LOS COLOMBIANOS TENEMOS DERECHOS A DECIDIR SOBRE EL TLC CON EE.UU.
Declaración, Bogotá, 24 de julio de 2005
Fuente: Recalca

EE.UU. RATIFICÓ EL CAFTA
Editado por Jimena Orchuela

LOS COLOMBIANOS TENEMOS DERECHOS A DECIDIR SOBRE EL TLC CON EE.UU.
Declaración, Bogotá, 24 de julio de 2005
Fuente: Recalca

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez está decidido a firmar un tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU. que tendrá graves repercusiones en aspectos cruciales para el destino de nuestra nación; agravará la ya desesperante situación de miseria, atraso y dependencia en que vivimos. Es inaceptable que un asunto de tal envergadura se quiera decidir a espaldas de la población. En consecuencia, las organizaciones abajo firmantes le reafirmamos al gobierno nuestro total rechazo a la firma de este tratado y exigimos que los negociadores nacionales se levanten de las mesas de negociación y cualquier decisión quede supeditada a una consulta a los colombianos. Tenemos muchas razones para exigir esto:

1- Las políticas que adelanta la administración Uribe están orientadas a pavimentar el camino para la suscripción del TLC e implican la renuncia a la defensa y ampliación de nuestro mercado interno, base de un verdadero desarrollo, y significan, además, el sacrificio definitivo de la soberanía, herramienta indispensable para promover el progreso de la nación. De la minúscula agenda interna, con la que tanta demagogia se hizo, no se ha vuelto ni a hablar, mientras que el gobierno se declara incapaz de controlar la persistente revaluación del peso que estimula las importaciones. Los proyectos en materia forestal y de aguas, las leyes de contratación pública y de garantías a la inversión y los procesos de liquidación y privatización de entidades públicas son otras tantas medidas de adecuación del país a las condiciones del tratado con Washington.

2- Los eventuales aumentos de algunas exportaciones colombianas no justifican que el Estado renuncie a la promoción de políticas para el desarrollo de la nación y a la defensa de su soberanía nacional.

3- Los TLC son la profundización del ajuste neoliberal de los últimos 15 años, el libre mercado y las privatizaciones. Sus efectos perjudican particularmente a los sectores con menor capacidad de respuesta ante procesos como la flexibilización del mercado laboral y el debilitamiento de los movimientos sociales. En este escenario, las mujeres resultan particularmente vulneradas además por que un gran número trabajan en empresas exportadoras, lo cual se traducen en la precarización de sus condiciones laborales y sus ingresos.

4- El gobierno ya ha cedido en cuestiones muy lesivas para el país. Entre muchos otros aspectos ha aceptado que en 10 años se desgraven completamente las importaciones de bienes industriales y en un poco más las de los bienes agropecuarios, los cuales llegarán con el respaldo de los inmensos subsidios estadounidenses. Ha abandonado la franja andina de precios, ofreciendo en su reemplazo unas etéreas y temporales salvaguardias para algunos productos agrícolas.

5- Con el TLC se continuará entregando la infraestructura de los servicios públicos a las multinacionales, con lo que se elevarán aún más las impagables tarifas. Se permitirá la importación de servicios, autorizando que muchos de ellos se presten desde el exterior. Se restringirá la posibilidad de usar la inversión pública y la contratación del Estado para promover la producción nacional. De lo que se trata es de reeditar los nocivos tratados impuestos por EE.UU. a Chile y a los países de Centroamérica, tan contundentemente rechazados por los sectores productivos y sociales de esas naciones.

6- Con el propósito de firmar el tratado se están sacrificando las posibilidades de promover relaciones estrechas con Latinoamérica y demás países del mundo, sobre la base de la soberanía, el beneficio recíproco y el respeto mutuo. Frente a la política neoliberal de libre comercio la respuesta de los pueblos de América Latina debe ser la de pugnar por el establecimiento de unas relaciones internacionales que tengan como base la búsqueda de caminos propios de desarrollo.

