Tozinaméran (Comirnaty de Pfizer y BioNTech), vacuna Covid-19 de ARN mensajero y personas mayores: algunos datos, muchas incertidumbres

A finales de 2020 se anunció el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la epidemia de covid-19 en Francia. Las autoridades han optado por empezar ofreciendo la vacuna de ARN mensajero covid-19 de las firmas Pfizer y BioNTech a las personas mayores que residen en hogares de ancianos y a determinados profesionales de la salud que allí laboran. ¿Qué sabemos sobre la evaluación clínica de esta vacuna en este grupo de edad?

En Francia, la campaña de vacunación contra la epidemia de covid-19 comenzará a finales de diciembre de 2020, inicialmente con una única vacuna: la vacuna de ARNm de covid-19 BNT162b2 (Comirnaty) de Pfizer y BioNTech, cuya denominación común internacional (DCI) es tozinaméran. Las autoridades han optado por ofrecer la vacuna en primer lugar a las personas mayores que residen en asilos para personas mayores dependientes (conocidas en Francia como Ehpad) y en establecimientos similares; y los profesionales de la salud que trabajan allí y que tienen un mayor riesgo de padecer una forma grave de covid-19, especialmente los que tienen un problema de salud subyacente [1].

A finales de 2020, ¿Qué información tenemos sobre la evaluación clínica de esta vacuna en las personas que serán objeto de esta primera fase de la campaña francesa de vacunación?

Una vacuna de ARN mensajero, con nanopartículas lipídicas y PEG, sin adyuvantes ni conservantes. La vacuna tozinaméran es una vacuna de ARN mensajero (ARNm, ARN es el acrónimo de ácido ribonucleico). El ARNm es una molécula que transporta información genética. Cada hebra de ARNm contiene un código que induce a las células a sintetizar una proteína específica en su citoplasma.

El principio de una vacuna de ARN mensajero es el siguiente: el ARNm contiene el código para ordenar la producción de la proteína específica contra la cual se desea desencadenar una respuesta inmune. El objetivo es conseguir que el ARNm penetre las células huésped (pero sin entrar en el núcleo donde se encuentra el ADN humano) para que produzcan la proteína viral correspondiente al código del ARNm, y que eso desencadene una respuesta inmune. Las hebras de ARNm de la vacuna están dentro de nanopartículas lipídicas que las protegen de la destrucción en el entorno extracelular y facilitan su entrada en la célula huésped [2]. En el caso de tozinaméran, las nanopartículas lipídicas también contienen polietilenglicol (PEG) 2000 [3]. Esta vacuna no contiene adyuvantes ni conservantes.

A corto plazo, según un ensayo clínico, ha habido una fuerte disminución del número de casos de covid-19 sintomática, confirmada biológicamente. En diciembre de 2020, la evaluación clínica de la vacuna tozinaméran se centra en un ensayo aleatorizado controlado con placebo, en personas de 16 años o mayores. La vacuna y el placebo se administraron en dos inyecciones separadas por 21 días. El 42% de las personas tenían más de 55 años, el 21% tenían 65 años o más, y el 4% tenía 75 años o más [3,4]. Entre las aproximadamente 40.000 personas incluidas, el 3% había tenido covid-19 confirmado y el 46% tenía al menos un factor de riesgo de sufrir un covid-19 grave, excluyendo la edad. El factor de riesgo más común fue la obesidad (35% de las personas). Entre los pacientes crónicos, su enfermedad crónica se mantuvo estable [3].

Los participantes en el ensayo y los investigadores que evaluaron la eficacia y los efectos secundarios desconocían el producto que se les había inyectado. Pero los responsables de gestionar las vacunas, preparar las dosis o inyectarlas tenían esta información. Esto podría haber hecho que la información se filtrara a personas que supuestamente no la deberían conocer (investigadores y participantes) [4]. También es posible que algunos participantes hubieran adivinado qué producto se les inyectó por los efectos secundarios locales o sistémicos, que son muy frecuentes con esa vacuna (ver más abajo). Estas incertidumbres en torno al respeto al secretismo sobre el producto inyectado debilitan la evidencia de los resultados.

La eficacia se evaluó contando los casos sintomáticos de covid-19, confirmados por una prueba de laboratorio a partir del séptimo día después de la segunda inyección (criterio de valoración principal). Después de esta segunda inyección, y de un periodo de seguimiento de al menos 1 mes para el 80% de los participantes y al menos 2 meses para el 44% de los participantes, 9 personas en el grupo que recibió la vacuna desarrollaron covid-19 versus 169 en el grupo placebo, es decir una reducción relativa del riesgo de covid-19 de 94,6% (con un intervalo de credibilidad del 95%: 89,9% a 97,3%). Teniendo en cuenta todos los casos de covid-19 confirmados biológicamente durante el ensayo, es decir, incluyendo los que ocurrieron después de la primera inyección, el efecto preventivo de la vacuna pareció surgir aproximadamente 15 días después de la primera inyección [3].

Entre los 1.093 pacientes que tuvieron una infección por Sars-CoV-2 antes del ensayo (serología positiva), el número de casos de covid-19 fue muy bajo, y no hubo diferencias entre el grupo que habían recibido la vacuna y el grupo placebo [3].

Durante el periodo de seguimiento, una persona en el grupo que recibió la vacuna tuvo una forma grave de covid-19 confirmada biológicamente versus 9 personas en el grupo placebo, es decir, una reducción relativa en el riesgo de forma grave del 89%, pero con un intervalo de confianza del 95% (IC del 95%) de entre 20% y 100% [3]. Este amplio intervalo de confianza refleja la gran incertidumbre sobre la precisión de este resultado, particularmente en relación con el bajo número de casos notificados.

Cuanto mayor es la edad, mayor es la incertidumbre. En general, las vacunas son menos inmunogénicas en las personas mayores que entre los adultos jóvenes, lo que puede hacer que las vacunas sean menos eficaces en las personas mayores [5].

La eficacia de la vacuna para prevenir el covid-19 (incluyendo todos los niveles de gravedad) a partir del séptimo día después de la segunda inyección entre las personas de 55 años o más pareció ser similar a la de las personas más jóvenes. En personas de entre 65 y 74 años, la eficacia se ha calculado en alrededor del 93%, pero con un mayor margen de incertidumbre (IC del 95%: 53% a 100%) [3].

Entre las personas de 75 años o más, no hubo casos de covid 19 en el grupo que recibió la vacuna (805 personas) frente a 5 casos en el grupo de placebo (812 personas). El intervalo de confianza del 95% de la reducción del riesgo relativo es muy amplio: 12,1% a 100% [3]. Este resultado muestra que este ensayo no fue diseñado para evaluar la eficacia de la vacuna en personas de 75 años o más.

Entre las personas con al menos un factor de riesgo de covid-19 grave, como presión arterial alta, diabetes u obesidad (la mayoría menores de 65 años), la efectividad de la vacuna estuvo cerca de la eficacia informada para todos los participantes en el estudio: reducción relativa en el riesgo de covid-19 del 95% (IC del 95%: 88% a 99%) [3].

Efectos adversos esperados. A fines de 2020, aún no se había comercializado ninguna vacuna de ARNm en el mundo para su uso en humanos, por lo que se han utilizado poco. A diferencia del ADN, el ARNm no está integrado en el material genético de la célula. La presencia de polietilenglicol (PEG) expone a reacciones de hipersensibilidad y a reacciones anafilácticas [2,6,7].

Los otros efectos secundarios predecibles de la vacuna tozinaméran son los de las vacunas en general: reacciones locales en el lugar de la inyección y reacciones sistémicas (fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular) [5]. En ocasiones, las vacunas también exponen a las personas a enfermedades autoinmunes raras, como el síndrome de Guillain-Barré; pero no se notificó ningún caso durante la evaluación con la vacuna tozinaméran [8]. Se ha informado un fenómeno de empeoramiento de la infección por Sars-CoV-1 (otro coronavirus) relacionado con una vacuna en estudios en animales. En base en estos datos, una hipótesis a tener en cuenta y evaluar es un posible agravamiento de una posible infección por Sars-CoV-2 por la vacuna [2].

Efectos secundarios locales y sistémicos muy frecuentes. En el ensayo de la vacuna tozinaméran que involucró a aproximadamente 40.000 personas, los eventos adversos notificados fueron principalmente: reacciones en el lugar de la inyección en aproximadamente el 75% de las personas vacunadas (dolor, enrojecimiento, hinchazón) después de cada inyección, frente al 12% en el grupo placebo; y reacciones sistémicas (incluyendo fiebre a veces superior a 39°C, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular) en alrededor del 65% de las personas vacunadas después de cada inyección, frente a alrededor del 40% en el grupo placebo. La mediana de duración de las reacciones sistémicas fue de un día. Las reacciones sistémicas fueron a veces intensas, hasta el punto de obligar a las personas a limitar severamente sus actividades diarias. Aproximadamente el 20% de las personas tomaron medicamentos para la fiebre y el dolor después de la primera inyección de la vacuna, frente a aproximadamente el 40% después de la segunda inyección de la vacuna, frente a aproximadamente el 10% de las personas después de la inyección del placebo [3,4].

Los otros eventos adversos informados con mayor frecuencia en el grupo de la vacuna que en el grupo de placebo fueron linfadenopatías (en 64 personas versus 6 en el grupo de placebo) y parálisis facial (4 personas versus ninguna) [3].

Las personas mayores no experimentaron más efectos secundarios que las otras [3].

Las campañas de vacunación con la vacuna tozinaméran ya ha comenzado en algunos países, incluyendo el Reino Unido, y se han notificado algunos casos de reacciones anafilácticas [9].

En la práctica, muchas incertidumbres, como con cualquier fármaco nuevo. Algunos elementos del principal ensayo clínico que evaluó la vacuna covid-19 tozinaméran aportan información útil para ayudar a las primeras personas que podrían recibir la vacuna, mientras se esperan los resultados de un análisis en profundidad:

• El ensayo principal incluyó a aproximadamente 40.000 personas de 16 años o más. De las incluidas, aproximadamente el 20% tenía más de 65 años y el 46% tenía uno o más factores de riesgo de covid-19 grave, excluyendo la edad.

• Este ensayo muestra que esta vacuna es muy eficaz para prevenir el covid-19 a corto plazo, con una duración desconocida de esta protección.

• Este ensayo no fue diseñado para evaluar la eficacia en personas de 75 años o más (menos de 2.000 personas), pero teniendo en cuenta todos los datos del ensayo, es probable que tengan cierta eficacia de magnitud desconocida.

• Los efectos secundarios conocidos de la vacuna son principalmente reacciones locales y sistémicas muy frecuentes, a veces intensas, y reacciones anafilácticas raras. No se ha identificado ninguna señal en particular, pero aún existen muchas incógnitas inherentes a su baja utilización, como ocurre con cualquier otro fármaco nuevo, ya sea una vacuna u de otro tipo de medicamento, especialmente entre las personas mayores de 75 años.

Estas explicaciones deben compartirse con todos, tomándose el tiempo necesario, incluso con las personas que tendrán dificultades para percibirla y comprenderla. Ayudaría que los involucrados tuvieran tiempo para pensar detenidamente las cosas antes de tomar una decisión, sea la que sea.

Referencias

1. HAS “Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2. Recommandations préliminaires sur la stratégie de priorisation des  populations à vacciner”. 27 novembre 2020. 58 pages.
2. HAS “Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le Sars-Cov-2. Variabilité génétique, réponses immunitaires, plateformes vaccinales et modèles animaux” 25 novembre 2020. 134 pages.
3. US FDA “Vaccines and related biological products advisory committee meeting. Briefing document : Pfizer-BioNTech covid-19 vaccine.” 10 décembre 2020. 53 pages.
4. Polack FP et coll. “Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine” N Engl J Med 2020:13 pages (+ Annexes : 12 pages ; + Protocole : 376 pages). Site www.nejm.org consulté le 11 décembre 2020.
5. Prescrire Rédaction “Vaccin grippal quadrivalent à 60 microg par souche (Efluelda°) chez les personnes âgées d’au moins 65 ans. Pas de progrès décisif par rapport au vaccin grippal “classique” à 15 microg par souche” Rev Prescrire 2021 (version numérique).
6. Garvey LH, Nasser S “Allergic reactions to the first COVID-19 vaccine: is polyethylene glycol (PEG) the culprit?” Br J Anaesth 2020. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.12.020
7. Verhoef JJF et Anchordoquy TJ “Questionning the use of PEGylation for drug delivery” Drug Deliv Transl Res 2013;3(6) : 499-503.
8. Prescrire Rédaction “Maladie auto-immune d’origine médicamenteuse” Rev Prescrire 2017 ;37(403 :346-353.
9. Medicine and healthcare products regulator agency “Confirmation of guidance to vaccination centres on managing allergic reactions following covid-19 vaccination with the Pfizer/BioNTech vaccine” 9 décembre 2020: 3 pages. Site www.gov.uk consulté le 11 décembre 2020.

A principios de enero de 2021 se anunció la vacuna covid-19 Sars-CoV-2 mRNA-1273 de la empresa Moderna en la Unión Europea. Está previsto que, en Francia, esta vacuna se ofrezca primero a las personas mayores que residen en asilos de ancianos o establecimientos similares, y a determinados profesionales de la salud, incluyendo a aquellos con mayor riesgo de sufrir una forma grave de covid-19 por tener un problema de salud o por su edad. ¿Qué información tenemos sobre los resultados principales de la evaluación de esta vacuna en estas personas? ¿Cuáles son los principales datos de la evaluación clínica de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 en estas personas?

La vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 es una vacuna de mRNA (ácido ribonucleico mensajero) similar a la vacuna tozinaméran. Es muy parecida la vacuna tozinaméran (ver los detalles en este enlace https://www.prescrire.org/Fr/203/1845/60577/0/PositionDetails.aspx). Estas dos vacunas contienen cadenas de ARNm que codifican la producción de una proteína de la superficie del virus llamada proteína Spike. Las hebras de ARNm se insertan en nanopartículas lipídicas, que son diferentes para cada vacuna, que a su vez contienen polietilenglicol (PEG) 2000. Estas dos vacunas no tienen adyuvantes ni conservantes [1,2].

Un ensayo clínico con unos 30.000 adultos, incluyendo unos 7.600 profesionales de la salud. A principios de enero de 2021, la evaluación clínica de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 se centró en un ensayo aleatorizado, contra placebo, en aproximadamente 30.000 personas de 18 años o mayores. La vacuna o el placebo se administraron en dos inyecciones con 28 días de diferencia. La mitad de los participantes tenían 53 años o más. Aproximadamente el 25% tenía 65 años o más, y aproximadamente el 5% tenía 75 años o más. La ausencia de antecedentes de enfermedad por covid-19 se confirmó en el 95% de los participantes. El 22% tenía al menos un factor de riesgo de covid-19 grave, excluyendo la edad. Alrededor de 25.000 participantes realizaban una actividad profesional que los ponía en alto riesgo de contraer el covid-19, incluyendo unos 7600 profesionales de la salud [1].

En este ensayo, las inyecciones de la vacuna o el placebo se realizaron durante el verano y el otoño de 2020 en EE UU, es decir, antes de que se identificaran ciertas variantes del virus Sars-CoV-2, aislado en diciembre de 2020, especialmente en el Reino Unido y Sudáfrica [1,3].

Los participantes en el ensayo y los investigadores que evaluaron su eficacia y sus efectos secundarios desconocían el producto inyectado. Pero, al igual que en el ensayo principal que evaluó la efectividad clínica de la vacuna tozinaméran, los responsables de gestionar las vacunas, preparar la dosis o inyectarla conocían esta información. Esto podría haber provocado que se filtrara esta información a las personas que se suponía que no la conocían (investigadores y participantes) [4]. También es posible que algunos participantes hubieran adivinado el producto que se les inyectó, porque la vacuna con frecuencia tiene efectos secundarios locales o sistémicos (ver más abajo). Estas incertidumbres en torno al secretismo sobre el producto inyectado debilita el nivel de la evidencia sobre los resultados.

A corto plazo, una fuerte disminución en el número de casos de covid-19 sintomático en el grupo vacunado. La eficacia se evaluó identificando, a partir del día 14 después de la segunda inyección, los casos sintomáticos de covid-19 confirmados por examen de laboratorio (criterio de valoración principal). Tras una mediana de seguimiento de 9 semanas después de la segunda inyección, hubo 12 casos de covid-19 en el grupo de la vacuna versus 187 en el grupo placebo, es decir, una reducción relativa en el riesgo de covid-19 sintomático del 94% (intervalo de confianza del 95% [IC del 95%]: 89% a 97%). El efecto preventivo de la vacuna pareció aparecer unos 15 días después de la primera inyección [1,5].

Entre los 675 pacientes que antes del ensayo que habían tenido una infección por Sars-CoV-2, solo hubo un caso de covid-19 que tuvo lugar en el grupo de placebo [1,5].

A partir del día 14 después de la segunda inyección, una persona del grupo que recibió la vacuna desarrolló covid 19 grave (pero los investigadores del ensayo no lo tomaron en cuenta porque se confirmó por RT-PCR en un laboratorio de análisis externo) versus 30 personas en el grupo placebo. De estas 30 personas, 9 fueron hospitalizadas y una murió a causa del covid-19 [1].

Eficaz en personas menores de 65 años con un factor de riesgo de sufrir covid-19 grave; eficacia de magnitud desconocida en personas mayores de 75 años. Entre los participantes menores de 65 años con al menos un factor de riesgo de covid-19 grave, como enfermedad respiratoria crónica, enfermedad cardíaca, un grado importante de obesidad o diabetes, hubo una reducción del riesgo relativo de covid-19, de cualquier nivel de gravedad, del 94% (IC del 95%: 77% a 99%) a partir del día 14 después de la segunda inyección [5]. En personas de 65 años o más, la eficacia fue del 86%, con un IC del 95% aún más amplio, entre el 61% y el 95% [1]. Estos intervalos de confianza más amplios que los obtenidos para todos los participantes reflejan una mayor incertidumbre acerca de la disminución relativa del riesgo en estos subgrupos de personas.

Este ensayo no fue diseñado para evaluar la efectividad de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 en personas de 75 años o mayores, que representaron solo alrededor del 5% de los participantes. En estas personas, solo están disponibles los datos de un análisis intermedio que informa solo tres casos de covid-19, todos en personas que habían recibido el placebo. Estos datos no permiten evaluar el grado de reducción del riesgo de covid-19 en las personas mayores, aun cuando parece probable que sea eficaz cuando se tienen en cuenta todos los resultados [1,5].

Efectos secundarios locales y sistémicos, incluyendo reacciones de hipersensibilidad. Los principales efectos secundarios predecibles de las vacunas de ARNm son los de las vacunas en general: reacciones locales en el lugar de la inyección y reacciones sistémicas. Una hipótesis a tener en cuenta es el posible agravamiento de una eventual infección por Sars-CoV-2 por la vacuna, dado lo observado en algunos estudios en animales con una vacuna de coronavirus Sars-CoV-1. La presencia de polietilenglicol (PEG) expone a reacciones de hipersensibilidad y reacciones anafilácticas. A principios de 2021, las vacunas de ARNm se han utilizado poco, por lo que existen muchas incógnitas con respecto a su perfil de efectos adversos.

Según un análisis de la FDA, en el ensayo controlado con placebo con aproximadamente 30.000 personas se informaron reacciones locales durante los 7 días posteriores a la inyección en el 92% de las personas en el grupo que recibió la vacuna versus 29% en el grupo placebo, principalmente con dolor axilar y adenopatías. La frecuencia de reacciones locales consideradas intensas fue del 9% en el grupo de la vacuna frente al 1% en el grupo de placebo. La mediana de duración de las reacciones locales fue de 2 a 3 días [1].

Se informaron eventos adversos sistémicos, dentro de los 7 días posteriores a la vacunación, en el 83% de las personas vacunadas versus el 53% en el grupo de placebo; principalmente: fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, escalofríos, fiebre, náuseas o vómitos. La duración media fue de 2 días. En unos pocos pacientes, la reacción sistémica duró al menos 7 días. La frecuencia de reacciones consideradas intensas después de la segunda dosis fue del 16% en el grupo que recibió la vacuna frente al 4% en el grupo de placebo [1].

Se informaron reacciones de hipersensibilidad en el 1,5% de los participantes en el grupo que recibió la vacuna frente al 1,1% en el grupo placebo. Durante el ensayo no hubo reacciones graves o reacciones anafilácticas [1]. Sin embargo, fuera del ensayo clínico, se ha informado una reacción alérgica grave en una persona alérgica a los mariscos [6]. En el ensayo se describió un caso de angioedema de los labios y dos casos de hinchazón de la cara, los tres en mujeres del grupo vacunado que habían recibido inyecciones de rellenos dérmicos. Se han informado problemas similares tras infecciones virales. Tres personas que recibieron la vacuna tuvieron parálisis facial (que en dos casos se ha curado) versus una persona en el grupo placebo [1].

Aspectos prácticos diferentes para las dos vacunas de ARNm: prevenir los errores. La vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 de la empresa Moderna debe conservarse congelada a una temperatura entre -25°C y -15°C (congelador habitual). Una vez descongelada, la vacuna tiene una vida útil de 30 días en el frigorífico, a una temperatura entre 2°C y 8​​°C, y de 12 horas a temperaturas entre 8°C y 25°C. La dosis de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 es de 0,5 ml, que debe extraerse directamente del vial. Cada vial contiene 10 dosis, que deben usarse en las 6 horas posteriores a la extracción de la primera dosis [7,8].

Estas características son distintas a las de la vacuna tozinaméran de las empresas Pfizer y BioNTech. Esta última debe almacenarse congelada a temperaturas entre -80°C y -60°C. Una vez descongelada, la vida útil es de 5 días en nevera entre 2°C y 8​​°C, y de 2 horas a temperatura ambiente, sin superar los 30°C. Antes de su uso, la vacuna de tozinaméran debe diluirse con 1,8 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9% que hay que agregar a cada vial. La dosis de vacuna de tozinaméran es de 0,3 ml, que debe extraerse directamente del vial. Cada vial contiene 5 dosis, que deben usarse en las 6 horas posteriores a la dilución [7,8].

Los equipos que tengan que gestionar las dos vacunas al mismo tiempo deberán establecer procedimientos para evitar errores, como anotar en el envase la fecha y hora de su descongelación, y la fecha y hora de caducidad.

Los envases multidosis de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 y de la vacuna tozinaméran están sujetos a errores, especialmentela inyección de varias dosis a la vez en una sola persona. Estos errores ya se han informado [9].

En la práctica, eficacia a corto plazo en adultos, pero incertidumbres. El principal ensayo clínico comparativo que evaluó la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273, administrada en dos inyecciones espaciadas por 28 días aporta algunos datos para ayudar a los destinatarios de la vacuna a tomar decisiones, a la espera de un análisis exhaustivo:

•  Este ensayo incluyó aproximadamente a 30.000 personas mayores de 18 años. La mitad de los pacientes tenían más de 53 años. Aproximadamente el 25% tenía más de 65 años y aproximadamente el 22% tenía al menos un factor de riesgo de covid-19 grave, además de la edad.

•  Este ensayo ha demostrado que, a corto plazo, esta vacuna tiene una eficacia general alta en la prevención de casos sintomáticos de covid-19, incluyendo las formas graves; pero al igual que en el caso de la vacuna tozinaméran, se desconoce la duración de esta protección.

•  Entre las personas menores de 65 años con un factor de riesgo de covid-19 grave, sin contar la edad, y en personas de 65 a 75 años, la eficacia a corto plazo de la vacuna para prevenir la enfermedad por covid-19. parece alta, pero con un margen de incertidumbre ligeramente mayor.

•  Este ensayo no fue diseñado para evaluar la eficacia de la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 en personas de 75 años o mayores, que representaron solo alrededor del 5% de los participantes. En estas personas, al igual que la vacuna tozinaméran, teniendo en cuenta todos los datos del ensayo, la eficacia parece probable, pero se desconoce su alcance.

•  Los efectos secundarios conocidos de la vacuna son principalmente reacciones locales y sistémicas muy  frecuentes, a veces intensas, y reacciones de hipersensibilidad. No se ha demostrado ninguna señal particular de efectos adversos, pero como hasta ahora se han utilizado poco persisten muchas incógnitas, como ocurre con cualquier otro fármaco, vacuna o similar nuevo.

En resumen, a principios de 2021, lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la vacuna Sars-CoV-2 mRNA-1273 está muy cerca de lo que sabemos y de lo que no sabemos sobre la vacuna tozinaméran (leer https://www.prescrire.org/Fr/203/1845/60577/0/PositionDetails.aspx). Esta información, así como la relativa al riesgo de contraer una forma grave de covid-19, debe compartirse, tomándose el tiempo necesario, con las personas preocupadas por esta vacuna, incluyendo a aquellas que tendrán dificultades para percibirlos y comprenderlos. Es esencial que las personas que lo deseen tengan tiempo para pensarlo antes de tomar una decisión (de una forma u otra).

Referencias

1. FDA “FDA briefing document. Moderna covid-19 vaccine” 17 décembre 2020 : 54 pages.
2. Prescrire Rédaction “Vaccin covid-19 à ARN messager tozinaméran (Comirnaty° des firmes Pfizer et BioNTech) et personnes âgées : quelques données, beaucoup d’incertitudes” 23 décembre 2020.
3. A study to evaluate efficacy, safety, and immunogenicity of mRNA-1273 vaccine in adults aged 18 years and older to prevent covid-19. NCT04470427″. Site www.clinical.trials.gov consulté le 30 décembre 2020.
4. Moderna TX “A phase 3, randomized, stratified, observer-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy, safety, and immunogenicity of mRNA-1273 sars-CoV-2 vaccine in adults aged 18 years and older. Clinical study protocol” 23 décembre 2020 : 158 pages.
5. Moderna TX “MRNA-1273. Sponsor Briefing document” 17 décembre 2020 : 84 pages.
6. APMNews “Un décès après vaccination contre le covid-19 en Suisse, pas de lien démontré” 30 décembre 2020 : 2 pages.
7. Commission européenne “RCP-Comirnaty” 29 décembre 2020 : 15 pages.
8. Santé Canada “Monographie-Vaccin de Moderna contre la covid-19” 23 decembre 2020 : 25 pages.
9. AFP “covid-19 : huit personnes reçoivent par erreur cinq doses de vaccin en Allemagne” 28 décembre 2020 : 1 page.

