Shannon Brownlee y Jeanne Lenzer publicaron un interesante artículo en el Washington Monthly [1] en el que analizan como la FDA, que no hace mucho se encontraba entre las agencias de protección al consumidor más efectivas y respetadas del mundo, ha ido relajando sus criterios científicos para la aprobación de medicamentos y ofrecen algunas soluciones que la administración Biden podría considerar. Como han hecho otros autores, utilizan el ejemplo del recién aprobado medicamento contra el Alzheimer para ilustrar ese deterioro, que atribuyen en gran parte al abuso de las aprobaciones por la vía acelerada.

Los procesos de aprobación por la vía acelerada se empezaron a utilizar en los años 80s y 90s, cuando ACT UP y otros activistas del sida acusaron a la agencia de impedir que los afectados tuvieran acceso a posibles curas. En ese momento, los grupos que se oponían a la regulación, como el Instituto Goldwater, y grupos de defensa de los pacientes, financiados en gran parte por la industria farmacéutica, abogaron por las aprobaciones más rápidas.

Las aprobaciones aceleradas se hacen en base a criterios de valoración indirectos, también conocidos como sustitutos o subrogados, que no siempre se correlacionan con mejorías clínicas. Por ejemplo, el aducanumab elimina las placas de amiloide, sin mejorar la clínica de esos pacientes (por ejemplo, deterioro cognitivo, pérdida de memoria y muerte). Es mucho más fácil demostrar el efecto de un fármaco sobre un criterio de valoración indirecto que sobre un criterio clínico. Eso significa que los medicamentos se pueden aprobar más rápidamente, con menos pacientes y a un costo mucho menor.

Al principio estas vías aceleradas se reservaron para los tratamientos para enfermedades muy graves, pero poco a poco se han ido aceptando para todo tipo de productos, e incluso se han emitido leyes que favorecen su utilización. La Ley de Curas del Siglo XXI, aprobada en 2016 después de un intenso cabildeo por parte de las empresas farmacéuticas y de biotecnología, promueve explícitamente marcadores sustitutos y otros tipos de evidencia científica poco confiables como mecanismos para impulsar la “innovación”. Pero, esos medicamentos nuevos, si carecen de relevancia clínica no se pueden tildar de innovadores. Por eso, las empresas deben realizar ensayos confirmatorios durante el periodo de post comercialización, para determinar con certeza si el medicamento es seguro y eficaz.

Ahora, las empresas solicitan la aprobación acelerada para todo tipo de medicamentos, no solo para aquellos que tratan enfermedades potencialmente mortales. En 2020, casi las tres cuartas partes (73%) de los nuevos medicamentos recibieron su aprobación por la vía rápida, en comparación con menos del 40% hace una década. Desafortunadamente, la mayoría de los medicamentos aprobados por esa vía permanecen en el mercado, porque los estudios de post comercialización se retrasan o no se realizan. Es más, a veces la FDA ignora los ensayos confirmatorios que no muestran beneficios. En mayo pasado, la FDA revisó los ensayos confirmatorios de medicamentos utilizados para tratar seis tipos diferentes de cáncer. Ninguno de los ensayos confirmatorios mostró una mejora en la calidad de vida o la supervivencia de los pacientes. En algunos casos, empeoraron la calidad de vida. Sin embargo, la FDA silenciosamente dejó cuatro en el mercado. Otros dos fueron retirados voluntariamente por los fabricantes.

Browlee and Lenzer dicen que al ignorar los resultados clínicos negativos, y aceptar la utilización de criterios de valoración indirectos la FDA ha invertido el proceso científico, y quizás incluso la razón de tener una agencia reguladora que garantice que los medicamentos que los médicos prescriben y los pacientes toman, son seguros y efectivos.

Según estas autoras, otro factor que podría haber contribuido a este deterioro de la FDA es la puerta giratoria entre la agencia y la industria. Muchos empleados de la FDA acaban trabajando para la industria, pero los altos ejecutivos de la industria farmacéutica también dejan sus trabajos para unirse a la FDA, a menudo el tiempo suficiente para ayudar a promulgar cambios de política favorables a las ganancias corporativas. Patrizia Cavazzoni, quien supervisó la aprobación de aducanumab como directora del Centro de Evaluación y Aprobación de Medicamentos (CDER) de la FDA, llegó a la agencia en 2018, después de muchos años en puestos de alto nivel en Pfizer, Sanofi y Lilly. Eli Lilly, planea solicitar la aprobación de su medicamento, donanemab, antes de fin de año.

El artículo sugiere que Biden podría abordar ese problema. Para ello tendría que recordar a los administradores de la FDA que su responsabilidad principal es proteger al público. En segundo lugar, debería nombrar a un Comisionado de la FDA que haya demostrado mayor interés en defender la salud pública que los intereses de la industria, y debería reemplazar a Cavazzoni con alguien que no tenga compromisos con las empresas que debe regular.

Biden también podría exigir que todos los medicamentos aprobados a través de una vía rápida se distribuyan a los pacientes con un rotulo que diga que el medicamento es experimental y su eficacia y seguridad no han sido confirmadas. Los pacientes también deben contar con un sitio web y una línea directa gratuita dedicada exclusivamente a su medicamento específico, para informar cualquier problema y recibir actualizaciones a medida que la FDA obtenga nuevos datos.

Por último, dado que los fabricantes de medicamentos están transfiriendo la carga de los ensayos a los pacientes, que actúan como conejillos de indias inconscientes de que están recibiendo medicamentos no probados, se debería exigir que los precios de los medicamentos equivalgan al costo de producción hasta que los estudios confirmatorios puedan demostrar el beneficio del medicamento. Eso serviría como un fuerte incentivo para realizar estudios confirmatorios de manera oportuna, o podría disminuir el uso de las aprobaciones por la vía acelerada.