7- Además, es especialmente grave que el TLC que se pretende aprobar sustituya aspectos fundamentales de la propia Constitución Nacional, viole principios de la descentralización, la autonomía local y la soberanía nacional en lo político, económico y social, e imponga tribunales privados para la solución de diferencias, lo que irá en beneficio de los intereses transnacionales.

Los más diversos y heterogéneos sectores han manifestado sus reservas, sus críticas e incluso su oposición al TLC. Algunos piden la exclusión de productos como el arroz, los trozos de pollo, la cultura, los medios de comunicación, los medicamentos esenciales. Las Centrales Sindicales advierten sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del desempleo. La Iglesia se preocupa por las amenazas a la salud pública y la seguridad alimentaria. Numerosas regiones temen la pérdida de margen de acción de los gobiernos locales; varios sectores sociales alertan sobre la violación de derechos fundamentales; los juristas cuestionan la constitucionalidad del tratado; los industriales señalan el rompimiento de las cadenas productivas e incluso muchos exportadores dudan de sus beneficios en un ambiente de creciente revaluación. Inclusive en sectores como varias poblaciones indígenas y los productores de arroz se han realizado consultas que indican el rechazo en vitales sectores, otros segmentos de la sociedad han iniciado consultas que muestran la creciente inconformidad y la ausencia de mecanismos reales de participación popular en este tema.

Los trabajadores y trabajadoras, el movimiento sindical y en general las organizaciones sociales, los sectores políticos democráticos y progresistas y miles de productores, han manifestado su rechazo al TLC, lo que ha contribuido a que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos retrasen su agenda, mientras en los países de la subregión andina aumentan las protestas.

Insistimos en que el gobierno Nacional debe suspender las negociaciones. La decisión gubernamental de firmarlo a toda costa, sin tener en cuenta el querer de los colombianos, vulnera derechos fundamentales de la población y favorece solamente los intereses de las grandes multinacionales y del imperialismo norteamericano.

En todo caso sabemos que son muchas las razones que tenemos los colombianos para oponernos a la firma del TLC con EE.UU., así como para exigir que se le permita votar a la ciudadanía la aprobación o no de dicho tratado. Esta consulta se puede hacer aplicando el mecanismo de consulta previsto en el artículo 104 de la Constitución o mediante un referendo.

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y al ALCA, – Recalca-; Partido Liberal (Izquierda Democrática); Gran Coalición Democrática, GCD; Polo Democrático Independiente; Alternativa Democrática; Frente Social y Político, FSP; MOIR; Partido del Trabajo de Colombia, PTC; Comando Nacional Unitario, CNU; CUT; CTC; CGT; CPC; FECODE; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Movimiento Político Comunal y Comunitario; Confederación Nacional Comunal; ASONAL Judicial; Comité Colombia de Lucha contra el ALCA; Federación Médica Colombiana; Organización Colombiana de Estudiantes, OCE; Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, Andes; Asociación de Camioneros de Colombia, ACC; Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU; CCP; Planeta Paz; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Derecho y Democracia, Capítulo Colombia; Federación Nacional de Profesores Universitarios; Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Unión Cafetera Colombiana; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro; Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, CNI; Acción Campesina Colombiana, ACC; Asociación Nacional de Mujeres, Campesinas, Indígenas y Negras, Anmucic; ANUC-UR; ADUCESAR; Sudep, Suteq, Cootec, Cooperativa del Magisterio-Bolívar; Sinbienestar; USO; Sintratextil; Sinaltradinitexco; Proceso de Comunidades Negras; Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Sociedad Colombiana de Economistas; Corporación Viva La Ciudadanía; Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Educación Superior; Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos; Consumidores de Colombia; Ligas de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia; Coordinadora Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios; Comuande, cap. Colombia; Corporación Mujeres y Economía; Marcha Mundial de Mujeres, Colombia; Red Popular de Mujeres, Fundac; Ecologistas en Acción; Acción por la Biodiversidad; Ecolombia; Movimiento Popular Artístico de Colombia, Mopac; Federación Nacional de Artistas; IGTN, punto focal Colombia; Fundación de Ciencia y Tecnología Colombia hacia el respeto al arte y la producción; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA; Corporación Cactus; ANTHOC; Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz; Multiestamentaria de Universidades Públicas; Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, Anebre; Sintrateléfonos; Sintrabancol; Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB; Cedetrabajo; Acción por la Biodiversidad; Asociación Colombianos en el Exterior: Ciudadanos del Mundo; Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA; Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del Petróleo, ADECO; Asociación Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero, ADEBAN; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; ATI; Casa de la Mujer Trabajadora; Red Decide Mujer; Organización Popular de Mujeres de Bosa; Organización Mujer y Trabajo: Ciudad Bolívar; Red Rural de Mujeres; Red de Participación Política de Mujeres; Artemisa; Vamos Mujer; Taller Abierto; Fundación Cultural de Danzas; Acotrans; Camucol; Observatorio Sociopolítico; Periódico Qué? Qué?; Sindicato Departamental de Agricultores de Sucre; Asociación Campesina para la Integración y el Desarrollo Rural, Asociar; Confederación General de Viviendistas; siguen más de 200 firmas.