(Evaluation of covid-19 vaccines: the questions to ask)
Prescrire International, 20 de noviembre 2020
https://english.prescrire.org/en/81/168/60501/0/NewsDetails.aspx
Traducido por Salud y Fármacos

Una oleada de comunicados de prensa que anuncian vacunas efectivas y aparente y relativamente seguras contra el covid-19 ha tenido lugar en noviembre del 2020. Sin embargo, como los resultados detallados no se han publicado, es imposible evaluar la calidad y relevancia de estas afirmaciones. Cuando finalmente tengamos más que titulares para avanzar, ¿qué preguntas sobre estos ensayos clínicos será necesario hacer? Las respuestas ayudarán a determinar la utilidad de estas vacunas y a definir la estrategia de vacunación, teniendo en cuenta los intereses de los vacunados y de la sociedad en su conjunto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado más de 200 vacunas covid-19 en desarrollo para mediados de noviembre de 2020. Docenas de ellas ya se están probando en humanos en ensayos clínicos. Algunas compañías farmacéuticas han publicado comunicados de prensa anunciando que su vacuna es muy “eficaz” y relativamente segura. Sin embargo, para mediados de noviembre de 2020, resultados detallados, que permitan evaluar la calidad y relevancia de los resultados que se afirman, aún no se han publicado.

Cuando finalmente tengamos más que titulares para continuar, ¿qué preguntas será necesario hacer sobre estos ensayos clínicos? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a determinar la utilidad de estas vacunas y definir la estrategia de vacunación, teniendo en cuenta los intereses de los vacunados y de la sociedad en su conjunto.

Preguntas sobre los objetivos de los ensayos clínicos con las vacunas covid-19
La vacunación contra el covid-19 tiene una variedad de objetivos. Debería reducir el riesgo de desarrollar las consecuencias más graves de la enfermedad, como la muerte o la necesidad de cuidados intensivos, reducir las secuelas a largo plazo y reducir la transmisión y prevalencia del virus.

Por lo tanto, es necesario formular una serie de preguntas sobre los objetivos de un ensayo para evaluar una vacuna antes de poder evaluar adecuadamente sus resultados. El objetivo fue detectar una reducción en:

• ¿Mortalidad por covid-19? ¿A corto o medio plazo?
• ¿El número de pacientes que requirieron cuidados intensivos?
• ¿El número de pacientes hospitalizados por covid-19?
• ¿Infecciones graves o leves?
• ¿La prevalencia del virus mediante la identificación de infecciones asintomáticas?

Los objetivos definidos determinan el número y las características de los voluntarios que se incluirán en el ensayo clínico, los resultados a medir, los métodos de recopilación de datos, la duración del ensayo, etc.

Preguntas sobre el diseño del ensayo
Al evaluar la capacidad de una vacuna covid-19 para prevenir la muerte o reducir la incidencia de infección por Sars-CoV-2, la evidencia más sólida sobre la eficacia se generará mediante ensayos aleatorizados comparativos. Esto significa que los participantes se asignan al grupo de la vacuna o al otro grupo al azar, de modo que la principal diferencia entre los grupos que se comparan es si recibieron o no la vacuna covid-19. Mientras el ensayo está en curso, es mejor si los participantes no saben si recibieron la vacuna, en caso de que este conocimiento afecte su comportamiento, como su adherencia a las medidas de distanciamiento e higiene. También es mejor si los investigadores tampoco lo saben, en caso de que este conocimiento afecte su evaluación de los síntomas de los participantes. Esto se conoce como un ensayo “doble ciego”.

Para determinar si un ensayo es capaz de proporcionar respuestas sobre la eficacia de una vacuna covid-19, las preguntas que deben hacerse sobre su diseño son:

• ¿El ensayo fue de asignación aleatoria?
• ¿Los participantes del grupo de control (es decir, los que no recibieron la vacuna covid-19) recibieron un placebo, una vacuna diferente o ninguna intervención?
• ¿El ensayo fue doble ciego?
• ¿Qué medidas de impacto se eligieron (es decir, qué resultados se midieron)?
• ¿Quiénes fueron los participantes del ensayo? ¿Cuál fue su nivel de exposición a Sars-CoV-2? ¿Tuvieron contacto cercano con pacientes infectados con el virus, por ejemplo, profesionales de la salud? ¿El ensayo se llevó a cabo mientras la prevalencia del virus era alta o baja? O, ¿los participantes estuvieron expuestos deliberadamente al virus?
• ¿El ensayo incluyó un número suficiente de personas con mayor riesgo de desarrollar formas graves de covid-19 (debido a su edad avanzada, antecedentes de enfermedades cardiacas o pulmonares, diabetes u obesidad) para permitir la interpretación de los datos obtenidos en estos grupos?
• ¿La vacuna se evaluó en poblaciones que normalmente tienen una respuesta a la vacunación inferior al promedio, como personas muy ancianas o pacientes inmunosuprimidos?
• ¿Durante cuánto tiempo se monitoreó a los participantes del ensayo? ¿Se han anunciado planes para publicar otros resultados, con un seguimiento más prolongado?

Preguntas sobre probables efectos adversos
Una vacuna debe hacer algo más que reducir la incidencia y las complicaciones de la infección: también debe causar problemas de salud menos graves que la infección. Por lo tanto, deben hacerse preguntas sobre los efectos adversos de la vacuna:

• ¿Qué tipo de vacuna se evaluó: virus atenuado, virus inactivado, proteína viral o inserción intracelular de material genético? ¿Existe un largo historial de uso seguro de este tipo de vacuna? ¿Cuáles son los efectos adversos conocidos y previsibles de este tipo de vacuna?
• ¿La vacuna contiene un adyuvante? ¿Este adyuvante ya se ha utilizado en otras vacunas con efectos adversos conocidos? O, ¿nunca se ha utilizado antes, lo que significa que sus efectos adversos son muy inciertos?
• ¿Los resultados publicados del ensayo clínico incluyen datos detallados sobre los efectos adversos de la vacuna?
• ¿Se ha organizado un seguimiento a más largo plazo de los participantes del ensayo? ¿En cuántos participantes y durante cuánto tiempo? ¿Cómo se identificarán los eventos graves?
• ¿Las mujeres embarazadas estuvieron expuestas a la vacuna? ¿Cuántas? ¿Y cómo afectó el resultado de su embarazo?

Preguntas sobre la transparencia de los datos
También se deben hacer preguntas sobre la confiabilidad y transparencia de los resultados presentados:

• ¿Se registró el ensayo en un registro internacional antes de la inscripción del primer participante?
• ¿El protocolo del ensayo estaba disponible antes de que éste comenzara? ¿El ensayo se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo? ¿Se describieron cambios en el protocolo y se justificaron?
• ¿Los resultados publicados son lo suficientemente detallados? ¿Fueron publicados en una revista científica revisada por pares?
• ¿El conjunto completo de datos está disponible para los investigadores que no participaron en el ensayo, para permitirles verificar la calidad del análisis de datos?
• ¿Quién financió el ensayo?

La pandemia del covid-19 es una situación excepcional, una de cuyas consecuencias ha sido el desarrollo de vacunas en un tiempo récord. La urgencia de la situación no es motivo para reducir los estándares de evaluación de estas vacunas. Continuaremos monitoreando este riesgo potencial.

Referencias

1. Évaluation des vaccins covid-19 : des questions à se poser” Application Prescrire 20 November 2020.
2. WHO “Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines” 12 November 2020. https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
3. FDA “Development and licensure of vaccines to prevent covid-19. Guidance for industry” June 2020. https://www.fda.gov/media/139638/download
4. Lurie N et al. “The development of COVID-19 vaccines. Safeguards needed” JAMA 2020; 324 (5): 439-440. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768156
5. Doshi P “Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us” Br J Med 2020; 21 October 2020 https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4037.full.pdf
6. Doshi P “Covid-19 vaccine trial protocols released” BMJ 2020; 21 October 2020: 2 pages. https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4058.full.pdf

Si desea más información (en inglés): “Covid-19: Follow Prescrire’s independent, evidence-based analysis of the pandemic” https://english.prescrire.org/en/81/168/58745/0/NewsDetails.aspx

La FDA y las inspecciones de las plantas de producción de vacunas
Salud y Fármacos, 4 de diciembre de 2020

El dos de diciembre, Vanity Fair publicó un articulo denunciando como la FDA ha venido inspeccionando las plantas de manufactura de vacunas (Eban, K. The COVID Vaccines Are Approaching. Is the FDA Ready to Inspect. Vanity Fair, 2 de diciembre de 2020 https://www.vanityfair.com/news/2020/12/fda-covid-vaccine-plant-inspectors) A continuación resumimos los puntos más importantes.

La FDA cuenta con un grupo especializado en la supervisión de plantas de fabricación de productos biológicos “Team Biologics”, que consta de 14 investigadores que deben inspeccionar 280 plantas de producción de vacunas y derivados de la sangre. Arie Menachem era uno de los miembros de este equipo. Menachem tiene una maestría en bioquímica y trabajó durante 13 años en control de calidad y cumplimiento de normas en varias compañías farmacéuticas antes de unirse a la FDA en 2014. Desde que renunció a su trabajo en la FDA en mayo de 2019, está trabajando con una importante empresa farmacéutica europea.

El 22 de octubre de 2018, Menachem fue a inspeccionar una planta productora de vacunas de Merck Sharp & Dohme ubicada en Durham, Carolina del Norte. Esta planta ocupa un terreno equivalente al de 13 campos de futbol, y produce varias vacunas, incluyendo las de la varicela, el herpes y la M-M-RII, que previene las paperas, el sarampión y la rubeola y se administra a los niños a partir del primer año. Menachem tenía nueve días para realizar su tarea. Vale la pena resaltar que Vanity Fair confirmó el relato de la inspección que hizo Menachem y los eventos que ocurrieron en Team Biologics, a través de entrevistas con cuatro empleados o exempleados de la FDA, incluido Menachem, haciendo una revisión detallada de documentos y un análisis de los datos de inspección de Team Biologics. Una persona familiarizada con la investigación de Merck describió la actitud de la FDA como de maleficiencia.

La contaminación de las plantas que producen inyectables estériles puede producir muertes, y los que trabajan en ellas tienen que tomar muchas precauciones, por ejemplo, tienen que llevar trajes estériles y no se pueden trasladar de una zona menos estéril a otra más estéril sin cambiarlos, pare evitar introducir gérmenes. También tienen que moverse lentamente, para no afectar el flujo de aire. Las condiciones de esterilidad van siendo más estrictas a medida que se acercan al área donde está el producto terminado, pues podría haber ampollas de producto estéril abiertas.

La tarea de Menachem se complicó cuando su supervisor le envió un documento de 19 páginas escrito por un trabajador anónimo de la empresa. Las acusaciones eran muy serias. Al parecer los trabajadores defecaban y orinaban en sus uniformes, y se había detectado restos de heces en el suelo de la planta de producción. Esto podría explicarse porque para ir al baño, los trabajadores tienen que sacarse el uniforme y volvérselo a poner, y cada uno de esos pasos puede consumir alrededor de 15 minutos. El problema era tan grave que la empresa que lavaba y abastecía los uniformes para la planta se quejó a Merck de las condiciones poco salubres de los mismos.

Una de las cosas más preocupantes es que ese mismo informante había enviado, en enero de 2016, una carta a la FDA que nunca llegó a manos del Team Biologics, y que incluía acusaciones parecidas: materia fecal en uniformes estériles y en el suelo de áreas controladas; un guante lleno de orina en un basurero que se encontraba en el área de producción crítica, un video mostrando a técnicos bailando en una de las salas limpias, y que hubieran podido estar contaminando el aire. Las acusaciones mostraban que la planta estaba fuera de control y que la seguridad de los pacientes estaba en peligro. En la carta de 2018, el informante se preguntaba cómo podía ser que se permitieran todas estas violaciones en una planta que tiene que estar muy bien regulada por la naturaleza de los productos que manufactura.

Dada la gravedad de las acusaciones, Menachem pidió apoyo a la FDA. En realidad, la FDA había enviado al menos dos inspectores para las tres inspecciones previas. Cuando hay más de un inspector, se puede hablar con los empleados individualmente para obtener una versión mas precisa de lo que sucede en la planta. Además, es la estrategia que recomienda la FDA cuando ha recibido información de un delator. Según Menachem, su supervisor le negó la solicitud y además le impidió que hiciera una investigación adecuada, aún cuando pudo corroborar aspectos claves de las acusaciones del delator.

Menachem logró ponerse en contacto con el delator, quien compartió la foto de un cubo de basura con un cartel para que los trabajadores desecharan los uniformes con heces, orina o sangre. La carta del denunciante decía que los contenedores de basura se habían colocado en mayo de 2018 fuera de los vestidores de hombres y mujeres, cerca de las áreas de producción, cuando Cintas se quejó de haber recibido cinco prendas contaminadas con sangre, orina o materia fecal en el transcurso de un mes. Pero los contenedores fueron retirados durante la inspección de Menachem, le dijo el delator.

