Según un nuevo informe de Public Citizen [1], el nivel de inversión pública que ha hecho el gobierno de EE UU para el el desarrollo de la vacuna covid-19 NIH-Moderna le da acceso a la receta de la vacuna, y el contrato le otorga derechos para compartir información clave con el resto del mundo y facilitar el aumento de la producción de vacunas.

Basándose en fuentes disponibles públicamente, Public Citizen analizó la información sobre el proceso de manufactura que Moderna probablemente redactó después de firmar su contrato con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (Biomedical Advanced Research and Development Authority o BARDA), concluyendo que el gobierno parece tener derechos para compartir la receta que permitiría producir la vacuna a escala comercial. El informe encontró que BARDA, una rama del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU, obtuvo la receta completa de la vacuna cuando decidió apoyar la ampliación de su fabricación. El gobierno tiene “derechos ilimitados” para compartir la información técnica que financió a través de su contrato con Moderna con otros fabricantes, países o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchos documentos importantes para la fabricación de vacunas, incluyendo los registros maestros de producción que incluyen instrucciones de fabricación, se financiaron a través del contrato.

“El gobierno de EE UU pagó y tiene en su poder conocimientos críticos que pueden ayudar a muchos países a aumentar la producción de vacunas y a poner fin a la pandemia”, dijo Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a los Medicamentos de Public Citizen. “El mundo no puede darse el lujo de mantener en secreto los conocimientos necesarios para que las vacunas covid-19 eficaces se mantengan en secreto. Sin planes más ambiciosos de fabricación y entrega de vacunas, millones de personas pueden perder la vida innecesariamente y las variantes del virus se propagan sin control”.

Debido a la gran escasez mundial de la vacuna covid-19, menos del 4% de los residentes en el continente africano y solo el 30% de las personas en Asia han obtenido al menos una dosis de una vacuna, en comparación con el 60% de los estadounidenses. Hasta ahora, más de 4,3 millones de personas han muerto a causa del covid-19. En los últimos días, los científicos han anunciado que si no se vacuna inmediatamente al resto del mundo, pueden surgir nuevas variantes, incluyendo algunas que pueden evadir la protección de las vacunas.

Public Citizen señaló anteriormente que el gobierno de EE UU tiene autoridad para exigir a los fabricantes de vacunas que compartan recetas y conocimientos técnicos en virtud de la Ley de Producción de Defensa. Public Citizen insta a la administración Biden a compartir de inmediato el conocimiento sobre las vacunas con la OMS, y a aportar la financiación y el apoyo necesarios para ayudar a establecer centros de fabricación regionales. El 9 de agosto, Public Citizen y otros grupos relacionados con la salud pidieron a los líderes en el Congreso que incluyeran US$34.000 millones para la fabricación y entrega de vacunas a nivel mundial en el paquete de reconciliación presupuestaria de US$3,5 billones [2].

“Una computadora en una oficina federal en Washington DC contiene documentos que pueden ayudar a acelerar la producción global de vacunas”, dijo Zain Rizvi, investigador de leyes y políticas del programa Public Citizen’s Access to Medicines y autor del informe. “La administración de Biden debería divulgar la información que posee para salvar vidas en todo el mundo y proteger a los estadounidenses del riesgo de nuevas variantes”.