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EE.UU. RATIFICÓ EL CAFTA
Editado por Jimena Orchuela

El RD-Cafta unirá a EE.UU. con cinco países centroamericanos -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua- y uno caribeño -República Dominicana- en un pacto para liberalizar el comercio y eliminar aranceles.

El pasado 30 de junio, el Senado de EE.UU. aprobó por 54 votos contra 45 el RD-Cafta. El último paso para su ratificación definitiva por parte de EE.UU. fue el 28 de julio con la votación de la Cámara de Representantes donde el sí ganó por un aún más estrecho margen: 217 a 215 [1].

El RD- Cafta ya ha sido ratificado en los Congresos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ahora sólo falta que se ratifique en Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Entrará en vigor el 1 de enero de 2006 para los países que ya lo han ratificado y los demás tienen un plazo de dos años para adherirse al acuerdo [1].

El Partido Republicano del Presidente George Bush goza de una abrumadora mayoría en ambas cámaras, y los márgenes tan estrechos no son usuales en votaciones sobre tratados de libre comercio. Como afirma New York Times (29/07/2005), “sólo 14 demócratas apoyaron el acuerdo y, a pesar, de la fuerte presión de Bush, 27 republicanos votaron en contra y muchos otros quisieron hacer lo mismo”. Aun cuando el RD-Cafta es ahora una realidad, la férrea discusión política en torno a su aprobación grafica los enormes cambios que ha tenido la agenda norteamericana del libre comercio. Contrasta, de hecho, con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Chile, el que fue aprobado hace dos años atrás por amplias mayorías: 65 a 32 en el Senado y 270 contra 156 en la Cámara de Representantes [2,3].

Esta victoria en EE.UU. es importante para la Administración Bush, tanto en el marco de la OMC (que tiene una importante Conferencia Ministerial para relanzar la Ronda Doha en diciembre en Hong Kong), así como en las negociaciones del TLC con los países andinos. Sin embargo, después de haber invertido personalmente tiempo para convencer a los congresistas en apoyar el tratado, Bush deberá considerar con bastante seriedad los crecientes esfuerzos que deberá destinar en los aún más polémicos tratados globales y hemisféricos [3].

Dentro de la amplia coalición de instituciones conservadoras y empresariales que comprometieron su pleno respaldo al acuerdo, se encuentran la Asociación Nacional de Manufactureros, Estadounidenses por la Reforma Fiscal, la Unión Conservadora de EE.UU. y la Unión Nacional de Contribuyentes [4].

Las intensas presiones contra el proyecto provinieron de organizaciones sindicales, ambientalistas, de productores textiles, azucareros e industriales y de afinidad religiosa, así como de activistas centroamericanos que, en general, se oponen al acuerdo [4].

