En un sofocante día de julio de 2010, siete investigadores médicos y un defensor de pacientes se reunieron en un lujoso hotel Marriott en College Park, Maryland, para revisar un medicamento prometedor diseñado para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares al limitar la coagulación sanguínea. El panel es uno de los muchos comités asesores que votan cada año sobre si la FDA debe aprobar una terapia para el mercado de EE UU. [Nota de los editores de Salud y Fármacos: Hay que tener en cuenta que una vez que la FDA aprueba un medicamento, su aprobación por otras agencias reguladoras en América Latina está prácticamente asegurada].

Aquel día, los miembros del panel escucharon las presentaciones sobre los datos preclínicos y clínicos del medicamento que hicieron el personal de la agencia y de AstraZeneca en Cambridge, Reino Unido, su fabricante y una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. La ocasión no ocasionó mucho drama. En la sala de conferencias, los asesores interrogaron cortésmente a los científicos de la compañía y les felicitaron por su trabajo. Al final del día, el panel votó siete a uno en favor de la aprobación. La FDA, como de costumbre, posteriormente lo aprobó. Ticagrelor, que se comercializada con el nombre de Brilinta, se vendió rápidamente y se convirtió en un éxito de taquilla con ventas superiores a los mil millones de dólares anuales. Reduce el riesgo de muerte por causas vasculares, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares modestamente más que su principal competidor, y actualmente cuesta 25 veces más.

La FDA, con sede en Silver Spring, Maryland, utiliza un sistema bien establecido para identificar posibles conflictos de interés antes de que se reúnan estos paneles asesores. Antes de la votación de Brilinta, la agencia mencionó que no había conflictos financieros entre los panelistas con voto, que incluía a cuatro médicos. Después, cuando Brilinta empezó a venderse, AstraZeneca y las empresas que vendían o desarrollaban terapias cardiovasculares similares empezaron a colmar de dinero a los cuatro médicos para viajes y por consultorias. Por ejemplo, esas compañías pagaron o reembolsaron al cardiólogo Jonathan Halperin de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai de Nueva York más de US$200.000 por alojamiento, honorarios y consultorías entre 2013 y 2016. Durante ese período, Halperin obtuvo US$7.500 de AstraZeneca para estudiar Brilinta, y a parte de esta cantidad la compañía declaró haber pagado casi US$2 millones para “investigación asociada” vinculada a él.

Brilinta se ajusta a un patrón de lo que podríamos llamar conflictos de interés de pago posterior, que han pasado en gran medida desapercibidos, y que no han sido rastreados. Al examinar los registros de compensación de las compañías farmacéuticas a los médicos que aconsejaron a la FDA sobre la aprobación de 28 medicamentos psicofarmacológicos, para la artritis, y para enfermedades cardiacas o renales entre 2008 y 2014, Science descubrió pagos a posteriori o para investigación para los miembros de los paneles. Las salvaguardias de la agencia contra posibles conflictos de interés no están diseñadas para prevenir futuros lazos financieros.