Cuando Menachem quiso ver las quejas que había presentado Cintas contra la planta, los funcionarios de la planta redactaron (es decir, tacharon parte de la información) 13 de las 15 cartas que compartieron con Menachem, indicando que era información de naturaleza financiera. Habían pronunciado “la palabra mágica”, dijo Menachem. “No puedo preguntarles sobre asuntos financieros”. Si bien las plantas de fabricación deben proporcionar a la FDA todos los materiales relacionados con la calidad del producto, no tienen que compartir información relacionada con sus operaciones comerciales

Menachem estaba tan preocupado que él mismo se convirtió en delator. En noviembre de 2018, un mes después de la inspección de Merck, presentó una queja ante la Oficina de Asesores Especiales de EE UU, una agencia federal independiente que protege a los denunciantes del gobierno, afirmando que la FDA no estaba regulando adecuadamente las plantas de fabricación de vacunas y productos biológicos. Además, Menachem alegó que después de las inspecciones a Merck y otras tres plantas de manufactura, su supervisor y otros funcionarios de la FDA minimizaron indebidamente sus hallazgos y permitieron que las instalaciones siguieran sin aplicar las regulaciones.

El 11 de marzo de 2019, Menachem dijo que estaba en Raleigh, Carolina del Norte, viajando por trabajo, cuando recibió una llamada de su supervisor: Alguien iría a su hotel en una hora para confiscar su computadora del gobierno. Menachem solo pudo maravillarse de la ironía. La agencia se había negado a enviar refuerzos a una planta de fabricación de Carolina del Norte para ayudarlo a interrogar a un informante confidencial que había alegado graves abusos de salud pública, pero cuando se trató de quitarle su computadora, la agencia se movió como una máquina bien engrasada.

Pronto, Menachem estaba siendo investigado por trabajar parte del tiempo a distancia, un arreglo que su supervisor había aprobado verbalmente. Un abogado de la Oficina del Asesor General de Salud y Servicios Humanos le ofreció un trato: si retiraba su queja contra la agencia, la FDA detendría su investigación y Menachem podría regresar al servicio del gobierno en el futuro. En cambio, Menachem renunció. Tras su renuncia dijo “Si la FDA tiene que asegurar que todos hacen las cosas correctamente, la FDA no está haciendo su trabajo”.

La FDA se defendió diciendo que su responsabilidad es asegurar que el público estadounidense tiene acceso a productos médicos seguros y efectivos, producidos de acuerdo con las prácticas de buena manufactura vigentes. Merck dijo que si bien en alguna ocasión se encontraron contaminantes en los uniformes que se enviaron a la lavandería, esos eventos nunca pusieron en peligro a los pacientes, ni la calidad del producto.

A pesar de todo esto, no hay motivos para pensar que las vacunas amenazan la salud y seguridad de los estadounidenses. Los programas de inmunización siguen siendo uno de los mayores logros de salud pública, y han logrado erradicar la polio y la viruela.

Sin embargo, la reciente politización de las decisiones reguladoras que ha promovido la administración Trump contribuye a erosionar la confianza de los estadounidenses en las vacunas y en las decisiones de la FDA. Por otra parte, al habernos centrado en el desarrollo de las vacunas contra el COVID 19, se ha descuidado la importancia de asegurar que los procesos de manufactura son adecuados.

La experiencia de Menachem en Team Biologics cobra importancia porque cuestiona como la FDA supervisa las plantas de manufactura que producirán las vacunas COVID-19. Estas instalaciones enfrentan presiones financieras y de producción que a menudo pueden comprometer la seguridad, por lo que la supervisión regulatoria se convierte en una labor todavía más importante. Además, trasladar cualquier fármaco en desarrollo de un laboratorio controlado a la planta de manufactura, y aumentar la producción de miles a millones de dosis, podría ser un campo minado de peligros, que podría resultar en fármacos inestables o impuros.

Cuatro personas familiarizadas con el trabajo de Team Biologics dijeron a Vanity Fair que los 14 investigadores están divididos; y enfrentan conflictos, desacuerdos, quejas de personal y baja moral, y sus supervisores tienen poca experiencia. Los supervisores diluyen rutinariamente las recomendaciones que hacen los investigadores en relación con los cambios urgentes que se deben hacer en las plantas de manufactura, dijeron esas cuatro personas. Entre 2015 y 2019, a pesar de que se detectaron problemas graves, ni una sola de las inspecciones realizadas por Team Biologics resultó en una carta de advertencia, el método principal que utiliza la FDA para obligar a una planta de medicamentos a cumplir con las reglas de fabricación reveló un análisis de los informes de inspección de la FDA. Esta actitud permisiva hacia las plantas de vacunas y biológicos ha permitido que las plantas de manufactura con déficits de calidad continúen funcionando sin obstáculos, dijo Menachem.

En su declaración, un portavoz de la FDA dijo que la FDA “interacciona continuamente con los fabricantes para ayudar a resolver los problemas de proceso y de cumplimiento de las regulaciones. La comunicación abierta a menudo logra que se corrijan los hallazgos de las inspecciones de forma más oportuna y efectiva que el proceso regulatorio”.

Incluso antes de que se apruebe una vacuna COVID-19, las plantas de manufactura ya la están produciendo para estar listas por si la FDA otorga su aprobación por emergencia. Pero hasta ahora esas plantas no han sido plenamente inspeccionadas por la FDA, cuando la agencia suele realizar estas inspecciones antes de aprobar un nuevo medicamento, dijo a Vanity Fair una persona familiarizada con el proceso. En su lugar, los investigadores de Team Biologics están haciendo visitas a las plantas y describiendo sus hallazgos en memorandos internos, en lugar de escribir los típicos informes de inspección. “Esos no se darán a conocer públicamente, por eso lo hacen”, dijo esa persona a Vanity Fair. “No es un buen proceso. Parecería que mucha gente está tratando de diluir cualquier hallazgo, si es que hay alguno”.

Un portavoz de la FDA declaró que la FDA, para evaluar las plantas que fabrican productos autorizados por uso en emergencias, utiliza la información de los fabricantes, revisa los registros de las empresas, hace visitas a las plantas y evalúa el historial de la empresa relacionado con el cumplimiento de las normas. Hasta la fecha ha investigado a dos fabricantes de vacunas COVID-19.

Merck no es ajeno a las denuncias de delatores relacionadas con las vacunas. En 2010, dos virólogos de Merck presentaron una demanda de delator en el Tribunal de Distrito de EE UU para el Distrito Este de Pensilvania, alegando que los científicos de la empresa, con el conocimiento de los ejecutivos de Merck, utilizaron técnicas inadecuadas de análisis y manipularon los datos para afirmar falsamente que su vacuna MM-RII tuvo una tasa de eficacia del 95%. Según la demanda, Merck lo hizo para que la FDA volviera a otorgar el permiso de comercialización a la vacuna, y al combinarla con la vacuna contra la varicela crear una nueva vacuna llamada ProQuad. La demanda alegó que la vacuna M-M-RII tenía una tasa de eficacia más baja, lo que podría haber provocado un resurgimiento de las paperas. El caso aún está en litigio y ambas partes han solicitado un juicio sumario.

El portavoz de Merck describió la demanda como “completamente infundada” y dijo: “Merck confía en que prevalecerá en los tribunales”.

Aunque la FDA, aproximadamente cada pocos años, intenta inspeccionar todas las plantas de manufactura que producen ingredientes de medicamentos o dosis terminadas para el mercado estadounidense, da prioridad a productos de alto riesgo como las vacunas. La agencia también suele inspeccionar las plantas antes de aprobar un nuevo medicamento o si se entera de que hay condiciones peligrosas.

Los investigadores de la FDA documentan los problemas que encuentran en un informe llamado Formulario 483. También clasifican sus inspecciones, recomendando uno de tres resultados diferentes. “Ninguna acción indicada” significa que la planta está funcionando de manera segura. “Acción voluntaria indicada” significa que la planta debe hacer correcciones, pero sin urgencia. “Acción oficial indicada”, el hallazgo más serio, significa que es probable que la FDA restrinja la fabricación de una planta y requiera cambios inmediatos. Si la planta no cumple, podría recibir una carta de advertencia. Eso puede llevar a más sanciones y ser catastrófico para la empresa.

Las observaciones de la FDA y las cartas de advertencia generalmente son públicas, lo que cumple una función vital: “Ayuda a que las empresas sean honestas”, dijo Lynn, un exempleado de la FDA. “Con el tiempo, saben que si no lo están haciendo bien, la información saldrá al dominio público y es posible que tengan que responder”.

Pero esa transparencia ha estado notablemente ausente durante la Operation Warp Speed, porque el programa ha financiado el desarrollo de candidatos a vacunas que pueden o no ser aprobados, y ya se han fabricado millones de dosis de vacunas. Si la FDA otorga lo que se llama una autorización de uso por emergencia para una vacuna COVID-19, bajo un estándar que no cumple con el requisito de una aprobación completa, ni siquiera está claro si la FDA requerirá inspecciones completas de las plantas de fabricación.

Pero, por la misma función de las vacunas, el proteger a las personas sanas, requiere una mayor vigilancia, dijo el Dr. Peter Hotez, investigador de vacunas y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine. “El listón de las vacunas COVID debe ser más alto, porque se inyectan a personas que en general están bien para evitar que enfermen, y el margen de error debe ser menor”, dijo. Con una vacuna COVID-19, “se podría estar infectando a toda la población de los Estados Unidos, y si hay errores, afectarán a 330 millones de personas”.

Para examinar el historial de la FDA en la vigilancia de las plantas de fabricación de vacunas, Vanity Fair pidió a Redica Systems (anteriormente conocida como Govzilla), que dice tener la mayor cantidad de registros de inspección de la FDA disponibles al público, que examine las observaciones y los resultados de las inspecciones realizadas por Team Biologics. Los resultados fueron sorprendentes. Entre 2015 y 2019, los investigadores de Team Biologics documentaron problemas u observaciones en el 86% de sus inspecciones. Y, sin embargo, ni una sola de esas inspecciones resultó en una carta de advertencia.

Esto contrasta notablemente con las inspecciones a las plantas de medicamentos para humanos realizadas por el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. Durante el mismo período de cinco años, sus inspectores documentaron problemas u observaciones en el 51% de sus inspecciones. No obstante, esta tasa más baja resultó en cartas de advertencia en casi el 4% de las veces. Eso está más en línea con el historial de Team Biologics de 2010 hasta 2014, cuando el 77% de sus inspecciones dieron lugar a observaciones y más del 3% de sus inspecciones resultaron en cartas de advertencia.

Cuatro empleados actuales u exempleados de la FDA dijeron que era bien sabido, dentro de la FDA, que la Oficina de Cumplimiento rara vez emitía cartas de advertencia a las plantas productoras de biológicos. Aunque la razón no está clara, uno de esos empleados sugirió que tiene una orientación “muy pro-industria”.

La aprobación del primer tratamiento para COVID hace quedar mal a la FDA
Salud y Fármacos, 4 de diciembre de 2020.

El artículo que resumimos a continuación fue publicado en Science el 27 de octubre de 2020 (Jon Cohen, Kai Kupferschmidt, The ‘very, very bad look’ of remdesivir, the first FDA-approved COVID-19 drug https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug)

Durante el mes de octubre de 2020, Gilead Sciences obtuvo dos grandes éxitos comerciales con remdesivir, su tratamiento para el COVID 19. El 8 de octubre firmó un acuerdo con la Unión Europea que podría superar los US$1.000 millones, y el 22 de octubre, la FDA aprobó el remdesivir para tratar el COVID 19.

Ambas decisiones sorprendieron a los científicos que han estado dado seguimiento a los resultados de los ensayos clínicos con remdesivir. En el mejor de los casos, en un ensayo clínico bien diseñado de gran tamaño, el remdesivir demostró acortar un poco el periodo de recuperación de los pacientes hospitalizados con casos graves de COVID 19, pero otros estudios más pequeños no lograron detectar ningún beneficio. Además, el 15 de octubre se dieron a conocer los resultados del estudio de la OMS, SOLIDARITY, demostrando que el remdesivir no reduce la mortalidad por COVID 19 ni el periodo de recuperación.

Dos circunstancias han favorecido a Gilead, por una parte, desde que inició la pandemia, la FDA no ha convocado al Comité Asesor de Medicamentos Antimicrobianos (Antimicrobial Drugs Advisory Committee o ADAC) que generalmente interviene cuando la FDA tiene que tomar decisiones sobre asuntos complicados relacionados con los antirretroviales. Por otra parte, la Unión Europea llegó a un acuerdo por el precio de remdesivir exactamente una semana antes de que se publicaran los resultados de SOLIDARITY, que Gilead ya conocía desde finales de septiembre, pero que no compartió durante las negociaciones. En realidad, la empresa no acepta los resultados de este ensayo como válidos porque se realizó en muchos países con sistemas y estándares de salud muy diferentes [2].

La FDA no tiene la obligación de consultar con ADAC, pero la decisión no ha sido bien recibida por los expertos en estos temas, quienes consideran que establece un precedente para los tratamientos COVID 19, y contrasta con la forma como se están evaluando las vacunas [1].