Los sindicatos (entre ellos la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales) se preocupan por una posible fuga de empleos hacia América Central, donde los salarios son más bajos y los derechos laborales más restringidos. El otro gran temor es una inundación de importaciones que podrían amenazar a los productores nacionales [4,5].

Una gran victoria para Big Pharma
Los activistas de la salud destacan que las cláusulas sobre propiedad intelectual significarán ganancias sin precedentes para los grandes laboratorios a expensas de los pobres que verán restringido el acceso a los medicamentos [4,5].

Entre los grupos que se han pronunciado contra las disposiciones de propiedad intelectual del RD-Cafta se cuentan la Alianza Global contra el Sida, Health GAP (Proyecto de Acceso Global a la Salud), Oxfam Internacional y Médicos sin Fronteras, así como fabricantes de fármacos genéricos y grupos de interés público en América Central [5].

”El texto del Cafta es una gran victoria para Big Pharma”, destacó Roman Macaya, Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Productos Genéricos de Costa Rica [5].

”En nombre del ‘libre comercio’, se están creando o ampliando monopolios de medicamentos más allá de lo que permitirían las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las nuevas normas del Cafta costarán vidas humanas”, advirtió [5].

El RD-Cafta otorgaría a esos grandes laboratorios el doble de tiempo de protección a sus productos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN -México, Canadá y EE.UU.-) en vigor, que otorga a las empresas cinco años de exclusividad a partir de la aprobación del fármaco en cualquiera de los países integrantes del acuerdo. Además, impondría nuevos obstáculos a los gobiernos que pretendan otorgar licencias a fabricantes de medicamentos genéricos [5].

José Vargas, Director de la oficina de Consumers Internacional (CI), explicó que los dueños de estas firmas ya anunciaron que, al aprobarse el Cafta, reclamarán sus derechos sobre aquellas patentes que ostentan empresas nacionales. Y comentó que en Nicaragua, por ejemplo, se disponen a reclamar las patentes que, en conjunto, tienen sobre unos 103 medicamentos, que coinciden con la lista de productos genéricos que registra el Ministerio de Salud (MINSA). Añadió que el MINSA tendría que retirar todos esos renglones para permitir la entrada de los de firmas internacionales cuyo costo supera en varias veces el de los de elaboración nacional [6].

Dado que estas disposiciones exceden las exigencias de la OMC y aun de las leyes estadounidenses, activistas de la salud las consideran una traición al antiguo discurso del presidente George W. Bush sobre la necesidad de poner los medicamentos para el sida, entre otros, al alcance de todos [5].

”Hace casi cuatro años, el gobierno de Bush firmó una Declaración Ministerial de la OMC, en Doha, que comprometía a los miembros de la organización a dar prioridad a la salud pública, y en particular, al acceso universal a los medicamentos”, recordó Asia Russell, Directora de política internacional de Health GAP [5].

En abril de 2005 MSF presentó ante la Comisión sobre Formas y Medios (Committee on Ways and Means) del Congreso de EE.UU. un informe donde muestra, punto por punto, las disposiciones del tratado que considera más nocivas para el acceso a medicamentos y sus consecuencias sobre la salud pública. También aporta ejemplos como el del Atazanavir en Guatemala (un nuevo medicamento ARV que ya está sujeto a protección exclusiva sin que se permita el registro de ninguna versión genérica del mismo) y cómo se verá afectado el precio de los tratamiento de segunda línea para pacientes de sida en ese país. Este caso puede hacerse extensivo a otros productos y a toda el área geográfica de influencia del tratado. Este informe se puede consultar en:
www.msf.es/images/CAFTA_InformeCongresoEEUU_040505_ES_tcm3-3514.pdf [7]

¿Cómo ganó la votación la Administración Bush?
Dice el Washington Post (21/07/2005) que “Bush tuvo ocho reuniones con miembros de la Cámara de Representantes, tres con senadores y, también, apareció en cinco eventos dedicados a promover el RD-Cafta, entre ellos una en la sede de la OEA. Desde que asumió el cargo, el nuevo Representante de Comercio Exterior de EE.UU., Rob Portman, tuvo más de 100 reuniones, tanto en el Congreso como en otras oficinas” [2].

