Por ejemplo las píldoras Yasminiq Flex –uno de los anticonceptivos más utilizados en el país– pasarán de Pco58.000 a Pco22.000 pesos, lo que representa una reducción del 62 %; Bellaface, que hoy cuesta Pco40.000, se disminuirá a Pco12.600 (67 % menos).

Dentro de los medicamentos que registrarán una mayor reducción están:

• Risperdal (antipsicótico), que bajará de Pco107.000 a Pco10.500 (reducción del 90 %).
• Cóncor (cardiopatía), que bajará de Pco68.000 a Pco7.000 (89 %).
• Miocardis (cardiopatía), que bajará de Pco110.000 a Pco12.000 (89 %).

La medida comenzará a regir a partir del primero de enero de 2019, y según el MinSalud reducirá en un 50 %, en promedio, el valor de los medicamentos, con lo cual se generará un ahorro de Pco366.000 millones al año.

Gráfica 1: Lista de los 10 productos más rebajados.

Finalmente, el MinSalud elaboró una propuesta para regular el precio de los medicamentos vitales no disponibles, es decir aquellos que no tienen registro sanitario en Colombia pero que alguna persona puede necesitar porque su vida depende de ellos.

Alivio, no cura
Los medicamentos no mejoran la salud de las personas, pero sí la calidad y expectativa de vida de aquellas que están enfermas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud se debe entender como “[…] el grado al cual un individuo o un grupo pueden, por una parte, alcanzar aspiraciones y satisfacer necesidades; y, por otra parte, cambiar o hacer frente al entorno. La salud está, por lo tanto, considerada como un recurso para la vida diaria, no un objeto de vida; es un concepto positivo que enfatiza los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas”.

El problema es que a partir de los años ochenta en Colombia la salud se convirtió en una mercancía más, con lo cual los proveedores de insumos (industria farmacéutica) y servicios (clínicas y hospitales) pasaron a ser empresas con ánimo de lucro que promueven la enfermedad con el fin de que las personas consuman recursos.

La sociedad moderna afronta un proceso de medicalización que se establece mediante un programa burocrático basado en la negación del derecho de cada persona a enfrentar el dolor, la enfermedad y la muerte.

Los recursos que el sistema se ahorra se deberían invertir en salud, es decir, en intervenir sobre determinantes insalubres como la desigualdad que produce desempleo, pobreza y analfabetismo. Estas condiciones favorecen enfermedades como asma, epilepsia, cáncer de cuello uterino, sida, tabaquismo y desnutrición infantil, entre otras.

Gráfica 2: Regulación de precios de medicamentos en la distribución

A la industria farmacéutica –integrada por empresas con ánimo de lucro– no le ha caído bien la medida, máxime cuando las más afectadas son las multinacionales. Las embajadas de los países en los que estas empresas tienen su casa matriz ya han sentado sus voces de protesta, e incluso han amenazado a Colombia de “violar” tratados internacionales de comercio. Resulta aberrante que la calidad y expectativa de vida de personas enfermas esté por encima de los intereses económicos de empresas poseedoras de uno de los negocios más rentables de la tierra.