Los resultados de los ensayos clínicos
Dos días después de que se hubiera anunciado que el COVID 19 resulta de una infección por SARS-CoV-2, se publicó un estudio en Nature Communications mostrando que el remdesivir había demostrado ser un potente inhibidor de los coronavirus, en estudios in vitro y en ratones. Dos semanas más tarde, en EE UU, un paciente de 35 años con COVID 19 recibió tratamiento con remdesivir y sus médicos informaron que había mejorado rápidamente [3]

El 29 de abril se publicaron los resultados preliminares de ensayo controlado con placebo que patrocinó el NIH [4]. Según está publicación, el impacto del remdesivir era inferior al esperado, pero seguía siendo promisorio. El comunicado de prensa del NIH decía que el remdesivir había reducido el periodo de recuperación de los pacientes hospitalizados graves en una tercera parte (de 15 a 10 días) [5].

Ese mismo día, el Lancet publicó los resultados de un estudio más pequeño realizado en China donde trataron a los pacientes hospitalizados con remdesivir [6]. Según este estudio, el remdesivir no aportó ningún beneficio.

Sorprendentemente, dos días después de conocerse esos resultados, la FDA, en base al estudio del NIH autorizó el uso por emergencia del remdesivir en pacientes COVID 19 [8].

Es deprimente ver cómo Gilead intenta difamar al ensayo SOLIDARITY. Decir que el ensayo no tiene valor porque se ha hecho en países de bajos ingresos. solo demuestra prejuicios
Marie-Paule Kieny, INSERM

El 21 de agosto, JAMA publicó un estudio de Gilead [9] que comparaba los pacientes hospitalizados con COVID 19 y neumonía de gravedad moderada que recibieron el tratamiento estándar, con el tratamiento con remdesivir durante cinco o diez días. Según este estudio, los tratados con remdesivir durante 5 días mejoraron más rápidamente, pero no fue así para los que recibieron 10 días de tratamiento. Otro estudio previo de Gilead no detectó diferencias entre ambos tratamientos.

La semana siguiente, la FDA amplió la aprobación de uso por emergencia de remdesivir para tratar a todos los pacientes hospitalizados con COVID 19 [10], desatando fuertes críticas de expertos, quienes solicitaron que el comisionado de la FDA contuviera la politización de las decisiones que estaba tomando la agencia o renunciara a su cargo.

Interpretando la evidencia
El estudio SOLIDARITY se realizó en 405 hospitales de 30 países, y su muestra es tres veces superior a la de los otros tres ensayos juntos. Los grupos control del estudio SOLIDARITY no incluyeron a un grupo placebo, sino que hubo cuatro grupos: un grupo recibió el tratamiento estándar y otros tres medicamentos experimentales. Su objetivo era determinar si alguno de los tratamientos disminuía la mortalidad hospitalaria entre los pacientes COVID 19 hospitalizados, sin que ninguno de ellos lo lograra [11]. Además, el remdesivir no tuvo ningún impacto en la duración de la hospitalización, ni en el uso de ventiladores.

La FDA autorizó el remdesivir en base a los resultados de tres ensayos clínicos (el del NIH y dos ensayos patrocinados por Gilead) [12], e ignoró los resultados de SOLIDARITY, que Gilead considera que estuvo mal diseñado [13, 14] y otros dos ensayos controlados con placebo que se hicieron en China.

Según la OMS, Gilead conocía el plan de análisis estadístico antes de sumarse al ensayo, y cuando este concluya se le entregaran todas las bases de datos. Además, los sistemas de salud representados en el ensayo SOLIDARITY no fueron tan diversos, pues el 50% de los 2.750 pacientes tratados con el producto de Gilead eran canadienses o europeos.

Expertos del NIH afirman que los datos de SOLIDARITY son adecuados, y la medida de impacto que utiliza es muy sólida. Un investigador de la Universidad de Oxford que es colíder del estudio más grande que involucra a varios tratamientos COVID 19 dijo que el remdesivir no ayuda a los pacientes que están más enfermos, que es donde más se necesita, pero podría ayudar en etapas mas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, como muchos pacientes se recuperan sin tratamiento, si se les proporcionara tratamiento con remdesivir, se invertirían muchos recursos sin obtener beneficios apreciables.

La seguridad del remdesivir constituye otro problema adicional. A finales de agosto se detectaron más problemas hepáticos y renales entre los pacientes tratados con remdesivir que entre los que recibieron otros tratamientos [15], y la EMA está estudiando informes de lesiones renales agudas entre los tratados con remdesivir [16].

Otros investigadores han señalado que remdesivir no disminuye la carga viral de SARS-CoV-2.

La Unión Europea no se entera
La EMA otorgó una autorización condicional a remedesivir [17] y ha negociado la compra de 500.000 tratamientos por US$1.200 millones [18]. Según Science, la Unión Europea no se enteró del fracaso de remdesivir en el estudio SOLIDARITY hasta el día siguiente de firmar el contrato con Gilead.

Esta aprobación no ha sido honesta y estos tiempos no son normales. Hubiera ido mejor si hubiera habiido una discusión pública sobre este tema. Luciana Borio, former chief scientist at FDA

Afortunadamente el contrato establece el precio del remdesivir en US2.400 por tratamiento completo, pero no obliga a que los países lo compren. Gilead ha dicho que no piensa ajustar los precios a la luz de los resultados de SOLIDARITY.

Los expertos afirman que la FDA se equivocó al aprobar el remdesivir para el tratamiento del COVID 19 y dicen que, a no ser que surja más información, la EMA no debería aprobarlo.

Peter Maybarduk, director

Public Citizen’s Access to Medicines, 16 de noviembre de 2020

https://twitter.com/Public_Citizen/status/1328357640783634433)

Traducido por Salud y Fármacos

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) anunciaron hoy “resultados provisionales prometedores” de los datos del ensayo clínico de fase III del candidato a vacuna mRNA-1273 COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud de EE Unidos y Moderna, Inc. desarrollaron juntos la vacuna.

“Esta es la vacuna de la gente. La vacuna de los NIH no es simplemente la vacuna de Moderna. Los científicos del gobierno participaron en el desarrollo y los contribuyentes la han financiado. Todos hemos jugado un papel. Debería pertenecer a la humanidad.

“Tanto la administración actual como la del presidente electo Biden tienen la oportunidad de hacer de esta vacuna un bien público que sea gratuito y está disponible para todos y ayudar para que la producción también sea global, y evitar su racionamiento que sería una forma de apartheid global de vacunas.

“Si la vacuna de los NIH resulta segura y eficaz, podría ser una de los productos médicos más importantes de nuestro tiempo. Pero un suministro limitado haría imposible que la vacune pueda administrarse a miles de millones de personas evitando muertes y sufrimiento durante varios años”.

Public Citizen publicó anteriormente un informe (https://www.citizen.org/article/the-nih-vaccine/ ) en el que muestra que, además de las primeras inversiones del gobierno de EE UU, el gobierno ha registrado patentes relacionadas con la vacuna y probablemente es co-propietaria  de la tecnología de la vacuna. Moderna se ha basado en una proteína del pico estabilizada (stabilized spike protein) (https://www.citizen.org/news/analysis-pfizer-vaccine-relies-on-u-s-government-developed-spike-protein-technology/ ) desarrollada por el gobierno de EE. UU. El gobierno de EE UU también financió el 100% del proyecto de Moderna para llegar a que se obtenga la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Los contribuyentes también contribuyeron de nuevo cuando la administración Trump pagó a Moderna US$ 1.500 millones adicionales para asegurar las dosis por adelantado ( https://www.citizen.org/news/trump-to-pay-moderna-1-5-billion-for-vaccine-candidate-likely-co-owned-by-u-s-government/ ).

(Corporate Charity – Is The Gates Foundation Addressing Or Reinforcing Systemic Problems Raised By COVID-19?)

Malpani R, Baker B, Kamal-Yanni M

Health Policy Watch, 31 de octubre de 2020

https://healthpolicy-watch.news/gates-foundation-address-systemic-covid-19/

Traducido por Salud y Fármacos

En el año 2000, durante la pandemia del VIH / SIDA surgieron dos acercamientos, que compiten entre ellos, para promover el acceso a los medicamentos. Hoy, en el apogeo de la pandemia COVID-19, estas mismas estrategias vuelven a estar a punto de chocar.

Por un lado, está la respuesta ‘internacional’ a COVID, que aparentemente lidera la OMS, pero que de hecho maneja la Fundación Gates, que ahora es la institución de salud global más grande y poderosa del mundo y tiene el respaldo de la industria farmacéutica y de los países de altos ingresos.

Por otro lado, está el movimiento de acceso a los medicamentos, liderado por la sociedad civil junto con los países de ingresos bajos y medios (PIBM) como India y Sudáfrica, con el respaldo de cientos de organizaciones de base, grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que están desafiando los monopolios de medicamentos y promoviendo la competencia de genéricos para ampliar con éxito la oferta y reducir los precios de los medicamentos, pruebas diagnósticas, equipos COVID-19 y futuras vacunas.

Estos grupos argumentan que para enfrentar la pandemia de COVID-19 hay que usar ampliamente las mismas estrategias que revolucionaron el acceso a los medicamentos antirretrovirales (ARV) durante la crisis del SIDA. ¿Podemos aprender de los éxitos y errores cometidos la última vez?

La Fundación Gates se ha metido en la pandemia de COVID-19

Dos décadas después de su creación, la fundación que cuenta con una dotación total de US$50.000 millones (https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet), ha redirigido toda su actividad a la pandemia (https://www.ft.com/content/f4557f2c-2464-46bd-a844-d08cadc3da59).

Gates ha gastado o se ha comprometido a gastar cientos de millones de dólares en el desarrollo y la adquisición de tecnologías médicas COVID-19 (https://ww2.gatesfoundation.org/ideas/articles/coronavirus-mark-suzman-funding-announcement-2), se ha asociado con agencias de salud globales y con las corporaciones farmacéuticas para acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías. Los líderes de la Fundación también han utilizado su “voz moral” para responder al predecible nacionalismo de la tecnología de la salud que se ha ido arraigando (https://www.ft.com/content/f999c4e4-78a2-4f83-9beb-91c15dccd0b8).

Suena impresionante ¿no?

Pero si se hace un análisis más detallado, emerge un conjunto de soluciones poco ambiciosas, ineficientes e inadecuadas que se basan exclusivamente en lo que la caridad o el mercado permiten. Esto se traduce en priorizar los monopolios farmacéuticos sobre la tecnología y la propiedad intelectual (PI), y estrategias secretas, tecnocráticas y de arriba hacia abajo que en su mayoría excluyen a los países de ingresos bajos y medios (PIBM) de la toma de decisiones, además de evitar el escrutinio público.

Además, el papel de la Fundación y su desmesurada voz amenazan con socavar el papel y la participación de los grupos de la sociedad civil en la toma de decisiones, que fueron eficaces en el apogeo de la epidemia del VIH / SIDA, y que se requieren con urgencia nuevamente hoy.

Como prueba de ello, basta con ver cómo fluye el dinero.

La Fundación Gates es el segundo financiador que más contribuye a la Organización Mundial de la Salud (https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/), la agencia de salud global de los estados miembros de la ONU, que establece estándares y emite recomendaciones públicas y tiene un presupuesto anual que es solo una fracción de lo que tiene Gates. La Fundación Gates también es uno de los principales financiadores y miembro de la junta directiva de la mayoría de las otras agencias de salud globales que son líderes en el mundo (https://www.theglobalfund.org/en/board/members/), y de las asociaciones público-privadas (como Gavi The Vaccine Alliance https://www.gavi.org/governance/gavi-board/composition, The Global Fund to fight HIV / AIDS Tuberculosis y Malaria https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/ y Unitaid https://unitaid.org/news-blog/unitaid-hails-new-us-50-million-contribution-bill-melinda-gates-foundation/#en). Esto otorga a la Fundación Gates poder para tomar decisiones (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4417636/) sobre los temas más destacados relacionados con la investigación, el desarrollo y la prestación de servicios de salud en los países en desarrollo (https://blogs.bmj.com/bmj/2018/11/28/global-health-disruptors-the-bill-and-melinda-gates-foundation/).

Además, la Fundación Gates ha invertido mucho en el desarrollo y la financiación de nuevas tecnologías, incluyendo inversiones directas en muchas empresas farmacéuticas (https://www.nytimes.com/2015/03/13/business/from-the-gates-foundation-direct-investment-not-just-grants.html). Esto incluye a la I + D de tecnologías para abordar enfermedades infecciosas y desatendidas, y apoyo financiero e institucional para ampliar la cobertura con inmunizaciones.

Las soluciones COVID-19 propuestas por la Fundación Gates están ancladas en esta visión del mundo. Y en términos de productos para la salud, atrapan a la mayoría de los países en un sistema que beneficia principalmente a las corporaciones farmacéuticas y a los gobiernos de los países de altos ingresos, que pueden apoyar a estas corporaciones con miles de millones de dólares en subsidios iniciales y posteriormente pagando altos precios por tratamientos y vacunas. Estas tendencias y prácticas probablemente perdurarán incluso después de que retroceda la pandemia.

 ¿Cuáles son los problemas principales?

1. Falta de transparencia

La Fundación Gates no desalienta ni trabaja por eliminar un problema persistente en lo relacionado con los medicamentos: el secreto. Durante las últimas dos décadas, ha habido esfuerzos concertados por parte de gobiernos, agencias internacionales (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_ACONF2Rev1-en.pdf), reguladores e inversores, para mejorar la transparencia del sistema farmacéutico en aspectos relacionados con las contribuciones públicas al financiamiento de la I + D, prioridades de investigación, el estado de las patentes, los datos de ensayos clínicos, el precio y costo total de I + D (http://www.unsgaccessmeds.org/final-report). También se han realizado esfuerzos para mejorar la transparencia de los términos y condiciones de los acuerdos de licencia entre empresas multinacionales y genéricas, principalmente a través de la publicación de los acuerdos de licencia por el Banco de Patentes (Medicines Patent Pool https://medicinespatentpool.org/what-we-do/licensing-for-public-health/).