Estas reuniones eran para conseguir los votos a favor, sea como fuere. “Según fuentes del gobierno, la Casa Blanca había autorizado a los líderes republicanos a asegurar los votos con cualquier cosa que estuviese a la mano. Es el caso, por ejemplo, de poder hacer enmiendas a las leyes sobre carreteras y a las leyes energéticas, que aún están incompletas. También se sabe que hubo acuerdos sobre temas textiles y el azúcar. No solo eso, los líderes han aprobado un voto que endurece la entrada de productos chinos, lo que puede provocar la enemistad con este país” (ídem). Dice la demócrata Nancy Pelosi que esta compra de votos va a tener un gran costo para los contribuyentes [2].

Según la mayoría del partido opositor, el acuerdo diluirá el cumplimiento de los derechos laborales básicos en América Central más que apuntalarlos. Para poner fin a esa crítica, el gobierno prometió un aporte anual US$40 millones para alentar esos principios en la región [4].

Legisladores que representan a estados productores de textiles y azúcar también se han opuesto al acuerdo por su eventual impacto negativo sobre esos sectores, de resultar el mercado estadounidense inundado de importaciones centroamericanas [4].

Legisladores republicanos informaron que uno de los argumentos de Bush consiste en que el RD-Cafta tiene importancia estratégica para la seguridad nacional, y que el fracaso de la iniciativa enlentecería el avance de la democracia en América Central [4].

Muchos analistas afirman que el tratado es un asunto de geopolítica más que de intercambio comercial. El mercado de 38 millones de habitantes de América Central (la mitad de ellos pobre), que recibe apenas 1,9 % de las exportaciones estadounidenses, cobra importancia para Washington por razones de estrategia geopolítica. En ese sentido, recuerdan que el 29 de junio se acordó establecer en El Salvador el centro de operaciones de un sistema regional de información para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región, una estrategia impulsada por Washington [1].

A su vez, republicanos y organizaciones conservadoras calificaron a los críticos del RD-Cafta de demagogos marxistas, y recordaron que entre ellos figuran “enemigos de Washington” como el centroizquierdista ex Presidente nicaragüense Daniel Ortega y el actual mandatario de Venezuela, Hugo Chávez [4].

Los ofrecimientos a algunos demócratas fueron tan tentadores, que algunos se pasaron al otro lado, lo que provocó la reacción de una amplia coalición sindical: “Esta semana, tres diputados demócratas que se han beneficiado con nuestro apoyo (Melissa Bean, Jim Matheson y Dennis Moore) siguen indecisos sobre su voto en el Cafta o están pensando apoyarlo. Les advertimos que nuestro trabajo para elegir a congresistas cuya elección está en peligro no se hará extensivo a los que voten contra nosotros en este tema” (25/07/2005, www.insidetrade.com) [2].

Los “lobbies” continuaron hasta el último minuto. Dice el New York Times (29/07/2005) que “la votación se alargó a una hora, violando el límite normal de 15 minutos. Buena parte de ese tiempo se dedicó a convencer a 10 republicanos, rebeldes pero indecisos, rogándoles y presionándolos para que voten a favor del Cafta” [2].

En el último minuto, Robin Hayes, un republicano de Carolina del Norte que hasta ese momento se había opuesto al Cafta votó a favor del acuerdo. Cuenta Hayes que Dennis Hastert, el portavoz republicano en la Cámara, le dijo que “si cambiaba mi voto de no a sí, él haría todo lo posible para restringir las importaciones textiles de China, que están inundando EE.UU.”. Hayes cambió su voto, lo que fue determinante para el marcador final: 217 a 215 [2].

Los tres países que restan ratificarlo
Los tres países que aún no han ratificado el DR-Cafta experimentan confrontaciones políticas similares. Su ratificación podría demorarse en los congresos de Costa Rica y Nicaragua, mientras que la oposición legislativa en República Dominicana tiende a fortalecerse una vez conocidos recientes estudios que advierten del grave peligro que corren los frágiles sistemas agropecuarios de la región [8].

