Las persistentes barreras al acceso universal a los medicamentos resultan en: enfermos con protección social limitada, financiamiento inadecuado para los medicamentos esenciales, desabastecimiento frecuente en el sector público y altos precios en el sector privado. Argumentamos que una mayor coherencia entre las leyes de derechos humanos, las políticas nacionales de medicamentos y los esquemas de cobertura universal en salud pueden abordar estas barreras.

Presentamos un análisis de contenido transnacional de las políticas nacionales de medicamentos de 71 países que se publicaron entre 1990-2016. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2001 para desarrollar e implementar una política nacional de medicamentos y la evaluación de 71 políticas nacionales de medicamentos de acuerdo con 12 principios, vinculando el acercamiento a los sistemas de salud y a los medicamentos esenciales con la legislación internacional de derechos humanos relacionada con la asequibilidad y financiación de grupos vulnerables.

La mayoría de las políticas nacionales de medicamentos contienen medidas para la selección de medicamentos y para que el gasto sea eficiente / rentable. Cuatro principios (derecho legal a la salud; financiamiento por parte del gobierno; gasto eficiente; y protección financiera de poblaciones vulnerables) son significativamente más fuertes en las políticas nacionales de medicamentos publicadas después de 2004 que en las anteriores.

Seis principios han permanecido débiles o ausentes: juntar las contribuciones de los usuarios, la cooperación internacional, y cuatro principios para la buena gobernanza. En general, Sudáfrica (1996), Indonesia y Sudán del Sur (2006), Filipinas (2011–2016), Malasia (2012), Somalia (2013), Afganistán (2014) y Uganda (2015) incluyen los textos más relevantes y se pueden utilizar como modelos para otros países.

Llegamos a la conclusión de que las directrices de la OMS de 2001 han guiado el contenido y el lenguaje de muchas políticas nacionales de medicamentos. La OMS y quienes formulan las políticas nacionales pueden utilizar estos principios y los ejemplos prácticos identificados en nuestro estudio para alinear aún más las políticas nacionales de medicamentos con las leyes de protección de los derechos humanos y con el Objetivo 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el acceso universal a medicamentos esenciales.