A pesar de ello a través de esta pandemia, y desde bastante antes, la Fundación Gates no ha sido transparente. No comparte los términos y las condiciones de los acuerdos que firma con las empresas (mucho menos presenta una información clara de lo que financia) y no exige transparencia de los negocios que la fundación financia o para qué ha hecho las inversiones. Parece que la Fundación considera que es suficiente ser transparente ofreciendo información sobre las becas que concede y que publica en su página electrónica

Esta insistencia en ser secreta anima las peores tendencias de la industria farmacéutica a ocultar información, y dejar el poder de tomar decisiones en las manos de dos actores: la Fundación Gates y una empresa farmacéutica.

El 28 de septiembre de 2020, la Fundación Gates firmó un nuevo acuerdo con dos fabricantes de pruebas de diagnóstico para suministrar solo el 20% de sus nuevas pruebas de diagnóstico a 133 países de ingresos bajos y medios (https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/covid-19-tests-that-give-results-in-minutes-to-be-rolled-out-across-world). Este anuncio suscita muchas preguntas. ¿Por qué solo el 20%? ¿Qué 133 países son elegibles? ¿Quién seleccionó los países y cómo? ¿Participaron los gobiernos de los países en la toma de decisiones y en la planificación de la entrega de las pruebas? ¿Cuál es el número de pruebas en relación con el tamaño de la población de los países? ¿Las pruebas se distribuirán equitativamente? ¿Existe un acuerdo para ampliar la producción a través de otras fuentes? ¿Quién asume la responsabilidad si las pruebas son defectuosas? ¿Quién conoce las respuestas?

La Fundación Gates firmó un acuerdo secreto similar con Eli Lilly para el suministro de su candidato a anticuerpo monoclonal (para tratar el COVID 19) en nombre de los PIBM (https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-announces-arrangement-supply-potential-covid-19-antibody). Hay que hacer muchas de las mismas preguntas. Hay reserva de capacidad, pero ¿cómo acordaron las partes el número de dosis? ¿Cuál es el precio esperado y está basado en un análisis del costo de los bienes (y ese análisis se hará público)? ¿Quién decide los países? Todos estos detalles están rodeados de misterio.

De hecho, la Fundación está entrando en muchas “asociaciones” con la industria y el público solo se entera por los titulares sobre sus “compromisos” con la innovación y el acceso (https://www.biopharma-reporter.com/Article/2020/03/26/Gates-Foundation-partners-with-industry-on-coronavirus).

 2.Defensor dogmático de los derechos de propiedad intelectual y los monopolios

Quienes poseen la propiedad intelectual (PI), tienen el poder. Hay tres titulares principales de PI sobre tecnologías para luchar contra COVID-19: las instituciones y agencias gubernamentales de investigación que están pagando o desarrollando tecnologías COVID-19, las empresas que están desarrollando estas tecnologías (es cierto que a menudo con PI que fueron acumulando antes de la pandemia) y el Fundación Gates. La Fundación Gates ha invertido en muchas de estas tecnologías, antes y durante la pandemia, y al hacerlo, puede negociar ciertos derechos sobre las mismas (https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Global-Access-Statement). Eso le da cierta autoridad sobre cómo se gestiona la tecnología.

¿Por qué importa la propiedad intelectual?

En 2000, cuando la epidemia del VIH / SIDA se aceleró en África y partes de Asia y América Latina, las corporaciones farmacéuticas, armadas con monopolios de propiedad intelectual y con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea, cobraron precios escandalosos por los medicamentos contra el VIH, incluso en los países pobres (https://www.nytimes.com/1999/08/23/opinion/drugs-for-aids-in-africa.html). Además, entablaron demandas para disuadir a los países en desarrollo de utilizar medidas legales para promover la competencia y reducir los precios de los medicamentos (https://www.theguardian.com/business/2001/apr/16/aids).

Los altos precios de los medicamentos contra el VIH solo se redujeron gracias a las medidas adoptadas para superar las estrictas normas de propiedad intelectual que prohíben la competencia de genéricos. La competencia de los genéricos logró que los precios de los medicamentos contra el VIH sean ahora más de un 99% más bajos que hace dos décadas (https://www.ip-watch.org/2016/07/22/report-lifesaving-new-aids-drugs-remain-costly-older-versions-get-cheaper/#:~:text=’%20More%20than%2097%20percent%20of,for%20what%20deserves%20a%20patent). La competencia genérica, o en el caso de las vacunas, la entrada de múltiples competidores en el mercado han sido en gran parte responsables de la disponibilidad de medicamentos y vacunas asequibles en todo el mundo (https://haiweb.org/wp-content/uploads/2015/08/Competition-final-May-2011a1.pdf), incluyendo EE UU (https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-and-research-cder/generic-competition-and-drug-prices) y Europa. Las flexibilidades de las normas de propiedad intelectual (https://medicinespatentpool.org/what-we-do/addressing-childrens-needs/) también han sido fundamentales para permitir que terceros desarrollen formulaciones adecuadas de nuevos medicamentos y vacunas, ya sea para niños o para aquellos en entornos de escasos recursos.

Durante la pandemia de COVID-19, un paso crítico para ampliar el suministro de las nuevas pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas que necesitan todos los países para abordar el COVID-19 es la utilización de las flexibilidades de la normativa sobre la PI. Ninguna empresa puede suministrar una prueba diagnóstica, un medicamento o una vacuna a todo el mundo y, por lo tanto, maximizar la producción es fundamental para controlar el COVID-19. Superar las barreras de la propiedad intelectual no solo permitiría ampliar la oferta para acelerar su distribución equitativa, sino que introduciría la competencia que podría reducir los precios. Un mecanismo para superar las barreras de la propiedad intelectual es el Banco de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool), una iniciativa dirigida por los gobiernos y la OMS para facilitar el intercambio de datos, conocimientos técnicos, material biológico y la propiedad intelectual con el fin de facilitar la producción a bajo costo y el mayor suministro de medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas.

Más recientemente, India y Sudáfrica presentaron una propuesta al Consejo de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender la aplicación de los derechos de propiedad intelectual relacionados con COVID-19 hasta que se haya logrado que los sistemas de salud respondan eficazmente a la pandemia (https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True). Desafortunadamente, durante las discusiones que se llevaron a cabo a mediados de octubre en la OMC, sus miembros no lograron llegar a consenso y se presentará de nuevo para seguir debatiéndola y tomar una decisión a finales de año (https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/no-consensus-on-india-south-africas-wto-proposal-to-waive-off-patent-rights-for-covid-19-innovation/story/419292.html).

Sin embargo, la Fundación Gates no ha apoyado públicamente el C-TAP y, en cambio, lo está socavando al afirmar en discusiones con organizaciones de la sociedad civil (y aparentemente en conversaciones con las otras agencias de salud globales) que la PI no es una barrera y, al mismo tiempo, que superar la PI no es suficiente para que haya una oferta más amplia y competitiva.

También argumenta que la transferencia de tecnología es demasiado difícil de hacer a gran escala y, en cambio, debería hacerse con un pequeño grupo de socios de las grandes farmacéuticas o contratando fabricantes previamente aceptados. Al hacerlo, la Fundación Gates ignora que C-TAP también pide compartir conocimientos y acceso a líneas celulares, y medidas de transferencia de tecnología que son esenciales para la entrada de proveedores genéricos, problemas que las empresas que trabajan con la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) han abordado de manera limitada. Gates tampoco ha apoyado la propuesta sobre la exención de patentes que India / Sudáfrica presentaron a la OMC (https://healthpolicy-watch.news/77719-2/), a pesar de que varios otros actores globales la han apoyado (https://unitaid.org/news-blog/unitaid-supports-call-for-intellectual-property-waivers-and-action-for-access-to-covid-19-products/#en https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/october/20201015_waiver-obligations-trips-agreement-covid19).

Esta defensa del estatus quo en lo que se refiere a la propiedad intelectual, incluyendo los derechos sobre invenciones y datos, así como el control de propiedad sobre los conocimientos técnicos y las líneas celulares, logra que el poder sobre las tecnologías de salud COVID-19 recaiga casi por completo en un puñado de grandes corporaciones, subsidiadas por la financiación pública y filantrópica que desarrollan estas tecnologías. También ha permitido a la propia Fundación Gates actuar como un intermediario de peso para facilitar acuerdos secretos entre compañías farmacéuticas y productores de vacunas en países en desarrollo (https://www.businessinsider.com/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6?r=US&IR=T). Estos acuerdos, negociados fuera del alcance de los gobiernos y el público en general, hacen que la Fundación Gates y las empresas farmacéuticas decidan quién obtiene derechos limitados para fabricar vacunas y quién, en última instancia, tiene acceso a medicamentos, pruebas diagnósticas o vacunas.

El ejemplo más concreto de las consecuencias del acercamiento de la Fundación Gates a la PI ha sido la decisión de la Universidad de Oxford de firmar un acuerdo exclusivo con AstraZeneca para completar el desarrollo de una candidata líder a vacuna contra el COVID-19.

En abril de 2020, cuando la Universidad estaba desarrollando la vacuna, la institución publicó pautas (https://innovation.ox.ac.uk/technologies-available/technology-licensing/expedited-access-covid-19-related-ip/) para las organizaciones que quisieran obtener una licencia o acceder a la propiedad intelectual de la Universidad de Oxford relacionada con la pandemia de COVID-19. Cuando la Universidad anunció inicialmente que estaba avanzando con una candidata a vacuna, se había comprometido (https://khn.org/news/rather-than-give-away-its-covid-vaccine-oxford-makes-a-deal-with-drugmaker/) a trabajar de forma no exclusiva con múltiples socios y sin regalías para respaldar una vacuna que sería “gratuita, a costo, o a costo-más un margen limitado según corresponda” durante la duración de la pandemia. Luego, solo unas semanas después, se firmó un acuerdo en exclusiva entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford (https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/astrazeneca-and-oxford-university-announce-landmark-agreement-for-covid-19-vaccine.html); esto era incompatible con el compromiso de la universidad de ofrecer una licencia abierta, que podría haber permitido que otras empresas fabricaran la vacuna y ampliar el suministro. Este resultado se debe, en gran parte, a que Bill Gates había presionado a la Universidad de Oxford para que firmara un acuerdo exclusivo (https://www.bloomberg.com/news/features/2020-07-15/oxford-s-covid-19-vaccine-is-the-coronavirus-front-runner), limitando así la producción mundial de la vacuna para que pudiera llegar a más personas.

¿El resultado? El acuerdo ha otorgado a AstraZeneca un poder excesivo para fijar el precio de la vacuna en todo el mundo, incluyendo el poder unilateral para declarar el ‘fin de la pandemia’ en julio de 2021 (https://www.ft.com/content/c474f9e1-8807-4e57-9c79-6f4af145b686), liberando así a la corporación para en ese momento empezar a cobrar precios inasequibles aunque no se haya controlado el virus.

 3. Un matrimonio con las grandes corporaciones farmacéuticas

Sin transparencia y sin acceso abierto a la propiedad intelectual, la única forma de avanzar es dejar las decisiones en manos de las corporaciones farmacéuticas y de la Fundación Gates.

Así, en la Asamblea General de la ONU del 30 de septiembre de 2020, la Fundación y dieciséis empresas farmacéuticas anunciaron nuevos “compromisos” (https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/09/Commitments-to-Expanded-Global-Access-for-COVID-19-Diagnostics-Therapeutics-and-Vaccines) para ampliar el acceso global a las pruebas diagnósticas, vacunas y medicamentos COVID-19. La declaración, que las corporaciones farmacéuticas como Johnson & Johnson han descrito como un hito (https://www.jnj.com/latest-news/johnson-johnson-signs-communique-on-expanded-global-access-for-covid-19-vaccines ) es todo lo contrario.

Considere el mensaje que nos envía. Los gobiernos ya no son los responsables de orientar la forma de actuar de las corporaciones farmacéuticas, sino que ahora lo decide una única filantropía que solo rinde cuentas a sí misma. La ironía de la Declaración es que, si bien las corporaciones y la Fundación Gates piden que haya una representación diversificada de los gobiernos de PIBM en la toma de decisiones, la estrategia para el acceso global ha sido diseñada por una sola fundación y por las corporaciones farmacéuticas sin tal representación.

También intenta institucionalizar las prácticas comerciales inadecuadas de la industria farmacéutica, en particular el uso no regulado de la discriminación de precios (precios escalonados o diferenciados). Es decir, las corporaciones cobrarán precios diferentes dependiendo de indicadores de capacidad de pago inexactos y a menudo completamente inapropiados (especialmente en una pandemia), sin tener en cuenta la relación entre las ventas globales y los costos de desarrollo (ajustados por el riesgo y los subsidios recibidos). La promesa de asegurar los precios más bajos para los países de bajos ingresos significa que muchos países que tienen un nivel ligeramente más alto de Producto Interno Bruto per cápita (pero que luchan contra la deuda [https://www.theguardian.com/business/2020/aug/03/global-debt-crisis-relief-coronavirus-pandemic] y la devastación de su sistema de salud) se verán obligados a pagar un precio más alto, decidido unilateralmente por corporaciones armadas con monopolios. Esto tendrá un impacto significativo en la mayoría de las personas pobres, porque viven en países de ingresos medios (https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#:~:text=Middle%20income%20countries%20are%20home,major%20engines%20of%20global%20growth).