En República Dominicana la discusión se centra en la aprobación de una reforma fiscal que logre paliar los efectos de la desgravación arancelaria del tratado, y un plan de acción de competitividad que garantice una política de seguridad social para el país. El opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuenta con 27 de los 31 representantes del Senado, y su Presidente, Ramón Alburquerque, aseguró que sin esos dos planes paralelos no votarían el tratado. Se reunieron el mandatario Leonel Fernández y su antecesor, Hipólito Mejía, para impulsar la aprobación en el menor plazo posible, pero el plan de competitividad que exige la oposición ni siquiera ha sido elaborado [1].

En Nicaragua, el ex Presidente Daniel Ortega (1985-1990), líder del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional, sostiene que el acuerdo es lesivo para los intereses de la mayoría, y que su aprobación debería someterse a un plebiscito popular. Por otro lado, la legisladora nicaragüense Mirna Rosales informó de la existencia de un acuerdo entre las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional para aplazar la ratificación del RD-Cafta hasta septiembre próximo. El acuerdo entre liberales y sandinistas es aprobar primero una serie de leyes económicas y complementarias que beneficien a sectores que serían supuestamente afectados. En Nicaragua serían lastimadas más de tres millones de personas que subsisten de la labor agrícola, principal rubro en la generación de divisas, pero que carecen de condiciones para competir con las transnacionales extranjeras [8].

El Presidente Costa Rica, Abel Pacheco, dijo que no había prisa por enviar el acuerdo a la Asamblea Legislativa. A mediados de julio el mandatario nombró a una junta de notables que deberán rendir en dos meses un informe sobre la conveniencia del tratado para este país. Los empresarios presionan al gobierno para que agilice la firma del tratado y aducen que la demora podría generar pérdidas de compromisos comerciales. El secretario de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica, Albino Vargas, advirtió que muchos sectores saldrán a las calles cuando el acuerdo llegue a la Asamblea Legislativa [1,8].

Referencias:
1. Manuel Bermúdez, Cafta revuelto y a fuego lento, IPS, 5 de agosto de 2005.
2. Alberto Campodónico, Cómo ganó el Cafta en EE.UU. o en todas partes se cuecen habas, La República (Perú), 1 de agosto de 2005.
3. Sarah Anderson (Directora del proyecto de Economía Global y del Instituto de estudios políticos en Washington), Cafta revela cambios en la política comercial norteamericana, El Observatorio.
4. Emad Mekay, Prueba final para acuerdo EE.UU.-América Central, IPS, 27 de julio de 2005.
5. Jim Lobe, Regalo para ”Big Pharma”, IPS, 27 de julio de 2005.
6. Medicamentos genéricos saldrán del mercado con Cafta, Prensa Latina, 5 de septiembre de 2005.
7. MSF presenta un informe sobre el Cafta en el Congreso de EE.UU., MSF, 5 de mayo de 2005.
8. Costa Rica y Nicaragua dilatan la aprobación del Cafta, Bolpress, septiembre de 2005.

[N.E.: ver también “Respuesta a la hoja de hechos sobre Cafta y el acceso a las medicinas mitos y realidades: presión de EE.UU. sobre Guatemala. Exclusividad de datos, Cafta y el acceso a medicinas” en la sección Noticias sobre acuerdos comerciales del Boletín Fármacos 8(2); “Las graves implicaciones y enseñanzas del Cafta en materia de medicamentos” en la sección Noticias sobre acuerdos comerciales del Boletín Fármacos 7(4); “Carta abierta sobre la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta)” en la sección Comunicaciones del Boletín Fármacos 6(5); “Cafta y el acceso a medicinas: ¿pueden las nuevas negociaciones comerciales dañar el acceso a medicinas a precios asequibles en América Central?” en la sección Investigaciones del Boletín Fármacos 6(2)]

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