La Fundación omite exigir que las corporaciones farmacéuticas se comprometan con principios importantes, en particular la transparencia, según una resolución que los gobiernos aprobaron por consenso en la Asamblea Mundial de la Salud de 2019 (https://www.who.int/news/item/28-05-2019-world-health-update-28-may-2019#:~:text=The%20resolution%20urges%20Member%20States,chain%20from%20laboratory%20to%20patient), así como forjar el compromiso de las corporaciones para compartir la propiedad intelectual, la información y el conocimiento sobre las formas de hacerlo (know how) que han promovido muchos, incluyendo los 41 gobiernos que apoyan el C-TAP.

Finalmente, el plan de Gates no aborda la necesidad y los beneficios de desarrollar capacidad de manufactura en otros países, de modo que el mundo esté mejor preparado para lo que podría ser una lucha a largo plazo contra el COVID y futuras epidemias y pandemias. Esto significa que los gobiernos vulnerables, durante posteriores pandemias, pueden tener que seguir confiando en la caridad para los suministros y precios, tanto de la Fundación Gates como de las corporaciones farmacéuticas.

En septiembre de 2020, Bill Gates señaló en una entrevista en (https://fortune.com/longform/covid-vaccine-big-pharma-drugmakers-coronavirus-pharmaceutical-industry/): “La respuesta [de las corporaciones farmacéuticas] a la pandemia y este gran trabajo que la gente de la industria farmacéutica está haciendo nos ha recordado muchas de sus capacidades y cómo pueden ser útiles para el mundo, a diferencia de la imagen que se tiene de la industria como egoísta y poco colaboradora”.

Esta fe y creencia en las corporaciones farmacéuticas más grandes del mundo es difícil de entender. Incluso si todos creemos que estas corporaciones tienen un papel fundamental que desempeñar en el desarrollo de nuevas tecnologías, y en garantizar el acceso a dichas tecnologías, no somos tan ingenuos como para creer que por sí mismas tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que están respondiendo a las necesidades del público global. Pfizer, uno de los que firmaron la declaración de la Fundación Gates, puede ganar hasta US$3.500 millones, solo en 2021 por la venta de su vacuna COVID-19 (https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-could-haul-3-5b-2021-from-covid-19-vaccine-analyst). De hecho, justo cuando la Fundación Gates anunciaba su nueva asociación con corporaciones farmacéuticas en Nueva York, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE UU estaba celebrando sus propias audiencias en Washington DC (https://www.politico.com/news/2020/09/30/house-panel-drugmakers-inflated-prices-423644), a solo 200 millas de distancia, para dar a conocer una serie de prácticas atroces por parte de corporaciones farmacéuticas para cobrar en exceso a los pacientes, extender y abusar de los derechos de propiedad intelectual, pagar a los ejecutivos una compensación excesiva y evitar impuestos.

La forma en que la Fundación Gates financia a la sociedad civil durante la pandemia impide el debate real sobre decisiones difíciles

Hoy en día es normal escuchar cualquier debate sobre salud global y oír a la Fundación Gates en la voz de casi todos los actores “independientes”. Incluso si eventualmente la estrategia de la Fundación Gates podría preocupar, no hay un mecanismo para lograr que la Fundación rinda cuentas a las personas y países afectados por sus decisiones e influencia.

La Fundación Gates, hay que reconocerlo, es un importante patrocinador de la sociedad civil y de los que hacen abogacía. Pero esto también puede minimizar o evitar que las organizaciones no gubernamentales critiquen públicamente a la Fundación por temor a perder fondos o socavar la posibilidad de acceder a esos fondos en el futuro: algo fundamental en un entorno en que ha disminuido la financiación gubernamental a las ONG que hacen abogacía. La Fundación Gates también es una de las principales financiadoras del periodismo (incluido el periodismo para la salud y el desarrollo https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php), lo que plantea preocupaciones sobre la independencia de los medios de comunicación para investigar y evaluar las actividades de la Fundación.

La Fundación está financiando nuevas organizaciones y redes de la sociedad civil que pueden simplemente reflejar sus propias creencias o promover las opiniones de organizaciones no gubernamentales financiadas por la Fundación Gates, y que no desafían su visión del mundo con respecto a las corporaciones farmacéuticas. Al comienzo de la pandemia, por ejemplo, se creó una nueva red llamada Pandemic Action Network (https://www.companynewshq.com/company-news/pharmaceutical-company-news/global-advocacy-and-communications-effort-launched-to-drive-action-against-covid-19-and-stop-future-pandemics/), financiada en parte por la Fundación Gates y las compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson, para representar a la sociedad civil en el importante asunto de preparar y responder a una pandemia. Durante el anuncio de la Fundación Gates y dieciséis corporaciones farmacéuticas en la Asamblea General de la ONU en septiembre, el orador destacado de la sociedad civil fue el CEO de ONE Campaign, cuya organización ha recibido al menos US$135 millones de la Fundación Gates (https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Resources/Grantee-Profiles/Grantee-Profile-ONE).

La caja de resonancia de la Fundación Gates preocupa porque la salud internacional se ha transformado, hay menos activismo y defensa de los derechos humanos y más presentaciones con diapositivas en power point en las salas de conferencias en Ginebra y Seattle [sede la Fundación Gates]. La respuesta a la epidemia del VIH / SIDA siempre se ha centrado tanto en lo que se puede hacer a través de la ciencia, la tecnología y el dinero como en lo que se puede lograr a través de las comunidades y los grupos de la sociedad civil que presionan a sus gobiernos y corporaciones para que rindan cuentas de su apatía o de sus decisiones perjudiciales.

 Los activistas no pueden sentarse en la mesa

Los activistas experimentados en el acceso a medicamentos de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades afectadas han tenido dificultades para poder participar en el Acelerador de herramientas de acceso a COVID-19 ACT-Accelerator (https://www.who.int/initiatives/act-accelerator), una grupo compuesto por agencias de salud, asociaciones público-privadas y fundaciones que está impulsado en gran parte por la Fundación Gates. La falta de participación e inclusión de la sociedad civil y la comunidad en la toma de decisiones ha sido especialmente evidente en el “Pilar de las vacunas”, que gestionan principalmente Gavi y CEPI, dos asociaciones público-privadas que están estrechamente vinculadas a la Fundación Gates. Solo después de meses de insistencia persistente, Gavi y CEPI aceptaron a representantes de la sociedad civil, y querían controlar la selección de representantes.

Incluso los representantes de la sociedad civil que están integrados en ACT-Accelerator están teniendo dificultades para involucrarse en los niveles más altos de los pilares de pruebas diagnósticas y terapias, donde se toman decisiones y a menudo traen decisiones ya medio acordadas a las reuniones de trabajo. Por lo general, los proyectos desarrollados en ACT-A son los que han sido trabajados y promovidos por la Fundación Gates sin la participación de la sociedad civil ni de los gobiernos de los países en desarrollo. La reserva de capacidad de anticuerpos monoclonales descrita anteriormente es uno de esos proyectos de Gates.

 ¿Deberían los gobiernos ceder la gestión de una crisis a una fundación no elegida y que no rinde cuentas?

Incluso si hipotéticamente estuviéramos de acuerdo con algunos de los pasos que está tomando la Fundación Gates, cuestionamos el papel autoproclamado que la Fundación Gates ha asumido durante la respuesta a la pandemia. Muchas de las decisiones de la Fundación Gates y de las agencias de salud con las que trabaja excluyen a los países de ingresos bajos y medios, que en la respuesta a la pandemia se están quedando rezagados. Estos son los gobiernos donde la población ha recibido el 4% de las pruebas de diagnóstico que se ponen a disposición de las personas en los países ricos (https://ourworldindata.org/coronavirus-testing). Estos son los gobiernos que no han recibido asignaciones del remdesivir de Gilead (https://theconversation.com/the-us-has-bought-most-of-the-worlds-remdesivir-heres-what-it-means-for-the-rest-of-us-141791), una advertencia de lo que sucederá cuando se aprueben finalmente los medicamentos y las vacunas eficaces (datos de ensayos clínicos recientes indican que el remdesivir puede no aportar un beneficio terapéutico https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4057). Estos son los gobiernos que no han podido reservar vacunas, en cambio más del 50% de los suministros de vacunas COVID-19 han sido acaparados por gobiernos de países ricos con solo el 13% de la población mundial (https://www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-future-supply-leading-covid-19). ¿No deberían los países de ingresos bajos y medios tener más voz en la creación de la estructura para la respuesta global y en la elaboración de las políticas necesarias para abordar esta plaga viral?

El papel de la Fundación Gates y la falta de liderazgo de los gobiernos tendrán repercusiones más allá de la pandemia. Nos preocupa que los gobiernos donantes, en su mayoría no afectados por las prácticas de la Fundación Gates, estén dispuestos a permitir que la Fundación Gates invierta su dinero en la salud global y en otras prioridades de desarrollo, disminuyendo así la responsabilidad moral y financiera de los gobiernos donantes. También puede ser que el tamaño de la Fundación Gates, y todo el conocimiento y experiencia que ha acumulado’, así como sus inversiones en agencias de salud globales, la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas, logre que los gobiernos no se sientan capaces de desafiar la influencia de la Fundación Gates.

Los países en desarrollo ven a la Fundación como parte integral de la estructura de toma de decisiones en salud global por estas mismas razones, o pueden no desear desafiar la influencia predominante de la Fundación Gates. El resultado es un círculo vicioso de menor participación e inversión del gobierno en la salud mundial, lo que contribuye y lleva a que la Fundación intervenga e influya más, generando menor influencia y participación del gobierno.

 Conclusión: ¿podemos evitar los errores del pasado?

La pandemia de COVID-19 está diezmando los sistemas de salud, las economías y las comunidades de todo el mundo. Como la epidemia del SIDA, la COVID-19 está marcada por la injusticia que rodea el acceso a los medicamentos. Los países ricos y las organizaciones filantrópicas están pagando por la investigación y el desarrollo, y están utilizando sus inversiones para pasar por delante de otros y acumular nuevas vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas (https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x ). A cambio, estos mismos países están permitiendo que las empresas farmacéuticas controlen la oferta y el precio de la tecnología a través de los monopolios que les otorga la propiedad intelectual (https://www.ft.com/content/9ed5ca5e-9360-11ea-899a-f62a20d54625). Estas políticas están socavando cualquier posibilidad de ampliar la fabricación y el suministro de medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas de bajo costo que podrían salvar vidas y formas de sustentarse.

Es un momento propicio para crear un movimiento global más amplio capaz de detener la pandemia (https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2020/may/20200514_covid19-vaccine-open-letter), que permita compartir los medicamentos, las pruebas diagnósticas, las vacunas y otras tecnologías médicas de manera justa en todo el mundo. Es el momento de imaginar y construir un nuevo sistema farmacéutico que se base menos en la propiedad intelectual, los monopolios y el secreto, y más en que el acercamiento a la I + D en medicina esté impulsada por la salud pública, la apertura, la colaboración y el intercambio.

En el 2000, en el pináculo de la desesperación, cuando los medicamentos para tratar el VIH eran inasequibles y las corporaciones farmacéuticas bloqueaban su acceso, surgió un movimiento: compuesto por personas con VIH y SIDA, funcionarios gubernamentales y políticos de países en desarrollo, personas que defendían el acceso al tratamiento, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, trabajadores de la salud, abogados y académicos, para superar las limitaciones de un sistema farmacéutico basado en IP que dejaría a millones de personas sin medicamentos.

Gracias a los esfuerzos de este movimiento, la presión pública alentó a los países en desarrollo a utilizar las medidas legales para fomentar la competencia de genéricos para los medicamentos antirretrovirales, y obligó a las empresas farmacéuticas a dejar de interferir en los esfuerzos de los países en desarrollo para salvar vidas. En la actualidad, más del 90% de todos los medicamentos que se utilizan en los programas de tratamiento del VIH (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2891_How-many-people-living-with-HIV-access-treatment_en.pdf) que tratan a aproximadamente 25 millones de personas (https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet) son medicamentos genéricos de bajo costo, incluyendo los respaldados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Sin la competencia de genéricos, los medicamentos de bajo costo y una mayor financiación, la respuesta mundial al SIDA no habría sido posible.

En este momento, la Fundación Gates y sus fundadores son la fuerza más poderosa en la salud mundial. Como organización filantrópica, la Fundación Gates puede creer que lo máximo que podemos esperar de quienes tienen riqueza y poder es hacer cosas que tengan sentido para ellos, y no lo que deben hacer para promover la justicia en la salud global. Pero el tener tanta influencia y autoridad significa que la Fundación Gates no puede mantener la información en secreto, no puede preferir los monopolios a la competencia y no puede aplaudir a las corporaciones farmacéuticas en lugar de responsabilizar a esas corporaciones. Cuando la Fundación Gates se comporta de esta manera, permite que todas las demás partes, ya sean corporaciones o gobiernos, recurran a sus peores impulsos y prácticas, y a la vez atrapa a todos en un sistema farmacéutico que funciona mejor para las corporaciones farmacéuticas y los países más poderosos del mundo.

El mundo no puede confiar acríticamente en la voz y las ideas de los multimillonarios, que hicieron su propia fortuna a través de los derechos de propiedad intelectual, para sacarnos de esta pandemia. Aprendimos de la epidemia del VIH / SIDA hace veinte años y hasta el día de hoy, que solo si las personas de todo el mundo exigen que sus gobiernos rindan cuentas, exigen transparencia y se aseguran de que las corporaciones no puedan anteponer las ganancias a las personas, tendremos éxito durante estos tiempos extraordinarios.

Public Citizen dice que los ciudadanos tienen el derecho a conocer cómo se gasta su dinero y ha puesto un juicio al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) [Ministerio de Salud de EE UU]

HHS Must Release Billion Dollar Coronavirus Vaccine Contracts, Public Citizen Lawsuit Says

Public Citizen

Para conocimiento público inmediato, 15 de octubre de 2020

Traducido por Salud y Fármacos

Nota de Salud y Fármacos: los países de América Latina, en donde las empresas farmacéuticas están llevado a cabo ensayos clínicos de las vacunas, deben también exigir este conocimiento y establecer los beneficios que sus países obtendrán por la participación de sujetos de experimentación y los gastos que el gobierno y sus instituciones incurren en la implementación de los ensayos.

Nota de Prensa de Public Citizen (una organización sin ánimo de lucro de ayuda a la ciudadanía)

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE UU del Distrito de Columbia, impugna la retención de la información solicitada de acuerdo a la Ley de Libertad de Información (FOIA) por Public Citizen en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) de los registros del HHS relacionados con la Operación Warp Speed, la iniciativa de la administración Trump para acelerar el desarrollo de tratamientos y vacunas COVID- 19.

Operation Warp Speed, que está codirigida por el HHS, ha otorgado más de US$10.000 millones a empresas farmacéuticas. Los términos de estos contratos permanecen secretos. Public Citizen solicitó por primera vez los contratos de Operation Warp Speed ​​con AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y Regeneron, entre otros, en mayo de 2020. Los contratos podrían arrojar luz sobre cuestiones críticas como:

• ¿Se exigirá a las corporaciones farmacéuticas que establezcan un precio razonable para sus productos, o tendrán libertad para ganar lo que deseen a pesar de la enorme inversión pública?
• ¿Se mantendrá la tecnología financiada por los contribuyentes como secretos corporativos o puede el gobierno de los EE UU compartir tecnología con la Organización Mundial de la Salud para promover la investigación científica, acelerar la fabricación y terminar más rápidamente con la pandemia mundial?
• ¿Qué derechos mantiene el gobierno de Estados Unidos en las fábricas que está ayudando a construir?

“El éxito, el fracaso y los términos de los proyectos de Warp Speed ​​pueden determinar cuándo y bajo qué condiciones las personas que viven en EE UU reciben una vacuna segura y eficaz”, dijo Peter Maybarduk, director del programa Public Citizen’s Access to Medicines. “Los contribuyentes merecen saber lo que obtienen a cambio de sus miles de millones de dólares en inversiones. Los expertos en salud deberían poder evaluar si nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para poner fin a la pandemia”.

A principios de este año, Public Citizen trabajó con el grupo Knowledge Ecology International para exigir que el Departamento de HHS haga cumplir sus requisitos de divulgación de una empresa farmacéutica que desarrolla una vacuna COVID-19. En aquel momento, un líder de la Operación Warp Speed ​​respondió: “La confianza del pueblo estadounidense es vital en la respuesta de todo EE UU a la pandemia de COVID-19 en curso. Al reconocer esta importante relación, el liderazgo de… de la Operación Warp Speed ​​[está] comprometido a ser transparente con el pueblo estadounidense”.

La demanda se puede consultar aquí

(COVID-19 Crisis and WTO: Why India and South Africa’s Proposal on Intellectual Property is Important)
Ellen ’t Hoen, directora, Medicines Law & Policy
The Wire, 11 de octubre de 2020
https://thewire.in/law/covid-19-crisis-wto-intellectual-property-vaccine-public-health
Traducido por Salud y Fármacos

Compartir la propiedad intelectual salvará vidas. El éxito del programa C-TAP de la OMS dependerá del apoyo político que reciba.

El 2 de octubre, India y Sudáfrica enviaron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando permiso para que los países puedan suspender la protección de ciertos tipos de propiedad intelectual (PI) relacionados con la prevención, contención y tratamiento del COVID-19.

Los dos países proponen que esta exención dure hasta que se generalice el uso de la vacuna COVID-19 a nivel mundial, y la población mundial haya desarrollado inmunidad al virus.

Preocupa que el desarrollo y el acceso equitativo a la tecnología necesaria para luchar contra la pandemia, como las vacunas y los tratamientos, se vea limitado por las patentes y otras barreras de propiedad intelectual.

El órgano de la OMC que toma decisiones sobre propiedad intelectual, el Consejo de los ADPIC, se reunirá el 15 y el 16 de octubre para discutir este tema.

Las vacunas COVID-19 aún no existen. Actualmente hay 44 vacunas con las que se están haciendo ensayos clínicos en humanos. Once de ellos son de fase 3, la fase final antes de presentar la solicitud de comercialización para utilizar las vacunas en la población general, y cinco están aprobadas para uso temprano o limitado. El desarrollo de vacunas se está llevando a cabo mayoritariamente en los países de altos ingresos que albergan corporaciones farmacéuticas multinacionales. Estas corporaciones serán las responsables de la producción y distribución de las vacunas COVID-19.

Oxfam informó (https://www.oxfam.org/en/press-releases/small-group-rich-nations-have-bought-more-half-future-supply-leading-covid-19) que un pequeño grupo de países ricos que representan al 13% de la población mundial ha comprado más de la mitad del futuro suministro de las principales vacunas COVID-19. Este “nacionalismo de las vacunas” hace que los gobiernos más poderosos se coloquen al principio de la fila, y los que cuentan con recursos establecen compromisos de compra de vacunas que aún se están desarrollando.

AstraZeneca tiene los derechos exclusivos de una de las vacunas pioneras, que inicialmente desarrolló la Universidad de Oxford en el Reino Unido. AstraZeneca, a su vez, ha firmado acuerdos de sublicencia con varios productores para ampliar el suministro de la futura vacuna. Estos incluyen al Serum Institute en India, uno de los productores de vacunas más grandes del mundo, y a Fiocruz en Brasil, así como a varios productores en países de altos ingresos.

AstraZeneca se ha comprometido públicamente a suministrar estas vacunas a precios sin ánimo de lucro mientras dure la pandemia. Pero la semana pasada, el Financial Times informó que el acuerdo entre AstraZeneca y la Fundación Brasileña Fiocruz para la producción de una vacuna COVID-19 contiene una cláusula que permite que AstraZeneca comience a pedir un precio con fines de lucro a partir de julio de 2021. La falta de transparencia en los acuerdos de licencia para los productos utilizados para tratar COVID-19 es un verdadero problema. El hecho de que no se puedan escudriñar los términos y las condiciones que se han impuesto a las empresas de los países en desarrollo imposibilita, por ejemplo, que se pueda evaluar dónde o bajo qué modelo de precios estas empresas podrán vender sus productos.

Los investigadores también están desarrollando nuevas terapias. Cuando estos medicamentos se comercialicen, se deberán utilizar en las personas que desarrollen COVID-19. Actualmente, uno de los pocos medicamentos para COVID-19 es el Remdesivir de Gilead, desarrollado inicialmente para el tratamiento del Ébola. La FDA y la EMA autorizaron el uso por emergencia del Remdesivir para el tratamiento de COVID-19. Sin embargo, la compañía vendió toda su producción al gobierno de EE UU, y el resto de los países se tienen que pelear para satisfacer sus necesidades. Una excepción es Bangladesh, donde la ausencia de patentes de Remdesivir permitió la fabricación y el suministro de genéricos para el sistema de salud pública. Gilead también ha otorgado licencias de sus patentes de Remdesivir a fabricantes de genéricos en India, Pakistán y Egipto, para que suministren a 127 países. Fuera de estos territorios, donde a menudo las patentes son válidas hasta 2035, los países deben resolver problemas de escasez. Por ejemplo, los titulares de prensa en los Países Bajos hablan de la escasez de Remdesivir.

Con estos ejemplos en mente, no debería sorprendernos que los países en desarrollo estén buscando formas de disminuir su dependencia de la producción de medicamentos y vacunas en los países ricos. Y una menor dependencia requerirá lidiar con la propiedad intelectual que otorga a los países ricos el dominio absoluto sobre estos productos nuevos y sobre otros posibles productos.

La propuesta de exención que se discutirá esta semana en el Consejo de los ADPIC tiene precisamente ese objetivo, eliminar las barreras que plantean las patentes y otras formas de propiedad intelectual a la producción y distribución local de productos genéricos y biosimilares.

La propuesta recuerda la discusión que se dio en el Consejo de los ADPIC durante el punto álgido de la crisis del VIH, cuando Zimbabwe, en nombre de los países africanos, dijo a los miembros de la OMC que la organización ya no podía ignorar el tema del acceso a los medicamentos, “un tema que se estaba debatiendo activamente fuera de la OMC, no dentro de ella”.

Los debates que siguieron en el Consejo de los ADPIC llevaron a la adopción de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública en noviembre de 2001, que dio un impulso a las flexibilidades contenidas en el Acuerdo ADPIC. Consecuentemente, los países se sintieron alentados a utilizar medidas como la concesión de licencias obligatorias de las patentes de medicamentos para poder adquirir o producir los medicamentos antirretrovirales genéricos necesarios para el tratamiento de las personas que viven con el VIH.

En 2001, la propuesta de los países africanos de abordar los problemas de propiedad intelectual relacionados con la crisis del acceso a los medicamentos contra el VIH fue inicialmente rechazada por los países ricos, que afirmaron que esas discusiones pondrían en peligro la sólida protección de patentes que se requiere para fomentar la innovación. En la situación mundial actual, dominada por el COVID-19, se ofrecerán esos mismos contraargumentos. Sin embargo, varias cosas han cambiado.

En primer lugar, los gobiernos de todo el mundo están asumiendo el riesgo financiero de desarrollar nuevas tecnologías sanitarias y, en particular las vacunas, ya que están invirtiendo miles de millones de fondos públicos en investigación y desarrollo. El rastreador de recursos que ha comprometido la Unión Europea para acceder a las pruebas, tratamientos y vacunas asciende hoy a 16.000 millones de euros. Por lo tanto, el argumento que se escucha con frecuencia de que los derechos de monopolio son necesarios para que el inventor recupere su inversión parece no aplicarse.

En segundo lugar, en comparación con los medicamentos contra el VIH, las vacunas y los medicamentos biológicos que se están desarrollando para COVID-19 son productos complejos y más difíciles de replicar que las moléculas pequeñas, si no hay transferencia tecnológica. La ampliación de la producción de vacunas y otros productos biológicos requiere más que la mera transferencia de patentes. Implica la transferencia de tecnología, datos, conocimientos técnicos y líneas celulares.

Iniciativa C-TAP
Es por lo que el 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el establecimiento del Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP). C-TAP se creó para recopilar patentes y todas las demás formas de protección de la propiedad intelectual, como conocimientos técnicos, datos, secretos comerciales y software, y para ayudar en la transferencia de la tecnología que se necesita para ampliar el desarrollo y la producción de las nuevas tecnologías que se requieren para responder a la pandemia. C-TAP es un mecanismo voluntario y no puede obligar a quiénes poseen los derechos y el conocimiento a colaborar. Pero como hemos visto con el Medicines Patent Pool (MPP), se les puede persuadir. En la actualidad, el MPP tiene las licencias de toda la propiedad intelectual de los tratamientos recomendados por la OMS para el VIH.

El éxito de C-TAP dependerá del apoyo político que reciba. Hasta el momento, 40 países han respaldado la iniciativa. Pero la persuasión deberá provenir de los gobiernos e instituciones que invierten sus recursos públicos en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, quiénes pueden exigir a sus destinatarios que compartan con el C-TAP de la OMS la propiedad intelectual y el conocimiento que generen con esos fondos.

Desafortunadamente, a pesar de grandes promesas de que la vacuna se consideraría un bien público mundial, las naciones ricas no lo están exigiendo. Por lo tanto, es comprensible que los países en desarrollo también estén considerando medidas no voluntarias como la propuesta de una exención temporal a ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de COVID-19. Sin duda, esto se enfrentará a la oposición de los países ricos y de las compañías farmacéuticas. Pero aquellos países y empresas que se niegan a que el C-TAP de la OMS sea un éxito mientras les dicen a los países en desarrollo que no tienen derecho a tomar medidas para proteger la salud pública en medio de una crisis sanitaria mundial no son creíbles.

En los siguientes enlaces podrán encontrar una actualización al estudio
COVID-19 y remdesivir: la construcción de un éxito de ventas durante una pandemia
Ugalde A, Reyes A, Saiz Fernández LC, Homedes N

https://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/ago202003/19_co/

https://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/ago202004/01_co/

No se han modificado las versiones en pdf